Dos años. Masacre de Monte: un juicio que espera fecha y Berni que sigue encubriendo a la Bonaerense

El crimen de Camila López (13 años), Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22) a manos de una banda descontrolada de la Policía Bonaerense, la madrugada del 20 de mayo de 2019 en la Ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte, en un tiempo será debatido judicialmente y sus ejecutores posiblemente juzgados y condenados. Allí será testigo clave Rocío Quagliarello (15), la única sobreviviente de la balacera policial y del choque del Fiat 147 contra un acoplado.

Causas penales

La causa judicial en la que se investiga lo ocurrido está diversificada en cuatro partes y suma hasta el momento 24 personas imputadas, entre efectivos de la Comisaría de Monte, peritos de la división Científica de la Policía Bonaerense y el exsecretario de Seguridad de la Municipalidad Claudio Martínez. Diez de los imputados están detenidos.

Los más comprometidos son los policías Manuel Monreal, Mariano Ibáñez, Leonardo Ecilape y Rubén García, detenidos con prisión preventiva por “homicidio agravado”. Son quienes persiguieron a los jóvenes en dos patrulleros, desde donde dispararon.

Actualmente esos cuatro policías esperan que el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Plata defina la fecha de inicio del juicio oral y público, que tendrá una definición a través de un jurado popular.

Otras partes de la causa investigan delitos que podrían significar incumplimiento de los deberes de funcionario público o incluso encubrimiento por parte de la intendente de ese momento Sandra Mayol, y por parte del jefe de Bomberos de Monte Nelson Barrios. Se les puede adjudicar a ambos el ocultamiento y acciones de tipo corporativo tendientes a encubrir la responsabilidad en los hechos ocurridos esa madrugada y durante horas y días posteriores.

También pueden ser imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” personal de la Policía Científica de Cañuelas y personal policial de la propia Comisaría de Monte.

Hace un año, en el primer aniversario de la masacre, Gladys Ruidíaz, madre de Danilo Sansone, decía a La Izquierda Diario que nunca pudo “olvidar esa madrugada; recuerdo cada minuto que pasaba y mi alma se derrumbaba (...) Exijimos justicia, que no suelten a nadie ya que sólo así se podrá aliviar nuestro dolor. Por la pandemia no hemos podido salir a las calles, pero seguimos de pie, gritando ¡justicia y nunca más!”.

“No están para cuidarnos”

Para la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), “Monte fue el punto más alto del modelo represivo neoliberal que encarnó el tándem Macri-Bullrich-Vidal-Ritondo y, al mismo tiempo, es la deslegitimación del discurso que dice que ‘las fuerzas de seguridad están para cuidarnos’”.

Correpi recuerda que “en los primeros veinte días de aquel mayo, con los chicos de Monte se contaron 26 muertes a manos del Estado en sus diferentes modos de desplegar su capacidad represiva”. Y que “a la trama del crimen en sí mismo debe sumársele el despliegue de todas las áreas del Estado para garantizar impunidad, cuando la Bonaerense armó la mentira del accidente vial y fue respaldada por la intendenta massista Mayol, muy repudiada por el pueblo (que le negó la reelección) y hoy premiada con un cargo en el Ministerio de Transporte”.

En efecto, Mayol buscó ser reelecta en 2019 encabezando la lista local del Frente de Todos, junto a las fórmulas Kicillof-Magario en la provincia y Fernández-Fernández a nivel nacional. Fue derrotada por la oposición derechista de Juntos por el Cambio. Pero no se fue a su casa. Ahora, gracias a que la Casa Rosada la premió por su gestión, es directora titular de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), es decir de Trenes Argentinos.

Cuestión de Estado

Los primeros meses posteriores a la masacre fueron de mucha movilización en el pueblo y, también, de mucha persecución por parte del Estado. La Comisión por la Memoria, querellante en la causa y patrocinadora de parte de las familias de las víctimas, hizo otra denuncia penal (una cuarta causa en torno al caso) sobre espionaje ilegal. Para Margarita Jarque, abogada de la CPM, esa denuncia “completa el cuadro de distintos niveles y modalidades de participación que caracterizan a todas las causas de violencia institucional”.

En concreto la CPM denuncia “hechos de espionaje ilegal en los días posteriores al hecho, buscando seguir el accionar de las familias y las personas de Monte que se organizaban y movilizaban en reclamo de justicia. Algo absolutamente grave que nos llevó a realizar una denuncia tras detectar que, en una presentación de un informe a poco de ocurrido el hecho, había personal que en otras oportunidades había estado en las manifestaciones, en las plazas y frente al Municipio siguiendo a familiares y organizaciones”.

En diciembre de 2019 Vidal y Ritondo dejaron sus cargos en manos de Axel Kicillof y Sergio Berni, respectivamente. El encubrimiento a la Bonaerense por parte del Estado provincial se mantuvo, obviamente, mucho más allá del caso de la Masacre de Monte en sí. De hecho, en un año y medio de gestión, el ministro de Seguridad se ha encargado de dejar bien en claro que la Policía debe ser encubierta, preservada y protegida para aplicar a sangre y fuego el ajuste en la provincia y las restricciones sociales en el marco de la pandemia.

Lo hecho por Berni y Kicillof en casos como los de Facundo Castro, Brandon Romero, Alan Maidana, Lucas Verón y tantos otros, no es otra cosa que un virtual “homenaje” del Frente de Todos a lo hecho por Cambiemos en 2019. Cambian los colores, pero la Bonaerense queda, crece y se fortalece.