A pesar de las leyes que lo protegen, el bosque sigue disminuyendo en la provincia de Córdoba. Según una reciente denuncia del Movimiento Campesino de Córdoba, algunos desmontes habrían contado con la aprobación de la Secretaría de Ambiente, violando toda la normativa vigente. Ante estos hechos, la legisladora por el Frente de Izquierda Laura Vilches presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial para que aclare esta situación.
Jueves 8 de octubre de 2015
Los bosques de todo el país y de la provincia de Córdoba en particular se encuentran en una situación crítica. El avance de la frontera agrícola producto del boom de la soja, la ganadería y los negocios inmobiliarios en las zonas cercanas a las grandes ciudades han llevado a una de las mayores tasas de deforestación de la historia reciente. La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (ley Bonasso) representó una esperanza en este sentido, al obligar a las provincias a realizar un ordenamiento territorial de sus bosques. Pero el exiguo presupuesto asignado por la Nación para ponerla en práctica esta ley y los sucesivos incumplimientos por parte de las provincias hacen que hoy el estado de los bosques nativos siga siendo crítico.
En la provincia de Córdoba, el ordenamiento territorial contemplado por la ley provincial 9814 pareció resguardar todos los remanentes de bosques en las categorías de conservación más altas (roja y amarilla), pero la letra de la ley permitía realizar ganadería incluso dentro de la categoría de mayor conservación, destruyendo los estratos naturales de hierbas y arbustos del bosque y remplazándolos por pasturas para el ganado. Una extraña manera de conservar el bosque, puede decirse.
La movilización popular, las opiniones de los expertos y, posiblemente, el deseo de recibir los fondos nacionales para conservar los bosques, llevaron al gobierno de De la Sota a modificar esta ley en el año 2012, prohibiendo todo tipo de intervención en las áreas de mayor interés para lo conservación (las zonas rojas). Desde ese momento, al menos en teoría, no puede aprobarse ningún cambio en el uso del suelo de las áreas boscosas, y quienes lo realicen por fuera de la ley se exponen a ser sancionados.
Sin embargo, diferentes notas aparecidas en los medios de comunicación a lo largo de este año, indican que la desaparición de los remanentes del bosque nativo continúa a paso firme. Muchas de estas son producto de la desidia del gobierno y de la falta de controles adecuados, pero la reciente denuncia del Movimiento Campesino de Córdoba es más grave, porque sugiere que los desmontes realizados en el oeste de la provincia fueron autorizados por la misma Secretaría de Ambiente, a cargo de Germán Pratto. Para oscurecer más el caso, los propietarios de estos campos habrían recibido además subsidios para conservar estos bosques. Por este motivo, la legisladora del FIT Laura Vilches presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo clarifique si estos campos se encontraban en zona roja, ya que en ese caso no se debería autorizar ningún tipo de intervención en el bosque nativo.
La continua destrucción de los ambientes naturales encaja perfectamente en la política provincial. Como se denunció previamente en La Izquierda Diario, recientemente el gobernador De la Sota anunció un extraño plan de “conservación” que propone implantar árboles en zonas con riesgo de erosión del sur de la provincia y a cambio destinar a la ganadería 80 mil hectáreas de bosque nativo de la zona noroeste. En sus propias palabras, las zonas rojas deberían volverse “rosas” para permitir el desarrollo ganadero. Es claro entonces cuáles son los negocios que defiende el gobierno y la importancia que le asigna a los servicios que las áreas naturales le prestan a la sociedad.
Los bosques de la provincia no sólo son parte de su identidad cultural y de las comunidades campesinas que habitan en ellos. Son indispensables para el buen funcionamiento de innumerables servicios ecosistémicos, desde brindar un paisaje agradable y de valor turístico, hasta regular el funcionamiento de las cuencas hídricas y permitir la regeneración del suelo fértil. Son estos servicios que todos disfrutamos los que se ponen en riesgo para asegurar la ganancia de un puñado de especuladores y grandes propietarios.
