Educación. Más de mil colegios han solicitado volver a clases ¿Cuántos colegios pueden garantizar las medidas de seguridad?

Según cifras entregadas por el mismo Raúl Figueroa, ministro de educación, el 30% de los establecimientos que están en proceso de retorno son públicos; el 38% son particulares subvencionados y el 32% son particulares pagados, es decir, el 70% de aquellos que piden el retorno son escuelas, colegios y liceos que dependen del pago de los apoderados y no del estado.

Así mismo, aseguró que la mayor cantidad de solicitudes se han realizado desde la Región Metropolitana con 500 peticiones, seguida de las regiones de La Araucanía con 90 y Los Ríos con 67 solicitudes.

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Educación a distancia: parte de una herida abierta que no cerrará con el retorno presencial

La suspensión de clases presenciales por pandemia ha dejado al descubierto una realidad, heredada de la dictadura, que los distintos gobiernos de turno han profundizado y al mismo tiempo solapado: la educación pública chilena está en una profunda crisis. Durante este periodo de “educación a distancia” todas las precariedades que hacen al sistema educativo fueron completamente innegables: no hay internet, computadores, alimentación, acompañamiento escolar ni materiales para todes les estudiantes, ni para todes les docentes y trabajadores de la educación, especialmente les más pobres. Y la disparidad fue abordada por las comunidades educativas, a través de la voluntad y solidaridad, pero no absorbida en su totalidad. El ministerio calla, se escinde de responsabilidades y cargó a les docentes y comunidades educativas con la responsabilidad de que su plan de educación a distancia funcionase, así como lo hace con el retorno ahora. Más que educación, lo que busca el ministro son guarderías para que las y los pobres salgan a trabajar y “reactivar" su preciada economía.

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¿Cuántos establecimientos educacionales pueden garantizar el retorno a clase presencial? No se trata simplemente de medidas sanitarias, se trata de toda una reestructuración del quehacer educativo, con múltiples factores como por ejemplo: profesores, trabajadores de la educación y estudiantes que son población de riesgo, tecnología y conexión necesaria para que todes tengan acceso, planes educativos y adecuación curricular acorde a la situación, garantía de alimentación adecuada, espacios y ambientes educativos adecuados, apoyo escolar, capacitación docente, dotación docente acorde, transporte, entre otros factores. La movilización docente que fue la antesala de la revuelta de octubre precisamente denunciaba la precariedad y la displicencia del gobierno, fueron miles de profesores en lucha por condiciones mínimas para educar, en combate contra del desmantelamiento de la educación pública gestada en dictadura. ¡Basta de que sean les docentes y educadoras quienes se hagan cargo de la precariedad de la educación!

Es necesario que las y los estudiantes, así como docentes y trabajadores de la educación cuenten con condiciones mínimas para que se desarrolle el proceso escolar, que deben ser garantizadas en su totalidad por el estado y manejadas por su comunidad educativa organizada. Para esto, es indispensable de que el CdP se ponga a la cabeza de impulsar la autoorganización, que deje de perder el tiempo en mesas de negociaciones con las mismas instituciones que son responsables de la crisis educativa o en denuncias que debe resolver el mismo organismo que sostiene esta situación, que salga del letargo burocrático y deje de lado la confianza en el parlamento y en las “autoridades” para que se abra el paso a la organización del profesorado, en conjunto con estudiantes, otros sectores de trabajadores, comunidades y movimientos sociales.

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