Familiares de los jóvenes muertos en 2004 en la Comisaría Primera rechazan el ascenso de la subcomisario bonaerense Élida Guaquinchay Bogado, quien espera juicio por su rol en los hechos. En una escandalosa respuesta, funcionarios dicen que recién ahora van a “trasladar” a la oficial y “avanzar” en el sumario interno asociado a la causa penal. Más impunes imposible.
Viernes 2 de julio de 2021 11:27
La Masacre de Quilmes es uno de los hechos más graves cometidos por policías, que dejaron como consecuencia cuatro adolescentes fallecidos. El crimen sucedió la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la Comisaría Primera de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas. Los jóvenes protestaron contra esto con lo poco que tenían a mano y prendieron fuego colchones.
Como suele hacer, la Policía Bonaerense dejó que la celda se incendiara, para recién después sacar de allí a los adolescentes ya quemados y asfixiados, pero no para prestarles auxilio, si no para apalearlos.
Como resultado del brutal ataque, murieron Diego Maldonado de 16 años, Miguel Aranda de 17, Manuel Figueroa de 17 y Elías Jiménez de 15. A partir de la Masacre de Quilmes se prohibió la detención de menores en las comisarías.
Una de las agresoras que con un palo golpeó a los jóvenes es la subcomisario Élida Guaquinchay Bogado, imputada en la causa ante el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Quilmes, que postergó el inicio del juicio con la excusa de la pandemia, recién para diciembre de 2022. Una vez más el Poder Judicial amparando a los asesinos y asesinas con uniforme.
Como si esto fuera poco, Bogado fue ascendida la semana pasada por Sergio Berni, con el silencio complaciente de la intendente Mayra Mendoza y del gobernador Axel Kicillof.
Ante semejante acto de impunidad estatal, las familias de las víctimas expresaron en una reunión el jueves por la mañana su rechazo a la decisión. En la misma estuvieron funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y autoridades de Asuntos Internos, Pablo Fernández, subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense y Laura Piana, de Asuntos Internos, quienes recibieron a Elvia González e Isabel Figueroa, madres de Diego Maldonado (15) y Manuel Figueroa (17), ambos fallecidos; y Ana Aliendo, madre de Walter Aliendo, uno de los sobrevivientes. También estuvieron Rodrigo y Margarita Jarque por la Comisión Provincial de la Memoria.
Las y los familiares expresaron su rechazo al ascenso ya que la subcomisario está imputada por "omisión de evitar tortura", delito que prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión y además mostraron su oposición a que la oficial siga cumpliendo servicios en Quilmes, el mismo partido en el que ocurrió la masacre.
La respuesta estatal fue vergonzosa: "El compromiso que se asumió es trasladar a la oficial de la dependencia que fue nombrada y avanzar con la resolución de su sumario administrativo que estaba asociado al juicio penal, que se pasó para el 2022".
Como publicamos en este diario, cuando desde los organismos de derechos humanos decimos que la impunidad sólo genera más represión y más impunidad no estamos haciendo uso de una licencia poética sino que estamos hablando de algo muy concreto.
Después de un año en que el empoderamiento de las fuerzas policiales de parte de los gobiernos nacional y provincial nos costó más de cuatrocientas muertes, en su mayoría de jóvenes, la designación de Guaquinchay Bogado por Berni vuelve a desnudar esta realidad que tenemos que enfrentar.
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