En los últimos meses, la discusión en torno a una nueva política sobre las drogas en México ha generado gran expectación. No sólo por las implicaciones políticas de esta iniciativa, sino también porque reabre un debate inconcluso aún, en donde están inmiscuidos millonarios intereses.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Jueves 5 de mayo de 2016
Ciento cincuenta mil muertos es la cifra estimada dejada por la “guerra contra el narcotráfico”, impulsada desde 2006 por el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón a la cabeza del Ejecutivo y la cual fuera continuada por el Partido de la Revolución Institucional, con Enrique Peña Nieto al frente. El país se tiñó de verde con la militarización y de rojo con el asentamiento del Ejército y la Gendarmería Nacional en distintos puntos del país. Tortura. Desapariciones Forzadas. Ejecuciones sumarias. Feminicidios.
Luego de 10 años de violencia implacable, algunos medios, intelectuales y ONG’s han “declarado” el fracaso de la “guerra” (investigaciones de medios como Vice News han señalado que México se ha convertido en el tercer productor de heroína en el mundo y en el principal proveedor de Estados Unidos). La revista empresarial Forbes México comenzó a dar cabida a opiniones a favor de la legalización y a principios del mes pasado, el panista Roberto Gil, presidente del Senado de la República, propuso la creación de una entidad paraestatal que controle el mercado de marihuana en México. Esto luego de sumarse a las voces que aseguran que la “guerra” fue fallida. Esta iniciativa tiene por nombre Ley General de Control de Cannabis.
En días recientes Enrique Peña Nieto sorprendió por su posición frente a las drogas ante la ONU y, sin embargo, apenas este miércoles el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México negó un amparo que pretendía obtener un permiso para fumar marihuana con fines lúdicos. Y es que la línea es muy clara: el discurso oficial ha hablado de legalización para investigación científica y posibles usos médicos. Sin embargo, el libre desarrollo de la personalidad y, más aún, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, no tiene relevancia para los poderosos, esos cuyas mujeres no morirán en un aborto clandestino y cuyos jóvenes no vivirán en las cárceles o en la precarización, víctimas del desempleo y la falta de oportunidades.
¿Legalizar para quién?
Mientras la supuesta “guerra contra el narcotráfico” ha dejado miles de muertos y la criminalización de las drogas tiene presos a cerca de 160 mil jóvenes (según han señalado investigadores como Juan Ramón de la Fuente), la legalización de las drogas sigue discutiéndose en términos de costo-beneficio a favor de unos cuantos.
En México, la empresa española Almirall era quien comercializaba con un fármaco cuyo activo radicaba en el cannabidol y se usa actualmente para el tratamiento de casos de dolor crónico. Hace poco menos de dos meses, Almirall traspasó el 100% de las acciones de su filial mexicana al Grupo Grünenthal, en un negocio de aproximadamente 30 millones de euros. Este Grupo es una empresa alemana farmacéutica y de investigación con presencia en 32 países y ganancias por 1.2 mil millones de euros (en 2015).
La cannabis sativa contiene más de 400 productos químicos y más de 60 cannabinoides, de los cuales el delta-9-tetrahidrocannabinol es el más abundante y más activo biológicamente. Si en algo hay consenso entre la comunidad científica en torno al tema de las drogas es que la prohibición ha sido uno de los principales impedimentos para la investigación, no sólo en cuanto a sus usos médicos y terapéuticos, sino también del impacto social que tiene su consumo y criminalización. En México se producen 16 mil toneladas de marihuana, de la cual el 80% se exporta a EE.UU.
A nivel mundial, las drogas generan 500 mil millones de dólares al año, mientras que en países de América, hacia 2015, las drogas generaron un ingreso por 150,000 millones de dólares, según datos de la PGR, la SSP, la DEA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito.
La ilegalidad de las drogas es un negocio del que se han beneficiado no sólo los directamente implicados en su traslado y comercialización, sino quienes han facilitado su ingreso al país, su siembra, su almacenamiento. La prohibición es una de las muestras más claras de los mecanismos estatales de dominio sobre los individuos por medio de relacionar el consumo de determinadas sustancias con el crimen o con algún tipo de enfermedad. La guerra contra las drogas es una política implementada por los Estados para fortalecer sus aparatos represivos y para el desarrollo de políticas reaccionarias como el Plan Cóndor o como la misma “guerra contra el narco” y operativos como el “rápido y furioso”.
Como decimos en esta nota, los modelos de militarización implementados en estas “cruzadas antidroga”, así como los servicios de inteligencia desplegados, aumentan el poder y alcance de las fuerzas represivas que después son usadas para controlar a jóvenes y a trabajadores.
En la próxima discusión en torno a la Constitución de la Ciudad de México, el tema de la legalización será uno de los más interesantes en la agenda. La fórmula número 5, integrada por los maestros Sergio Moissen y Sulem Estrada, propone la legalización de las drogas bajo dominio estatal y porque se garanticen políticas de salud que no criminalicen a los consumidores, que controlen la calidad de las sustancias psicoactivas y por acceso a información y atención de calidad.
Hagamos que nuestra voz se escuche. Hoy más que nunca, #LaHistoriaEsNuestra.
