Lejos de la campaña propagandística de los Presupuestos, la herencia neoliberal es respetada y profundizada por el gobierno de coalición. Privatizar las pensiones y dejar lo fundamental de la reforma laboral, esta es su “cara b”.
Jueves 12 de noviembre de 2020
El gobierno autotitulado como el “más progresista de la historia” lleva varias semanas sacando pecho por su proyecto de Presupuestos. Se trata de una cuentas expansivas, que duplican la inversión pública gracias a la llegada de 27 mil millones de fondos europeos, y que cuentan con un incremento de los ingresos fiscales a base de una leve subida de impuestos a los que más tienen y una gran subida de los indirectos, aquellos que gravan especialmente a las rentas más bajas.
Las llamadas partidas sociales, como educación o dependencia, presentan incrementos tildados de históricos, pero siguen a años luz de las inminentes necesidades desatadas con la peor crisis económica desde la guerra civil. El mejor ejemplo de este espejismo lo hemos visto con la partida extraordinaria de este año destinada al Ingreso Mínimo Vital. Solo la han podido cobrar algo más de 100 mil personas del millón que se había previsto.
En otros artículos hemos analizado detenidamente la “letra pequeña” de estas cuentas, lo que ni PSOE ni Unidas Podemos -como tampoco sus socios parlamentarios ni la oposición de la derecha – quieren que leas. Hoy nos detendremos en lo que directamente no sale en el texto porque se legisla a parte, pero que define mucho más y más a largo plazo el modelo económico por el que apuesta el gobierno de coalición.
Una negociación colectiva a petición de la CEOE
Ya es un hecho que el gobierno “progresista” no derogará la reforma laboral del PP de 2012. Hasta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo reconoció a los pocos meses de entrar en el cargo. El sainete vivido durante la última prórroga del esta de alarma de la primavera, en el que en 24h PSOE y UP firmaron y desfirmaron con EH-Bildu un compromiso para acabar con esta ley, fue la mejor constatación. Por supuesto, de tocar la de 2010, la de Zapatero, ni hablamos. El despido procedente a 20 día por año (8 si el contrato es temporal) no está en discusión.
El discurso oficial pasó pues de “derogar” a eliminar los aspectos más lesivos. Sin embargo, hasta la fecha, ni uno solo de esos aspectos ha sido modificado y los planes del gobierno es que sigan vigentes dada la grave crisis económica. Todo lo relativo a los despidos colectivos -que pueden llevarse a cabo por un abanico de causas tan variado que los convierte en casi libres y no deben contar si quiera con autorización administrativa- no es tampoco objeto de discusión. Así, con la ministra “comunista” en Trabajo, empresas como la subcontrata de Nissan, Acciona, pueden estar aplicando EREs unilateralmente y con las indemnizaciones mínimas.
La otra gran clave del asunto es la negociación colectiva. Su desmantelamiento fue uno de los grandes logros de la reforma de Rajoy alabado por la Comisión Europea. Esta semana se conocía que la ministra de Economía, en un documento titulado “Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico”, dejaba claro que seguirá primando el acuerdo de empresa por sobre los convenios sectoriales de ámbitos territoriales más amplios. En los meses anteriores, la misma Díaz, también reconoció que otros aspectos como las cláusulas de descuelgue de los convenios no se iban a eliminar, en todo caso “regular”.
Un sistema de pensiones cada vez más privatizado.
El otro gran objetivo de las contrarreformas neoliberales es el sistema público de pensiones. Todos los gobiernos europeos están inmersos en una guerra contra esta conquista histórica. Por un lado pretenden rebajar la factura, que los pensionistas cobren menos y sobre todo menos tiempo. El ministro Escrivà lleva meses adelantando su intención de implementar una reforma en este sentido, alargar la edad de jubilación real liquidando las fórmulas que permiten hoy en día a sectores de trabajadores acogerse al retiro de forma anticipada.
El otro gran objetivo es liberalizar y privatizar las pensiones, dejar que éstas sean gestionadas por el capital privado y obligar de paso a las y los trabajadores a sufragarse mediante ahorros una parte creciente de sus ingresos en la vejez. En este terreno en el Estado español hay aún camino para recorrer, y el gobierno “progresista” -con el acuerdo sin fisuras de los tres partidos que lo integran- quiere hacerlo.
El ministro Escrivà ha anunciado que en los próximos meses llevará adelante “los cambios normativos necesarios” para facilitar que “cada trabajador que comience a trabajar en una empresa o la Administración tenga adscripción automática a un plan de pensiones para ahorrar de forma sencilla y con ventajas”. Dicho así parece que nos está haciendo un favor, lo que no explica es que las contribuciones a dicho fondo saldrán del propio salario del trabajador. El objetivo es que al menos el 50% de las y los trabajadores se acojan a un fondo de pensiones privado.
El legado neoliberal de Zapatero y Rajoy sigue en pie
Las principales contrarreformas de la última década, obra de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, fueron el pensionazo de 2011, y las reformas laborales de 2010 y 2012. Sintéticamente en la anterior crisis la clase trabajadora vio como se aumentaba en dos años la edad de jubilación, se abarataba brutalmente el despido improcedente -ambas cuestiones bajo el gobierno del PSOE-, se liberalizaban los EREs y las causas de despido procedente, se liquidaba la negociación colectiva eliminando la ultractividad de los convenios y la prevalencia de los de mayor ámbito territorial sobre los de otros inferiores y de empresa y se introducían clausulas de descuelgue de los mismos al gusto de la patronal.
Estas fueron algunas de las grandes pérdidas que explican los niveles de precariedad y salarios de miseria con los que, a pesar de los años previos a la pandemia de recuperación económica, llegamos a esta nueva crisis. Lejos de las promesas de campaña realizadas tanto por el PSOE como por UP, el grueso de este retroceso histórico es parte de lo que el gobierno quiere mantener.
La burocracia sindical de CCOO y UGT aceptan todo esto desde una posición de leales socios del gobierno. Entre mesas de diálogo con patronal y gobierno, y su retiro casi permanente a sus despachos, están dejando pasar miles de despidos y ataques empresariales sin la más mínima resistencia.
Para frenar esta sangría y poder liquidad la herencia recibida que el gobierno “progresista” quiere mantener y profundizar, es urgente que desde la izquierda sindical, los sectores críticos de CCOO y UGT, junto a los movimientos sociales y la izquierda anticapitalista, peleemos contra esta política traidora, y exijamos a los grandes sindicatos un plan de movilización por un programa de emergencia ante esta crisis y por el fin de la herencia de ajustes y contrarreformas.
