Después de la acción global del pasado 30 de junio y de la cadena humana de este miércoles, diferentes sectores y organizaciones sociales en Nicaragua anuncian nuevas movilizaciones para el próximo 7 de julio con la marcha nacional “Juntos somos un volcán”.
Viernes 6 de julio de 2018
Este miércoles, miles de nicaragüenses formaron una cadena humana sobre la carretera de Managua a Masaya para exigir nuevamente la renuncia de Daniel Ortega, cuyo tercer periodo consecutivo concluye en enero de 2022 . Con los colores de la bandera de Nicaragua, los manifestantes se apostaron a ocupar en un “plantón cívico” las rotondas capitalinas de Rubén Darío y la Jean Paul Genie, con una distancia entre sí de 3,5 kilómetros.
"El pueblo se ha levantado y le decimos a Ortega que se vaya, que renuncie, el pueblo no le tiene miedo", dijo un joven de 27 años, con una bandera en su mano.
El repudio popular continúa expresándose en las calles, por lo que distintos sectores y organizaciones sociales han señalado la importancia de mantener el nivel de la participación en las movilizaciones. En este sentido, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha informado sobre una nueva convocatoria para marcha nacional para el próximo 7 de julio, llamada “Juntos somos un volcán”, prevista a realizarse en Managua, pero con réplicas en todo el país.
Organizaciones han hecho hincapié en la necesidad del acompañamiento de diferentes organismos internacionales y de Derechos Humanos, ya que la población ha insistido en el riesgo de que se repitan ataques por cuerpos parapoliciales, como fue el caso de la represión contra la “Marcha de las Flores” y de la caravana del pasado domingo.
Represión incluye ataques químicos contra la población
El pasado fin de semana estuvo marcado por movilizaciones de solidaridad con el pueblo de Nicaragua en más de 80 países. Mientras el repudio contra el gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murrillo se expande a nivel internacional, en el país centroamericano se viven nuevas agresiones contra la mayoría de la población, que incluye ataques con uso de químicos en algunos puntos donde permanecen barricadas, trincheras y tranques.
En una reciente publicación de El País se da a conocer la escalada represiva en localidad Boaco. La población hace denuncia de los métodos que utilizan fuerzas parapoliciales y paramilitares con el uso de ácido sulfúrico y otras sustancias químicas. “A López le afectó parte del rostro, orejas, cuello y parte de la espalda. El hombre asegura que otras 25 personas resultaron afectadas, algunas con daños en los ojos. Los heridos fueron trasladados a un hospital de Managua. El líquido que les quemó la piel, según las víctimas, era “ácido sulfúrico”, un compuesto químico extremadamente corrosivo” se relata en el diario.
La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció que grupos parapoliciales ocupan como centros de detención ilegales sitios como El Coyotepe, en Masaya; San Isidro de Bolas; la antigua cárcel de Mujeres La Esperanza, en Managua; y el local Monte Luna, en Masatepe.
Según dicho organismo se contabilizaron el pasado martes 309 las personas fallecidas desde que iniciaron las protestas contra el gobierno el 18 de abril por la represión de policías y fuerzas paramilitares contra manifestantes (en su mayoría a jóvenes y por impactos de bala), de las cuales al menos 56 personas no han podido ser identificadas. Sobre el tema se ha documentado más de 1,500 casos de personas heridas en las manifestaciones y, al menos, 158 ciudadanos “desaparecidos o secuestrados” por el Estado.
Durante su primer día de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se encuentra en Nicaragua, solicitó a las autoridades la entrega de “documentación básica e imprescindible”, para el inicio de las investigaciones que harán sobre los hechos de violencia ocurridos durante las protestas antigubernamentales.
La Alianza Cívica discute la salida electoral para favorecer al régimen
La Alianza Cívica está preparando las vías para acordar con el gobierno un calendario electoral. Aunque hasta ahora la fecha probable para realizar elecciones anticipadas es el domingo 31 de marzo de 2019, por medio de distintas ruedas de presa se sabe que se están considerando otras fechas; una de ellas es diciembre 2018.
La fecha a elegir está supeditada a permitir que se renueve a todo aquel personal del Consejo Supremo Electoral que ha sido cómplice de los fraudes electorales de la última década, pero también, a que los partidos políticos puedan reorganizarse y definir sus propuestas. Mientras el pueblo nicaragüense enfrenta de manera cotidiana la represión, la Alianza Cívica ha decidido dar aire al régimen nicaragüense para ajustar sus necesidades y buscar una salida ordenada que favorezca los intereses de los partidos políticos y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).
El trasfondo de la cuestión es la realización de un proceso electoral sin Daniel Ortega, pero cuyas bases estructurales del Estado permanecen intocables.
El calendario electoral y los cambios que la Alianza Cívica discute con Ortega sólo servirían para organizar una transición pactada –sin la representación de las grandes mayorías afectadas por el gobierno orteguista–, cuyo objetivo es dar continuidad al modelo entreguista y descargar con mayor fuerza la explotación sobre los hombros de los trabajadores del campo y la ciudad.
Como se señala aquí, “es preciso plantear la ruptura con la Alianza Cívica de los empresarios y la Iglesia y su programa, para que la vanguardia que se ha comenzado a forjar en estas luchas pueda orientarse de manera independiente y con una perspectiva superior. Esta necesaria delimitación está ligada a la discusión profunda del balance de la lucha desarrollada hasta ahora, y a la tarea de multiplicar, consolidar y desarrollar la organización que ha comenzado a germinar en las barricadas, tranques y tomas, una conquista que no debe dejarse diluir por las ilusiones en el diálogo.”
Para que el movimiento de masas con sus justas demandas no sea entrampado detrás de un recambio de ese tipo en el poder, es preciso levantar una alternativa independiente, pero que también se plantee la necesidad de hacer frente a la injerencia del imperialismo estadounidense sobre las decisiones y la salida política en Nicaragua.