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Red Internacional
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Impunidad Policial. Mario Rozas: Cuando la impunidad tiene rostro y nombre

El 21 de diciembre del 2018 asumió en su cargo el actual General de Carabineros Mario Rozas como máxima autoridad de la institución más desprestigiada del país, Carabineros de Chile. Más de la mitad de su mandato ha transcurrido de polémica en polémica, marcado sobre todo por el actuar de las policías en los reiterados casos de violaciones a los derechos humanos, en el marco del estallido social de octubre del 2019. Sin embargo, a pesar de los numerosos escándalos y de las múltiples renuncias de los ministros del interior por temas de seguridad, Mario Rozas, en total impunidad, se mantiene en su puesto.

Domingo 8 de noviembre de 2020

En diciembre del 2018 y luego de la bullada salida de Hermes Soto por el asesinato por parte de la policía al comunero mapuche Camilo Catrillanca, Sebastián Piñera, anuncia con bombos y platillos como nuevo director general de carabineros a Mario Rozas, quien aún al día de hoy desempeña sus funciones en el cargo, a pesar de las solicitudes de renuncia de sectores de la oposición y los escándalos de los cuales Carabineros de Chile ha sido protagonista.

Escándalos, privilegios y violaciones a los derechos humanos.

Desde asumida la jefatura de carabineros por Mario Rozas, múltiples y aberrantes escándalos se han posado sobre la institución de Carabineros de Chile, tres ministros del interior han renunciado, todo esto sobre la total impunidad del actuar de carabineros y su General en Jefe, aquí repasamos algunos de esos hechos.

  • Violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social: Asesinatos, violaciones sexuales, mutilaciones oculares y hasta empujar a niños de los puentes es lo que la policía ha desarrollado desde octubre del 2019, los casos más escandalosos corresponden a la pérdida de visión total de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, acompañado del menor de edad Anthony Araya quien fue empujado de un puente por el policía Sebastián Zamora. A mediados de octubre, Hernán Larraín como Ministro de Justicia, y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, entregaron al director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Micco, un informe sobre los “avances” del gobierno respecto a violación de los derechos humanos desde octubre del año pasado a la fecha. En este informe se señala que Carabineros inició 1.270 sumarios, donde sólo 156 continúan en investigación y 1.033 policías ya fueron sobreseídos, lo que significa que el 86% quedó sin sanción alguna.
  • A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer": Con esta frase Mario Rozas aseguraba la impunidad en el actuar de carabineros. Aconteció a un mes del estallido social, cuando en un audio filtrado el mismo general en jefe de Carabineros aseguraba a sus subalternos que nadie sería procesado precisando que: "Hay algunas cosas que les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. Cómo lo demuestro. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer". Esto luego de las múltiples denuncias a la institución por los abusos y vejámenes desarrollados por sus funcionarios.
  • Amnistía Internacional pide investigar a altos mandos de Carabineros por violaciones a DD.HH: En “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, la organización analiza la actuación de oficiales de Carabineros entre el 18 de octubre y 30 de noviembre de 2019 y concluye que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal de las y los manifestantes de manera generalizada, debido a que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas, se solicita investigar a los altos mandos, a lo que Mario Rozas baja el perfil aludiendo al “combate contra la violencia” y negando totalmente las reiteradas violaciones a los derechos humanos en Chile.
  • Academia de Ciencias Policiales con el nombre de Rodolfo Stange: Fue iniciativa de Mario Rozas, general director de Carabineros, de bautizar la Academia de Ciencias Policiales, con el nombre del ex director Rodolfo Stange quien fue integrante de la Junta Militar entre los años 1985 y 1990. Dentro de los proceso judiciales por los que se investiga a Stange se destaca la acusación por el incumplimiento de deberes en el “Caso degollados”, el que ocurrió en 1985. Desde la institución se justifican indicando que “no hay ninguna condena al respecto”. Así funciona el lavado de imagen en este país.
  • Paco Leaks: Luego de acontecido el estallido social, un ataque cibernético golpeó los servidores de la policía nacional, dejando al descubierto una serie de documentos que evidenciaban el seguimiento y espionaje a diversas organizaciones y activistas de causas sociales. Entre los documentos se encontraron informes de “seguimiento” a diversas actividades de movimientos sociales, sindicatos y dirigentes medioambientales, catalogadas con el título de “estado de alerta en octubre”.

Impunidad y respaldo del gobierno:

Luego de la renuncia de Víctor Pérez, en el marco de una acusación constitucional en su contra, la designación de un nuevo ministro del interior no se hizo esperar. En su reemplazo entraría Rodrigo Delgado, quién como primera medida, y escudados bajo la “reestructuración de carabineros”, anunció un refuerzo a las policías existentes con más inteligencia y modernización. Misteriosamente el alto mando de la institución más desprestigiada del país sigue en su puesto y a modo de premio en la reestructuración del alto mando de carabineros se encuentra como segundo mando Ricardo Yáñez, ex jefe de Orden y Seguridad, quien era el encargado de los procedimientos realizados en la calle durante todo el estallido social.

Es así como la impunidad en la que descansan todas las policías son fuertemente respaldadas por el Gobierno de Sebastián Piñera, quien mientras levanta montajes, apresando y procesando a la juventud que salió a luchar, permite a destajo la violencia sistemática y reiterada de las fuerzas de orden del país. Entre tanta impunidad no es de sorprender que según datos entregados por la última encuesta Cadem, solo el 13% de la población piense que la policía actúa con ética y transparencia. En el país donde el el “apruebo” para terminar con la herencia de la dictadura llegó casi al 80% no es de sorprender que la población aborrezca a tan impune institución. Ante tanto problema y cuestionamiento, ¿el camino cuál es?

Disolver carabineros, el único camino realista…

Disolver a carabineros -lo que implica desarmarlos y privarlos de sus recursos materiales- es, sin duda, un objetivo muy deseable. La simple existencia de esta institución implica que la integridad física y la vida están en peligro, sobre todo cuando uno se manifiesta, cuando uno es huelguista, mapuche, mujer, joven o pobre.
Compartimos la postura de que hay que privar de las armas y recursos a los carabineros, consideramos necesaria la lucha por la disolución de esta institución nefasta. Pero a diferencia de quienes sostienen que eso será posible confiando en los mecanismos normales del proceso constitucional, sostenemos que la disolución de la policía solamente será posible si los trabajadores y los sectores populares desarrollan sus métodos de lucha de clases como la huelga general, sus propios organismos de lucha y su propio poder.

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