Es necesario rechazar, en Catalunya y el resto del Estado, la ofensiva españolista. Una defensa democrática que no debe confundirse con el apoyo político al president en funciones. La respuesta del Régimen del 78 al 27S muestra lo utópico de la vía negociada de Junst pel Sí.
Santiago Lupe @SantiagoLupeBCN
Miércoles 30 de septiembre de 2015
Foto: EFE
Tras el 27S la ofensiva españolista ha dado un paso más, y no cualquiera. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya llama a declarar como imputados al president en funciones de la Generalitat Artur Mas, junto a la ex vicepresidenta de su gobierno, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau.
Los delitos que se le imputan a Mas -desobediencia, obstrucción a la justicia, usurpación de funciones, malversación y prevaricación administrativa- podrían llegar a suponer su inhabilitación para ejercer un cargo público de hasta de 10 años.
Esta imputación es resultado de la querella interpuesta por la Fiscalía dependiente del gobierno central por la consulta del 9N. Más de dos millones de catalanes participaron ese día en la votación. Una de las mayores demostraciones de masas en apoyo al derecho a decidir. El Ministro de Justicia ha reconocido que la citación se ha realizado ahora para evitar que coincidiera con la campaña electoral. Algo que hubiera incrementado el caudal de votos a las listas independentistas.
El mensaje es claro: nosotros controlamos la Fiscalía, los jueces y sus ritmos. Si los dirigentes de JxSí no se avienen a respetar el marco constitucional estamos dispuestos a quitar de en medio al mismo president.
El resultado del domingo expresó que las aspiraciones de millones de catalanes a la independencia, o al menos el derecho de autodeterminación y la apertura de un proceso constituyente propio, son mayoritarias y muy profundas. Además esta expresión se hizo virada a izquierda por el crecimiento significativo de las CUP.
Esto asustó al PP y al PSOE, como era de esperar. Pero no sólo a ellos. También Podemos expresó por medio de Pablo Iglesias su preocupación por la difícil situación que dibujan los resultados para darle una salida a la cuestión catalana en los marcos legales vigentes.
Pero la gestión de la victoria tampoco le va a resultar sencilla a JxSí. Sus 62 diputados hacen que su hoja de ruta dependa de un acuerdo con la CUP. La CUP ha dejado claro que no votarían a Mas. Pero mantiene su política de mano extendida con su propuesta de gobierno de concentración y de buscar un candidato de consenso.
Que el timón de mando del proceso pasara de Mas a un gobierno de concentración o un independiente con menos lazos orgánicos con las grandes familias catalanas, es algo que inquieta tanto a CDC como al Régimen del 78. Sería cuanto menos riesgoso respecto a evitar que el movimiento democrático no rebase los límites de los marcos legales y de negociación entre el Estado y la Generalitat.
El golpe judicial de hoy se dirige directamente a Mas. Pero el verdadero objetivo es evitar que Mas pueda ser presionado a ir más lejos de lo que quisiera o que la gestión de la victoria recaiga en otro personaje de cuya capacidad para evitar que el movimiento desborde a su actual dirección fuera menor.
Contradictoriamente la imputación fortalece en principio a Mas en la disputa interna del bloque soberanista. Aunque a su vez le pone una espada de Damócles sobre su cabeza. Le deja a la espera de una sentencia cuyos plazos y contenido es claro que se dirigirá desde el Ministerio de Justicia.
En los próximos días veremos qué efectos tiene su imputación en el debate y las negociaciones entre JxSí y la CUP. Sin duda CDC querrá explotarla para represtigiar a Mas y lograr que sea nuevamente investido president. La presión sobre la CUP desde las entidades soberanistas y parte de sus bases y votantes será enorme en este sentido.
Es necesario impulsar la más amplia movilización social contra este ataque sin precedentes, que atenta contra el movimiento democrático catalán y sienta un precedente nefasto para una posible intervención directa del Estado español contra la autonomía catalana.
Esta movilización no debería quedarse solo en Catalunya, sino que debería hacerse extensiva a todo el Estado. Los sindicatos, las organizaciones de izquierda y todos los que dicen defender el derecho a decidir de los catalanes, empezando por Podemos, tendrían que impulsar manifestaciones en todas las ciudades en contra de este juicio que sienta en el banquillo al 9N y los derechos democráticos de los catalanes.
Sin embargo sería un error confundir la defensa de Mas frente al ataque del Régimen del 78, con el más mínimo apoyo político a él o a JxSí, los representantes políticos de la burguesía catalana.
Justamente lo que también demuestra esta ofensiva es que la vía de diálogo y negociación con el Estado español es una auténtica utopía. La hoja de ruta de JxSí sólo puede llevar al movimiento democrático o a ser desviado hacia algún acuerdo dentro de los marcos constitucionales del 78 o desarmarlo ante una salida abiertamente reaccionaria en la clave que apunta la imputación.
Los representantes políticos de la burguesía catalana no van a estar dispuestos a poner en marcha las fuerzas sociales necesarias para poder tumbar el Régimen del 78. La única vía para conseguir esto es por medio de la movilización social con la clase trabajadora al frente y en alianza con el resto de sectores populares del Estado. Y esto podría en cuestión no sólo al régimen heredero de la Dictadura sino los intereses mismos de los capitalistas españoles y catalanes.
La CUP tiene por delante una encrucijada estratégica clave. Se mantiene en la línea de la mano extendida o levanta una hoja de ruta propia, que no le brinde ningún apoyo político a JxSí y pelee por imponer mediante la movilización social un verdadero proceso constituyente catalán en el que poder discutir los grandes problemas sociales y la relación con el resto del Estado.
El único gobierno capaz de impulsarlo no sería uno de concentración con los representantes políticos de la burguesía catalana, sino un gobierno de los trabajadores y sectores populares, basado en los organismos de lucha que vayamos construyendo en la pelea contra a ofensiva españolista y por abrir paso a una resolución obrera y socialista a las aspiraciones democráticas del pueblo catalán.
Santiago Lupe
Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.