Lunes 22 de agosto de 2022 11:59
Este lunes fue publicado en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley 27679, que establece beneficios para el sector de la construcción. En concreto, garantiza la extensión de un blanqueo de capitales que pueden hacer los empresarios del sector.
La norma había sido aprobada tanto en Diputados como en el Senado, con los votos de los bloques mayoritarios. No hubo "grieta" entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos a la hora de otorgar mayores beneficios a un sector patronales que se caracteriza por su historial de trabajo informal y precarización laboral.
La norma permite a quienes tenían dólares en el exterior declararlos con el “incentivo” de pagar menos impuestos si están destinados a la construcción. El esquema establece distintos plazos para llevar adelante el blanqueo, estableciendo penalidades que van desde el 5 % hasta los 90 días hasta el 20 % en el caso de que se ingrese pasados los 180 días de inicio de la norma. Es decir, las patronales del que evadieron tienen tres meses para "acomodar" sus negocios.
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La resolución publicada en el Boletín Oficial implementa, además, el programa Puente al Empleo para el sector. Se trata del programa con el que el Gobierno nacional intenta avanzar en reconversión de planes sociales en empleo. Sin embargo, esto está muy lejos de trabajo genuino y con derechos.
El esquema del plan supone que las patronales pueden incorporar a beneficiarios de planes -en este caso el plan Potenciar Trabajo-, sin que estos pierdan el beneficio que perciben, actualmente en $ 22.770. Esto implica, en los hechos, que el Estado nacional paga parte de los salarios de los trabajadores por un plazo determinado. Esto, lejos de ser trabajo estable es una suerte de subsidio para las grandes empresas de las construcción que garantizar su rentabilidad mediante el pago de salarios bajísimos y sin atender muchísimas veces a las condiciones laborales mínimas.
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