Economia. Martín Guzmán y la gestión de la miseria versión 2.0

¿Cómo entender las medidas improvisadas, y hasta zigzagueantes, del Gobierno nacional en materia económica y sanitaria?

El año 2021 está atravesado por una tensión entre la tríada: elecciones, pandemia y ajuste. En ese tironeo se mueve el estrecho marco de política económica de Martín Guzmán, definido bajo el factor común de la negociación de la deuda y las condiciones que impone el FMI.

Empezando por el año electoral, luego de un enorme deterioro social, el Gobierno necesita (y promete) mostrar alguna mejoría en el bolsillo de amplias franjas sociales golpeadas por crisis, en un país con 42 % de pobres, desocupación de dos dígitos y caída estrepitosa de ingresos de los asalariados desde hace años.

Pero, por el otro lado, el equipo de Fernández se encuentra con que para cumplir con su objetivo de renegociar la deuda del macrismo (que no se propone cuestionar) deberá encarar una serie de objetivos impuestos por el organismo: la más inmediata e importante para los estándares del Fondo es achicar el déficit fiscal. Allí aparece la segunda dimensión, la del ajuste.

Aunque, además de esta exigencia, los objetivos de fondo incluyen también reformas estructurales ligados al plan de Guzmán de alcanzar un acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años.

La apuesta de Fernández para este año fue entonces que llegue alguna mejoría económica a las familias trabajadoras de la mano del rebote económico, luego del hundimiento de la actividad del año pasado. De allí su política del “siga siga” de la economía, a pesar de las advertencias de un rebrote de la pandemia, aguantando hasta último minuto para implementar algunas restricciones a la actividad, hasta que ya no fue sostenible.

Y acá viene la tercera pata de esta tríada: la pandemia del covid-10. El Gobierno necesita que la misma no limite el ya limitado crecimiento de la actividad en comparación con el piso bajo del que se viene.

Porque cuanto más el rebrote del Covid (o la segunda ola) impacte en los niveles de actividad, más se requerirá de la ayuda fiscal para contener el malestar social y los niveles intolerables de degradación de las condiciones de vida, y eso tensionará más los marcos del acuerdo con el FMI.

De manera que en esta compleja relación entre elecciones, pandemia y ajuste (FMI), se encuentre el trasfondo de las tibias e improvisadas medidas de contención que hemos visto en los últimos días (restricción de la circulación y clases en AMBA, bono de 15 mil pesos para titulares de AUH y Asignaciones Familiares de monotributistas A y B).

¿No hay ajuste?

Una de las patas de esta tríada es el ajuste. Los datos al respecto son contundentes. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso, en los primeros tres meses del año 2021 el gasto en prestaciones sociales (958.224 millones) cayó 8,3 % en relación al mismo período de 2020.

Las jubilaciones y pensiones ($ 662.011 millones), registraron una reducción de 10,5 % interanual (o de 7,5% incluyendo el bono de enero). En el primer trimestre del año cayeron frente a inflación acumulada (13 %) tras haber tenido un aumento en marzo de 8,07 % con la nueva fórmula de movilidad previsional. Esta fue votada por todo el arco progresista como el salvaguardas de los haberes a la par que se opusieron a incorporar una cláusula que proteja los haberes frente a la inflación.

Por su parte, la partida en Asignaciones Familiares y por Hijo sufrió una disminución de 15,5 % en términos reales, también en el primer trimestre de 2021.

Desde el Gobierno afirman que la baja en el gasto en prestaciones sociales se compensa con otros programas, pero estas partidas representan una pequeña parte de lo recortado. Como explica Matías Hof en este medio, al programa Potenciar Trabajo se destinó $ 31.912 millones y a las Políticas Alimentarias $ 29.251 millones, al REPRO II $14.012 millones y al Salario Complementario en el marco del AETP $ 10.296 millones. Los cuatro sumados no llegan a igualar una sola de las rondas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgadas durante el 2020 y que fue eliminado para 2021.

La ejecución del Presupuesto deja en evidencia también dónde están las prioridades. Si en el primer trimestre del año la relación entre lo invertido en Salud y en Servicios de Deuda era de 1 a 1,33, dos semanas más tarde esa relación se amplió a 1,5 pesos en deuda por cada peso invertido en Salud. Esto significa que al 21 de abril para la deuda se destina un 50 % más que al gasto en Salud, en el marco de la segunda ola pandémica.

