El congresista Edgard Alarcón, en el pleno del congreso del jueves 10 de septiembre, presento tres audios que ponen en evidencia las coordinaciones realizadas entre el presidente Martin Vizcarra y funcionarias muy cercanas a su gestión. Estas coordinaciones buscaban ocultar los detalles de la contratación de Richard Cisneros ante las investigaciones por tráfico de influencias.
José Rojas Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú
Jueves 10 de septiembre de 2020
Presidente Martín Vizcarra y Karen Roca Luque, ex funcionaria del palacio de gobierno.
En los audios presentados por Edgar Alarcón, quien a su vez preside la Comisión de Fiscalización del Parlamento peruano, se puede escuchar las coordinaciones hechas por el presidente de la Republica con la ex secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales y la ex asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.
En los diálogos en mención, Martin Vizcarra trata de orientar y dirigir las intervenciones de sus funcionarias de confianza ante la fiscalía de la nación y ante la comisión de fiscalización del congreso que venían investigando las irregularidades en la contratación de Richard Cisneros (más conocido como Richard Swing) por parte del estado. Al parecer, Cisneros apoyo directamente a Vizcarra en la campaña presidencial que llevo a la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 y mantendría hasta hace poco una relación cercana al presidente.
Recordemos que Martin Vizcarra venía siendo cuestionado por haber favorecido la contratación de este personaje como consultor del estado percibiendo cuantiosas sumas de dinero por sus servicios. Sin embargo, y como lo probaron las investigaciones periodísticas, Richard Cisneros es un cantante vinculado a la farándula limeña que nada tiene que ver con asesorías técnicas. A pesar de ese detalle, el estado, durante la gestión de Vizcarra, lo contrato, al parecer para pagar favores políticos, lo cual, de probarse, demostraría que desde el ejecutivo se habría incurrido en tráfico de influencias.
Al parecer, esa sería la razón de fondo que habría llevado al presidente Vizcarra a tratar de manipular las intervenciones de sus funcionarias de confianza ante la fiscalía de la nación y la comisión de fiscalización del congreso. Con lo cual, el presidente buscaba distorsionar o desvirtuar la esencia de este proceso de investigación que cuestionaba su accionar como mandatario. Estos hechos evidenciados por los audios, muestran entonces que el presidente de la Republica estaría obstaculizando las investigaciones sobre estos hechos con el objetivo de salvar responsabilidades ante este caso de tráfico de influencias.
Por ello, algunos sectores políticos empiecen a hablar de la posibilidad de vacancia presidencial, la cual se sostendría jurídicamente en el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, que establece la posibilidad de que el mandatario pueda ser vacado por incapacidad moral. De darse este hecho, la vacancia presidencial deberá ser presentada y aprobada por el Congreso de la Republica en los próximos días.
Sin embargo, también han salido otros políticos cercanos al gobierno a pedir serenidad y han llamado al orden y al respeto a la institucionalidad. Estos sectores tratan de limpiar a Vizcarra apelando a cuestionar el proceder y el pasado político del congresista Edgard Alarcón, así mismo, aducen que no tiene sentido hablar de vacancia presidencial cuando ya estamos a puertas de las próximas elecciones del 2021. Otros piden que sea este congreso, plagado de corruptos y mercenarios del capital, el que investigue a fondo al ejecutivo para que caigan los que tengan que caer.
Para nosotros, esta nueva confrontación entre legislativo y ejecutivo, es una expresión más de la crisis orgánica que se vive en el Perú, la misma que tiene que ver con la inviabilidad del régimen de 1993 y sus instituciones, así como con el agotamiento del modelo neoliberal.
Por esa razón, ni la vacancia presidencial, ni la investigación parlamentaria, ni las próximas elecciones, representan en realidad una salida de fondo para este nuevo episodio de la crisis política en curso. Su implementación solo ayudaría a oxigenar desde diversos ángulos al régimen político heredado por Alberto Fujimori. Y decimos esto porque todas estas medidas propuestas hasta ahora se dan en el marco de lo que establece la constitución de 1993, la cual recorta derechos democráticos fundamentales y hace que las diversas instituciones del estado funcionen para favorecer únicamente los intereses de los grandes empresarios.
En ese entender, consideramos que solo la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nazca de la movilización y de la auto organización obrera y popular, y de la ruina del viejo régimen de 1993, podría allanar el camino para acabar con esta casta de políticos corruptos que sirven celosamente al gran capital como Martin Vizcarra y el resto de Congresistas.
