Según un informe del Coes-OHL, 1.161.370 trabajadores estuvieron en huelga durante el año pasado, y el 97,5%, es decir, 1.131.819 personas paralizaron de manera ilegal o extralegal. Las huelgas aumentaron 4,1%, ascendiendo a 382.
Martes 14 de junio de 2016
De acuerdo a un informe realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes) y el Observatorio de Huelgas Laborales (OHL), el 97% de los trabajadores en huelga, durante el 2015, participó en un paro ilegal. De esta manera, la cantidad de huelgas aumentó 4,1%, alcanzando las 382, cifra que no se daba desde 1979.
Según los datos, 1.161.370 de trabajadores estuvieron en huelga durante el 2015, y el 97,5%, es decir, 1.131.819 personas paralizaron de manera ilegal o extralegal.
Al momento de desglosar los datos se observa que del total de movilizaciones, 206 fueron ilegales, concentrándose principalmente en el sector público, con alrededor de 1.131.819 trabajadores participando. Por otro lado, un 2,2%, poco más de 25 mil personas, suspendió funciones basándose en el procedimiento determinado en las negociaciones colectivas “regladas”. Además, más de 4 mil trabajadores participaron de un paro nacional.
Por su parte, el informe registra 122.285 trabajadores del sector privado que participaron de huelgas el año pasado, lo que equivale a 10,5% del total de los movilizados.
¿Qué factores pudieron contribuir a este aumento?
Existen elementos objetivos para que los trabajadores se movilicen. La legislación laboral sigue basándose en el Código Laboral de la Dictadura, normativa que buscó destruir el poder de los sindicatos, los dividió, quitó garantías de los trabajadores, entregó facultades a los empresarios, como los grupos negociadores, impedir la negociación por rama sectorial, entre otras medidas anti sindicales que han sido avaladas por todos los gobiernos post Dictadura.
Además, Chile es parte de los países que tienen un “mini salario mínimo” que no se condice en lo absoluto con el costo de la vida, existe un abrumante agobio laboral, más del 50% de los trabajadores está subcontratado, más de la mitad de los obreros recibe menos de $300 mil al mes, entre otras situaciones objetivas que llevan a que sectores reales de trabajadores decidan salir a luchar por sus demandas y por cambiar esta realidad. En este sentido, poco importa si una movilización está en los marcos “regulares” que dicta la institucionalidad laboral del país, pues el descontento y las exigencias de trabajadores pueden más que la legalidad burguesa.
A lo anterior se suma las promesas de campaña y el programa de la Nueva Mayoría que aseguró que otorgaría una reforma laboral acorde con las demandas de la clase trabajadora, y que “acabaría con el Código Laboral”, planteamientos que están bastante lejos de convertirse en una realidad, por lo menos mediante la voluntad de las autoridades.
En el caso de la reforma laboral, claramente tomó un vuelco pro empresarial notorio, sentando las bases para un retroceso en derechos laborales, incluso peor que el actual Código del Trabajo, pues mantiene el reemplazo en huelga, los grupos negociadores, podría aumentar las jornadas laborales, entre otros aspectos rechazados por la mayoría de los trabajadores del país. Todo esto se ha dado en un contexto de deslegitimación del régimen político, de aumento de casos de corrupción, de desaceleración económica, despidos masivos, ataques contra trabajadores y represión.
En un primer momento, hubo mucha expectación e incluso confianza en lo que sería la reforma laboral, principalmente por el rol que jugaron las direcciones de la CUT (Nueva Mayoría, incluido el Partido Comunista), actuando más como “voceros del Gobierno” que de los trabajadores. A medida que se fue conociendo el contenido del proyecto, la clase empresarial se tornó más ofensiva, al igual que los sectores más conservadores de la NM, como la Democracia Cristiana, el Gobierno se ha subordinado a todo esto y la CUT ha jugado un papel pasivo y timorato.
Lo anterior también ha influido en que sectores de trabajadores se animen a movilizarse, como es el caso de los profesores que emprendieron una lucha nacional contra el proyecto de Carrera Docente, denunciando al Gobierno como a dirigentes del Colegio de Profesores por no luchar por sus demandas. También está el combativo ejemplo de los funcionarios públicos movilizados a través de la ANEF, conflicto que el Gobierno ha intentado sepultar, pero que no ha conseguido hasta el final, lo que se demuestra en largos paros y movilizaciones, por ejemplo en Atacama.
Los trabajadores de la Salud también son parte de un sector constantemente movilizado y crítico a las autoridades; así también trabajadores subcontratados de la minería, como en julio de 2015 cuando se movilizaron por un nuevo Acuerdo Marco, recibiendo como respuesta represión e incluso el asesinato de Nelson Quichillao, trabajador minero; o también trabajadores del retail como en ABCDIN, Unimarc, Dijon, entre otros.
Ningún proceso ha logrado completarse, pues el Gobierno aún no puede aprobar su proyecto de reforma, las dirigencias de la CUT tampoco han enfrentado el giro pro empresarial de las autoridades, ni el descontento de los trabajadores de base ha superado, aún, a las cuestionadas direcciones de los organismos sindicales. Todo se mantiene en un equilibrio inestable que caracteriza al escenario nacional en su conjunto, incluso más con la avanzada en las calles del movimiento estudiantil, el principal opositor al régimen político. ¿Podrá el movimiento obrero chileno tener su propia “ofensiva”?