No caben dudas de que sigue en curso un ajuste. Mientras el Gobierno recorta el gasto, está en franca mejoría la recaudación: ayudada por la inflación que permite aumentar lo ingresado por impuestos regresivos al consumo, como por la buena suerte transitoria de contar con una soja tocando récords de 550 dólares la tonelada. Por su parte, el incremento en la liquidación de divisas le está permitiendo al Banco Central ir juntando levemente mayor volumen de reservas para consolidar la posibilidad de pagar deuda a futuro.

Pero el ajuste no es sólo fiscal, sino también de los salarios. Guzmán dijo que este año los salarios le van a ganar a la inflación, pero el ministro sigue minuto a minuto qué sucede con las pautas salariales para asegurarse que se enmarquen entre un 29 y un 33 %, bien lejos de lo que va a ser la inflación anual por arriba del 45 %.

Entre las tensiones que esto implica, la caída de los ingresos de los asalariados está contrayendo los niveles de consumo interno, lo mismo la escasa inversión pública en infraestructura, en vivienda, en salud. Pero ojo, eso tampoco le viene mal al gobierno, ya que una tasa de crecimiento muy elevada del producto amenazaría con comerle los dólares excedentes al crecer la demanda de importaciones.

Martín Guzmán, entre las elecciones, el ajuste y la pandemia, se limita a moverse bajo los estrechos límites del régimen del FMI. En pocas palabras: una gestión de la miseria

"Patear" para adelante o medidas de fondo

Al mismo tiempo, la economía se enfrenta con problemas persistentes. Los desequilibrios como la inflación y el dólar no cesan. Para ello el Gobierno optó por "pisar" la cotización del tipo de cambio a base dilapidar reservas en el mercado de bonos en dólares para evitar que se agrande “la brecha” con el tipo de cambio oficial, elevar la deuda del Banco Central con los bancos a través de las Leliq, y poner “parches” a los precios con controles de precios totalmente inocuos.

A la gestión de la miseria se agrega, entonces, la estrategia de "patear" para adelante los problemas mediante respuestas que contienen los síntomas, generando un combo explosivo que podría no ser suficiente para llegar hasta las elecciones.

Hablando de patear para adelante, ¿qué fue de la gira de Guzmán por Europa? En materia de deuda, Guzmán obtuvo apoyos y posicionamientos, pero no logró arreglar una prórroga para el pago con el Club de París. La respuesta de sus interlocutores fue que "primero arregle con el FMI". El problema: no le dan los tiempos.

En mayo vencen U$S 2.400 millones, con un período de gracia de 60 días hasta julio. Una opción es utilizar el dinero de los DEG que enviará el FMI (unos U$S 4.354 millones, pero los mismos no sólo llegan en agosto, sino que (supuestamente) tienen el fin de financiar gastos por el covid. Otra opción es entrar en default, lo que costará a razón de 300 millones de dólares por año, o lo que es igual, una exorbitante tasa de interés de 9 %.

La ultima opción es pagar con reservas. Pero, ¿con qué cara se puede venir después Guzmán a decir que no hay dinero para la emergencia social? En realidad, lo que le preocupa es que pagar al Club de París pueda debilitar su estrategia de pedir una postergación de pagos con el FMI.

Pero además, debe recordarse que la deuda con el organismo con sede en Francia fue renegociada por Axel Kicillof en 2014. En ese momento aceptó todas las condiciones de los acreedores, validó una deuda por unos U$S 3.000 millones por encima del capital, arregló cláusulas que aún se mantienen secretas y convalidó una enorme tasa de interés.

En ningún momento, ni con el FMI ni con el Club de París, se cuenta en la agenda la posibilidad de desconocer semejante fraude, de investigar las ilegalidades e ilegitimidades del endeudamiento y tomar medidas de soberanía a la altura de las circunstancias.

El costo de orientar toda la economía en función de la renegociación y de garantizar los pagos de deuda (no solo con organismos internacionales, sino con los Fondos de Inversión como el año pasado), lo vamos a sufrir mañana los trabajadores. Y ya se está cobrando hoy en materia de vidas y en pobreza.

La respuesta integral al problema sanitario, económico y social implica medidas de Emergencia ante la crisis (como mayor presupuesto para Salud y un IFE de 40 mil pesos) pero no sólo. También se necesitan medidas que vayan a fondo con romper con las imposiciones de ajuste que vienen del imperialismo. Por ello es fundamental investigar y desconocer la deuda externa, rechazar la injerencia del FMI y tomar acciones de soberanía sanitaria (estatizar los laboratorios para la producción de vacunas), sobre el comercio exterior y del control de la banca por los propios trabajadores, que implican necesariamente afectar los poderes económicos concentrados.