La mal llamada gratuidad, impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet, se encuentra nuevamente en el centro de la discusión. Esto se debe a que más de 23 mil estudiantes perderán beneficios, quedando a la deriva.
Sábado 17 de noviembre de 2018
Durante la reunión del CRUCH el pasado día jueves, uno de los principales debates fue el reflote del problema del financiamiento de la beca de gratuidad. Los rectores reunidos ahí, informaron que más de 23 mil estudiantes, tanto por beca como por gratuidad, perderán el beneficio por diversos motivo. Ya sea por atrasos en la carrera o por congelamiento, problemas habituales cuando se cursa una carrera profesional. En el caso de los estudiantes con gratuidad, la ley estipula que las instituciones solo pueden cobrar el 50% del arancel a los estudiantes que perdieron el beneficio. Sin embargo, los rectores señalaron que las universidades no tienen cómo financiar lo que resta, puesto que estas no son entidades generadoras de recursos.
El gobierno, sin sorprender a nadie, no hizo esperar su respuesta. Juan Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Estado propone pensar en soluciones que no incluyan recursos estatales. “Es imposible pensar que la solución vendrá del Estado. Queremos caminar a una solución, pero quiero ser categórico, la solución no será que el Estado ponga más recursos. No está en nuestro ánimo revisar la ley”.
¿Qué propone el gobierno? ¿De dónde saldrán los recursos para financiar la educación? ¿Están sugiriendo que vengan de privados?
Tales declaraciones son muestra del avance implacable que viene teniendo la política de la derecha en nuestro continente. Privatizaciones sobre privatizaciones, que al final el Estado no se haga cargo de nada. Ello es muestra de que no importa que se nos otorguen todos los beneficios que exijamos, al primer atisbo de pérdida económica, no dudaran en arrebatárnoslos. Si no es con movilización en las calles y organización, nada tenemos asegurado.
