Más allá de la huelga de FP: el avance de la educación privada

El imparable aumento de la educación privada sobre la pública es claramente visible al evaluar los datos ofrecidos en el informe anual de estadística sobre las FP, emitido por el Ministerio de Educación. Si se evalúan los datos desde el curso 2018-2019 al actual, se observa un gran crecimiento en el alumnado que elige esta modalidad de educación. En el curso 2018-2019, el alumnado era de 837.199 estudiantes, con un 71,7% en centros públicos. En el curso actual, el alumnado se encuentra en 1.079.967 (un aumento del 29 %) con un 66,5% estudiando en centros públicos. Es decir, el aumento se lo lleva mayoritariamente la educación privada. Si se echa la vista un poco más atrás, el alumnado que atiende centros privados ha aumentado un 1.523% en los grados medios y un 844% en los superiores.

Uno de los aspectos centrales es el número de centros educativos que hay. En el curso 2018-2019, 3.763 centros ofrecían educación de FP, de los cuales 1.208 eran privados (un 32%). En la actualidad existen 4672 centros de educación FP de los cuales 1915 son privados (41%). Si se hace una comparativa por tipo de Grado, en la pública los centros que imparten Grado Medio han aumentado un 6,9% y un 20,5% para Grado Superior. En la educación privada este aumento ha sido del 23,3% y el 61,9%.

¿Y por qué está sucediendo este aumento? Por un cóctel combinado de falta de financiación pública con deseo de hacer negocio. En el curso 2022-2023, sólo en la Comunidad de Madrid, 33.000 alumnos se quedaron sin plaza en centros públicos. Esto genera un hueco de negocio que empresas privadas no dudan en aprovecharse. Hueco incrementado de manera sistemática por políticas como las nuevas becas para educación de la Comunidad de Madrid. En este caso, estas becas únicamente pueden ser utilizadas en centros privados, con el fin de incentivar el crecimiento y negocio de estos.

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Como comenta Rodrigo Plaza, responsable de FP de la Federación de Enseñanza de CCOO: “El boom de la FP no está siendo acompañado desde las instituciones públicas y esto genera una proliferación del negocio, incluso por parte de empresas y centros de formación que no se dedicaban a la FP. Hoy centros privados que ya la impartían y que están ampliando su oferta, centros que no se dedicaban a la formación reglada, como CCC, que ahora ofertan FP e, incluso, hasta los fondos de inversión están comprando empresas de formación”. El ejemplo más claro de esto fue en 2021 la venta de la empresa malagueña Medac por 200 millones de euros al fondo de inversión americano KKR. No sólo se dedican a especular con las viviendas: ahora estos fondos se dedican también a especular con nuestra educación y con nuestras posibilidades de acceder a un trabajo digno.

La precariedad en las FP, como la que sufren hoy los estudiantes sin prácticas y en lucha, repercute negativamente en el resto de los servicios públicos. Unos estudiantes que no tengan prácticas no podrán titular para entrar a trabajar a centros públicos. La mala calidad y condiciones de las prácticas, así como la utilización de estudiantes en prácticas como mano de obra gratuita, es otro ataque a la sanidad pública. Incluso después de atravesar una pandemia que demostró la esencialidad de un servicio de salud público, accesible y de calidad, el desmantelamiento a nivel estatal de estos servicios es continuado: cada vez tenemos menos hospitales y centros de salud públicos en condiciones.

Menos hospitales y centros de salud públicos implican menos plazas de prácticas para todos. Desde diciembre de 2023, es conocido que en el convenio de prácticas de los centros privados y públicos de gestión privada se ha establecido una nueva cláusula en la que los centros educativos deberán abonar 500€ por cada alumno que vaya a realizar estas prácticas, algo que no es asumible para todos aquellos centros educativos que dependen de financiación pública. Como comentó la jefa de estudios de uno de los institutos públicos más grandes y con más alumnos de FP de Madrid al diario El País: “Empezamos a ver que algo pasaba, porque no había motivo para retirarnos plazas. Los propios estudiantes nos decían al volver de las prácticas que sí había huecos, porque veían a alumnos de otros centros, todos privados. Preguntamos y nos dijeron que, claro, eso era porque los privados pagaban y nosotros no”.

La educación pública es así cada vez menos accesible para la mayoría de las y los jóvenes trabajadores y de los sectores populares que no tienen la posibilidad de pagar un servicio privado. "La privada tiene las ventajas de que pueden cursar la titulación que quieren, que antes de verano ya saben que van a tener plaza, frente a un sistema de preinscripción en la pública que en algunas comunidades como Catalunya es un desastre y no te garantiza nada", agrega Rodrigo Plaza.

Si bien el caso de la Comunidad de Madrid es el más mediático por el descarado y frontal desmantelamiento de los servicios públicos en función de los intereses privados por parte del gobierno neoliberal de Ayuso, no podemos obviar el papel del “gobierno más progresista de la historia” ni de todos aquellos que se llenaban la boca en campaña defendiendo nuestra sanidad y educación.

Mientras el PSOE echa balones fuera escudándose en las competencias autonómicas, sigue siendo responsable de mantener y firmar nuevas políticas a favor de la privatización. La ministra de Sanidad, Mónica García, de Más País, que en Madrid se llenaba la boca criticando a Ayuso, ahora asegura que “respeta mucho la sanidad privada”, por lo que no es de extrañar que siga sin derogar la Ley 15/97 que fue la que le abrió la puerta a la externalización de servicios sanitarios.

Esto no es un caso aislado tampoco de las FPs. No es casualidad que el acceso a la universidad pública sea cada vez más difícil y costoso, ni que los programas de estudio no estén enfocados en el saber ni desarrollo del pensamiento crítico en beneficio del conjunto de la sociedad, sino simplemente a formar trabajadores ideales para la permanencia del sistema capitalista.

Tampoco es casualidad que los colegios e institutos públicos, al igual que sucede con los hospitales y centros sanitarios, estén infrafinanciados y con falta de personal. Una situación que recae sobre la salud de la clase trabajadora y las mayorías sociales, que recibe así una sanidad y educación cada vez más precaria. En teoría, los servicios públicos son un derecho para todas y todos, pero en la práctica sufren una degradación sistemática, porque las instituciones capitalistas responsables no gobiernan para el bien social, sino para el beneficio de unos pocos.

Frente a los avances del negocio capitalista en la educación y las políticas privatizadoras que impulsa tanto la derecha como el gobierno “progresista”, es necesario fomentar la autoorganización estudiantil y la unidad con la clase trabajadora en defensa de prácticas para todos, realmente formativas y remuneradas, como parte de la lucha por una educación y sanidad 100% pública que no destine ni un euro público a los sectores privados.