Este martes en los tribunales de La Plata dos funcionarios y quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense serán juzgados por los hechos del 16 de octubre de 2005 en los que murieron 33 presos.
Martes 15 de agosto de 2017
El Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata deberá determinar la responsabilidad penal de los quince agentes que se encontraban presentes y los dos funcionarios jerárquicos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) Daniel Tejeda (director del penal) y Cristian Núñez (jefe de Seguridad Exterior), ambos cargos que ocuparon en aquél entonces.
Participarán del juicio oral y público más de 400 testigos. Por su parte, las familias de las víctimas están representadas por distintos organismos sociales y de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).
Luego de la Masacre del Pabellón Séptimo en 1978 durante la dictadura cívico-militar, se trata de una de las peores masacres con las que carga el SPB. Ésta, ocurrida en plena “democracia”.
Los hechos comenzaron al producirse un incendio en el pabellón 16 del penal de Magdalena (sudoeste de la Provincia de Buenos Aires), como consecuencia de una salvaje represión a los internos por una pelea entre dos de ellos. Los agentes penitenciarios presentes, en lugar de actuar con el fin de permitir la asistencia y rescate a las víctimas, cerraron la puerta del pabellón con candado, lo cual provocó directamente la muerte de treinta y tres presos. Algunos murieron al quemarse vivos, otros por asfixia.
Todos eran jóvenes menores de 26 años y sólo dos tenían condenas. Los 22 que se salvaron, lo hicieron por sus propios medios y con la ayuda de los presos que se alojaban en el pabellón contiguo.
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Más de una década fue lo que tuvieron que esperar los familiares de las víctimas para ver sentados en el banquillo de los acusados a algunos de los responsables. Sin embargo ni Felipe Solá, por entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria (hoy diputado nacional massista), ni su mano derecha el por entonces titular del SPB Fernando Díaz (y nuevamente de la mano de Vidal), tendrán que pisar los tribunales, aunque ambos son responsables políticos de la masacre, tanto por su posición jerárquica en la cadena de mandos como por las condiciones en que se encontraban las cárceles de la provincia y de Magdalena durante sus gestiones.
El exgobernador de Buenos Aires tuvo como política durante su mandato la construcción de cárceles “a bajo costo”, que en lo concreto significaba pésimas condiciones para los detenidos en los penales provinciales y que en la Masacre de Magdalena tuvo su expresión directa, además de las condiciones estructurales del penal, en la falta de mangueras contra incendio, matafuegos vencidos y una cantidad insignificante de bocas hidrantes en relación al tamaño del pabellón.
Fernando Díaz está imputado por ser partícipe en el pago de sobreprecios por parte del Estado a cambio de una comida para los presos que era totalmente miserable. También durante sus gestiones en la década kirchnerista se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, se agravaron las condiciones de encierro y bajaron notablemente los indicadores de salud, como consecuencia de negociados por parte de círculos de corruptela al interior del Estado que lucraban con los insumos para las cárceles.
Tampoco puede olvidarse que Solá continúa impune por la Masacre del Puente Pueyrredón de junio de 2002 donde los jóvenes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron fusilados por las balas de la Bonaerense.
Es decir que para la “justicia” no alcanzó con demorar doce años el avance de la causa, sino que el juicio una vez llegado, deja intactos a los funcionarios políticos de mayor rango que ya cargan en sus espaldas con otras masacres y delitos graves.
Pero algo que hace aún más nefasto a éste modelo de impunidad para la casta política y su aparato represivo, es que una gran cantidad de sobrevivientes, muchos de ellos testigos de gran importancia para la causa, fueron muriendo con el correr de estos años que se tomó el Poder Judicial, y gran parte de ellos en circunstancias que aún no están para nada claras y que despiertan grandes sospechas entre los familiares y amigos.
Se trata de una “justicia” que funciona a cuentagotas cuando de llevar tras las rejas a poderosos funcionarios se trata, pero es sumamente eficiente al momento de beneficiarlos o ampararlos; un Poder Judicial con un accionar inverso al que mantiene con los trabajadores y los sectores populares.
