El 26 de septiembre del año 2014 ocurrió uno de los crímenes de estado más terribles de la historia de México. A propósito de ello surgió el Grupo de Investigación de Expertos Independientes (GIEI), que acaba de presentar su tercer informe.
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Lunes 28 de marzo de 2022
La masacre de Ayotzinapa fue sin duda una de los peores acontecimientos represivos de la historia de México. Algunos la han comparado con la masacre de los estudiantes de 1968 en Tlatelolco, con la masacre de Acteal en Chiapas, con el Halconazo. Ese día, 26 de septiembre, fue asesinado Julio César Mondragón: su cuerpo fue tirado en la carretera con el rostro completamente deshoyado y fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
El gobierno creó una mentira histórica
Este lunes 28 de marzo el GIEI presentó su tercer informe ante los padres de los 43 desaparecidos, organizaciones de derechos humanos y la prensa. Destaca un informe detallado de como la marina, el ejército y el propio gobierno crearon la mentira histórica sobre los 43.
En 2014 el gobierno de México inventó la mentira de que los 43 fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula; el responsable fue, según la falsa historia, el crimen organizado. Con el paso de los años, el GIEI ha evidenciado que es una mentira histórica. Todo se trató de un montaje para dar carpetazo al caso, garantizar impunidad a los mandos del ejército y la marina que estaban involucrados y desactivar al movimiento por la presentación de los desaparecidos.
El gobierno necesitaba ocultar la verdad: quitar responsabilidad a las propias insitituciones de uno de los crímenes de estado más atroces de los tiempos presentes.
De acuerdo con el GIEI: “Un grupo de alrededor de 12 personas, presumiblemente elementos de la Secretaría de Marina, participan al menos de 6h 39 am(sic) hasta la llegada de la comitiva del procurador Murillo Karam (a las 8:28 horas), en una acción de la que no existe registro alguno, información previa ni constancia de su realización en la averiguación previa e investigación del basurero de Cocula”. Es decir: marina y ejército llegaron a Cocula a montar el espectáculo de la verdad histórica antes de la conferencia de prensa en la que Murillo Karam mostrara la tesis de la incineración de los cuerpos en el basurero.
El informe detalla de los supuestos detenidos por el caso sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos: hubo tortura omisa por los ministerios públicos. Escandaloso: la llamada con la que se detuvieron a los primeros detenidos ni siquiera existió.
El montaje creado desde el propio gobierno, involucró al ejército, a la marina, a la secretaria de gobernación, a los agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales, ministeriales de la PGR, así como elementos de la Policía Federal y del Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen).
Dice el informe: “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior que se tiene que investigar si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación, como parte de la verdad que puede ayudar a tener claridad sobe los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.
¿Qué sigue?
La desaparición forzada de los 43 generó un movimiento democrático histórico que exigía la presentación con vida de los estudiantes. Generó protestas masivas en casi todo México: el momento más alto de la movilización fue el 20 de noviembre cuando más de 100 mil personas abarrotaron el Zócalo de la Ciudad de México y el gobierno en turno, el de Enrique Peña Nieto, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de ese entonces, Miguel Ángel Mancera, desplegaron una represión con policías federales.
Para profundizar en el tema: Ayotzinapa y crisis orgánica: un balance necesario
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Hoy los principales responsables de la masacre y desaparición de los 43 siguen impunes. La presentación del informe del GIEI demuestra, dentro de muchas otras cosas, que el ejército y la marina son instituciones que estuvieron involucradas de forma directa de la desaparición de nuestros compañeros, y aunque el actual gobierno de México se muestre como progresista y de izquierda, además de afirmar que lucha contra la impunidad, es una realidad de que aún el caso sigue impune.
Al contrario de lo propuesto por AMLO en campaña (en el sentido de que se desmilitarizaría el país), la realidad es que el ejército sigue sin ser investigado a pesar de que dicha institución está implicada en cientos de casos de violaciones de derechos humanos.
Hoy más que nunca es necesario construir un movimiento amplio, democrático e independiente que en las calles exigamos la presentación de todos los desaparecidos (más de 30 mil según cifras de la propia Secretaria de Gobernación) y la desmilitarización del país.
