La Izquierda Diario entrevistó a Martín Armada, editor general de la Revista THC.
Domingo 3 de mayo de 2015
¿Qué expectativas tenés de cara a una nueva marcha mundial de la Marihuana? ¿Cuáles creen que son las demandas centrales?
La demanda central es que el Estado se haga cargo de una deuda histórica que tiene con los usuarios de drogas y los cultivadores de cannabis para consumo personal, que reforme una ley que garantizó su persecución, abandono y encarcelamiento. En el caso del cannabis estamos hablando del universo de usuarios de drogas ilegales más importante cuantitativamente.
Además se exige la atención a los usuarios medicinales de cannabis quienes, mientras sufren y/o desafían la ley, no tienen la posibilidad de acceder de manera racional, regulada y segura a lo que para ellos es una verdadera medicina. La convocatoria es clara: Basta de presos por cultivar, regulación del cannabis ya. Las expectativas siempre son muchas. En principio no perdemos la confianza en que la movilización masiva es esencial para hacer visible la necesidad de un cambio urgente de políticas.
¿Qué opinás de la actual Ley de drogas (27.737)?
Es un fracaso. Agravó de forma dramática todos los males que, supuestamente, pretendía combatir. El consumo de drogas ilegales aumentó y con ello muchos problemas sanitarios asociados a la sustancias adulteradas a la medida de un mercado ilegal, a su vez el narcotráfico terminó desarrollándose de manera robusta y compleja en un entramado donde fuerzas de seguridad y crimen organizado van de la mano. Por otra parte, la situación de colapso del sistema penitenciario y judicial es sólo en parte entendible a partir de una ley de drogas que privilegió siempre las detenciones y penalizaciones masivas de "perejiles".
En un marco donde varios países comienzan a discutir la criminalización del consumo de marihuana, con casos como Uruguay o Chile; ¿por qué crees que en Argentina ese debate no está en agenda?
Porque la derecha y la izquierda argentina son, en esencia, conservadoras en lo que respecta a las drogas ilegales. El sistema prohibicionista se instaló como parte de un acuerdo impulsado por Estados Unidos y acompañado con firmeza por la que fue la Unión Soviética. El discurso sobre las drogas prohibidas y su consumo, en ese sentido, es incómodo para la política independientemente de su decodificación ideológica.
En lo que respecta a la coyuntura, a falta de consensos (como podemos ver en Chile y algunos estados de Estados Unidos) es necesario un enorme capital político (como lo que vimos en Uruguay) para llevar adelante una reforma en políticas que no sólo generaron un sentido común prohibicionista, sino una maquinaria burocrática más que aceitada. Esas vías no se ven con claridad en Argentina, al menos no por ahora, pese a que contamos con un nivel de movilización que excede por mucho el promedio del resto del continente.
¿Considerás que se debería despenalizar o legalizar? ¿Por qué?
Creo que la salida a esa falsa dicotomía es la regulación. Es decir, en inicio cambiar el estatus legal del cannabis, acompañando esa modificación de políticas públicas comprometidas con un mercado regulado en el que sea posible llevar adelante una cultura de consumo responsable. Ahora bien, si bien la legalización en términos de libre mercado no es la mejor salida, la prohibición es un sistema a todas luces ignominioso. Queda en la discusión política dentro de cada país promover salidas más humanas y equilibradas. Ahí están los ejemplos de Uruguay y de algunos estados norteamericanos: proponen el final de la prohibición, pero promueven escenario donde el papel del Estado es profundamente diferente.
¿Qué podés decir del rol de los funcionarios públicos (jueces, políticos con cargos ejecutivos, etc) y de la policía en lo que hace al funcionamiento del narcotráfico? ¿Es de participación directa, omisión o combate?
Nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona el narcotráfico en Argentina. Nadie ha hecho un trabajo sistematizado y pormenorizado. Sí se puede afirmar que no somos México, tanto por las características de nuestros actores como por nuestra ubicación geográfica y las posibilidades de llevar adelante la producción de drogas ilegales.
En Argentina el narcotráfico es una red en la que se mezclan fuerzas de seguridad (que regulan el mercado ilegal, que son el Estado en ese terreno criminal), crimen organizado (bandas comunes que vieron en las drogas ilegales la posibilidad de obtener enormes ganancias y que están a cargo de la distribución, venta y, en algunos casos, producción) y clase política (que no tiene una participación directa de manera masiva, pero permite ese ejercicio ilegal de las fuerzas punitivas a cambio de paz territorial).
Por su parte, los funcionarios de la Justicia que defienden el esquema actual, a grandes rasgos, lo hacen por una convicción punitiva o porque encuentran en la ley de drogas una herramienta para mostrar fácilmente resultados y, por ende, lucir un desempeño "ágil", lo que garantiza perdurabilidad y ascensos en el mundo judicial. El argumento del narco estado no sólo falta a la verdad sino que imposibilita reclamarle a la política un cambio que, de hecho, está a tiempo de hacer.
