Pasó más de un lustro desde la sanción de la ley audiovisual por el Congreso. Los objetivos inclusivos de esa norma fueron postergados por una política de comunicación que priorizó en el discurso la guerra con el grupo Clarín y, en los hechos, posicionó a otros grupos concentrados en la disputa por la rentabilidad del sector, como Telefónica, Fintech o Cristóbal López.
Sábado 18 de abril de 2015
¿Cuáles son los objetivos inclusivos de la ley audiovisual que motivaron que numerosos sectores políticos y sociales apoyaran el reemplazo del marco normativo anterior (originado en un decreto dictatorial de 1980)? La reserva de un 33% de las frecuencias para estimular el acceso de medios “sin fines de lucro” a licencias audiovisuales; los límites moderados a la concentración del mercado; las exigencias de producción local e independiente; y el mandato de no gubernamentalización y pluralismo para los medios del Estado.
A menos que el fanatismo anegue el análisis, en cualquiera de los ejes señalados se reconocerá que la política aplicada por el gobierno registra mucho más incumplimiento que respeto por el texto de la ley audiovisual. El grupo Clarín detuvo la implementación de pocos pero fundamentales artículos de la ley hasta que en 2013 la Corte Suprema de Justicia validó su constitucionalidad. Pero el proceso de adecuación de este multimedios, declarado “de oficio” por el gobierno en 2014, volvió a judicializarse en un ejemplo de uso de la institucionalidad jurídica para una controversia que beneficia a ambos (gobierno y Clarín).
Hoy el sector audiovisual está, al menos, tan concentrado como en 2009. Cambiaron, sí, algunos nombres. Por ejemplo, Daniel Hadad fue sustituido por Cristóbal López (quien, además, ensanchó el multimedios con Radio 10 y C5N como cabeceras, al comprar Ámbito Financiero e Ideas del Sur). El grupo Clarín crece en el mercado del cable, donde ostenta posición dominante e incrementa año tras año su facturación. Telefónica fue indultada de la incompatibilidad legal múltiple en la que incurre al gestionar, a través de la marca Telefe, una gran cantidad de canales de tv en el país. Al real dueño de la licencia de Canal 9, Ángel (a) El Fantasma González, se le admitió la operación de la emisora a través de una figura fronteriza con el testaferrismo.
En diciembre último el oficialismo certificó su abandono del objetivo desconcentrador que inspiró la ley audiovisual con la sanción de la ley “Argentina Digital”. Esta habilita la apertura del sector audiovisual a las telefónicas, con un modelo de mercado convergente, concentrado y extranjerizado.
(*) Investigador, profesor universitario y periodista, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador del CONICET. Con varios libros publicados, también es especializado en el estudio de los sistemas de medios de comunicación en América Latina y en los procesos de concentración de estos medios, así como en la evolución convergente de las tecnologías de la información y la comunicación.
