La brutalidad de las cargas que se vivieron en Barcelona en 2011 contra manifestantes pacíficos ocupó todos los medios. Estos días, el inspector de los Mossos d’Esquadra, Jordi Arasa, como uno de los responsables de aquella violencia, ha sido condenado a dos años y cuatro meses de cárcel y a suspensión de cargo público.
Martes 9 de junio de 2020
Jordi Arasa, a la izquierda y sin casco, durante el operativo de desalojo del 15M en 2011.
Los sucesos ocurrieron el 27 de mayo de 2011, en pleno momento de efervescencia del 15M, cuando en la plaza de Catalunya de Barcelona se encontraba la acampada del movimiento “indignado”. Las cargas policiales fueron de enorme brutalidad con 121 personas heridas y que el director entonces de los Mossos d’Esquadra, Manel Prat, justificó diciendo que se debía “limpiar” la plaza de objetos peligrosos de cara a una eventual celebración de la Liga de Campeones que disputaba el Barça.
Ahora la Audiencia de Barcelona ha considerado que esos hechos no estaban "justificados en ningún caso", aquellos golpes de porra contra manifestantes que, sentados pacíficamente, intentaban impedir el desalojo de la acampada. El tribunal ha condenado al inspector de los Mossos d’Esquadra Jordi Arasa, por su responsabilidad en lo ocurrido, a dos años y cuatro meses de cárcel, así como a su suspensión como cargo público. Se suman dos delitos de lesiones a dos manifestantes, a cada uno de los cuales deberá indemnizar con 1.500 euros. Arasa ya fue condenado en 2014 por golpear en ese mismo desalojo al que después sería diputado de las CUP David Fernández.
Nueve años ni más ni menos se ha tendido que esperar para una condena sobre unos hechos que fueron tan intolerables que debían haber sido reprobados inmediatamente. Sin embargo, como ocurre siempre y de hecho el movimiento contra la violencia policial está denunciando en todo el mundo, la justicia burguesa si llega, llega tarde y es del todo insuficiente.
La condena tras casi una década a un inspector no va a resolver el problema de toda una institución que durante años ha estado reprimiendo a manifestantes, activistas o personas migrantes y racializadas. ¿Dónde está la responsabilidad de las cúpulas policiales y de los cargos políticos?
