La semana pasada se dio a conocer la decisión del Presidente de postular como magistrado en Salta al doctor de dudoso currículum. El rechazo se hace escuchar.
Viernes 2 de diciembre de 2016 09:09
Fotografía: Aries On Line
El lunes finalizó el período de impugnación luego de que el presidente Macri propusiera a Martínez Frugoni para el cargo de Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, en la provincia de Salta.
En el mismo se dieron a conocer las 3 sanciones con las que cuenta Martínez Frugoni en su currículum, de las cuales dos son en causas relacionadas con el narcotráfico, en junio de 1999. Una relacionada con prevención y la otra, una multa, por “irregularidades” en un expediente por infracción a la ley 23737, que pena el tráfico de estupefacientes.
La tercer sanción se relaciona con un sumario administrativo, en junio de 2001, que concluyó con la aplicación de una prevención y multa “con motivo de la desaparición de dinero” en otra causa.
La comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que preside Rodolfo Urtubey, ha convocado a una audiencia pública para el próximo 7 de diciembre. Luego de esto, la Cámara de Senadores será la encargada de aprobar o no la propuesta de Macri.
Los tres senadores nacionales salteños que intervienen son el ex gobernador Carlos Romero, por el PJ; la presidenta del conservador Partido Renovador de Salta, Cristina Fiore; y el hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey, Rodolfo, también del PJ.
Impugnan la designación
De los 7 Diputados Nacionales salteños sólo Pablo López, del PO, se presentó ante la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación argumentando que “el Presidente Macri elige a un hombre que está quinto en el orden de mérito de acuerdo al concurso realizado por el Consejo de la Magistratura”.
Sobre Martínez Frugoni, López señaló que “no reúne los requisitos para ser un juez que casi exclusivamente atenderá casos de narcotráfico, en una provincia y en una zona donde la policía está comprometida con el narcotráfico.”
Ningunos de los senadores salteños se han pronunciado sobre la propuesta de impugnación. Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Manuel Santiago Godoy, del PJ y en el cargo hace 17 años, se despachó en los medios locales con unos “consejos sabios” al señalar que “nuestros senadores nacionales deben ocuparse, estudiar los antecedentes y ser responsables. Si no están de acuerdo que conste su disidencia”.
Para muestra sobra un botón
La Ley 26.707 dio marco a la creación de un nuevo Juzgado Federal de Primera Instancia en Salta, en la localidad norteña de Tartagal, en 2011.
Aunque aún no está habilitado, se suma desde ese año a los otros tres Juzgados Federales que ya funcionan en la provincia, en su capital y en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, donde hace unos meses se conoció el escándalo del ex Narco Juez Federal Raúl Reynoso.
Quien fuera el juez mimado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante años por su supuesta lucha contra el narcotráfico, está preso desde hace 7 meses acusado de liderar una banda que recibía millonarias coimas a cambio de liberar a narcos.
La relación estrecha entre funcionarios judiciales, narcotraficantes y policías, ligados al poder de turno no es nueva, sino una práctica cotidiana. Por eso mientras Macri, junto a su ministra Bullrich, lanza programas y planes para “combatir el narcotráfico” no tiene ningún problema en promocionar como Juez a Martínez Frugoni.
Se muestra a las claras que el objetivo no es ponerle fin a un negocio capitalista que mueve millones en todo el mundo y que está entrelazado con el poder político, económico y judicial, sino estigmatizar y perseguir a la juventud.
La verdadera causa de la impugnación
El juez subrogante Julio Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Salta y cercano al gobernador del PJ Juan Manuel Urtubey, cobra alrededor de $150 mil por mes.
Al igual que a Reynoso o Martínez Frugoni, a ellos los seleccionan los 13 integrantes del Consejo de la Magistratura, luego elige el presidente, en este caso Macri, y los aprueba una de las instituciones más elitistas del sistema de gobierno: la Cámara de Senadores.
Todo a espaldas de los trabajadores, las mujeres, la juventud y el pueblo pobre.
El Frente de Izquierda, que se referencia a nivel nacional en las figuras de Nicolás del Caño y Myriam Bregman, y del cual el diputado Pablo López también es parte, es la única fuerza de izquierda que propone cómo terminar con la casta privilegiada de jueces y fiscales, por medio de la elección de los jueces por el voto popular y por medio de su revocabilidad.
Para garantizar normas y fallos favorables a sus intereses, los grandes empresarios, banqueros y terratenientes necesitan una casta especial de políticos profesionales, que les responda. Por eso los diputados y senadores del PJ, UCR, PRS, y los jueces, cobran y viven como ellos. Ante esto, el Frente de Izquierda propone que los jueces cobren lo mismo que una maestra.
Para terminar con sus privilegios y conquistar nuestros derechos, la principal herramienta que tenemos es la movilización en las calles, independiente de los gobiernos de turno y los partidos como el PJ.
Florencia Gasparini
Nació en 1979. Es maestra en escuelas públicas de Salta y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas y de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Integra la redacción de La Izquierda Diario Salta.
