Como buen priísta, Meade respaldó la LSI y, como buen tecnócrata, la presumió frente a empresarios regiomontanos.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Miércoles 27 de diciembre de 2017
El pre candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, declaró en una reunión con la clase empresarial de Monterrey y funcionarios del mismo partido, todo su apoyo a la recien aprobada Ley de Seguridad Interior.
Así como las fuerzas armadas tienen un maco jurídico para actuar en casos de desastre, necesitan un marco para el combate a la delincuencia, que le brinde certeza a la población, declaró. La Ley siginfica “un paso adelante”.
Se abstuvo de hacer cualquier comentario referente a la oleada de violencia que se desató desde la salida del ejército a las calles con el pretexto del combate al narcotráfico, que particularmente en Nuevo León ha arrancado miles de vidas de jóvenes y mujeres.
Dio un espaldarazo cínico al mencionar que el PRI también tiene interés en combatir la corrupción, aconsejando a los empresarios regios que antes de contratar a cualquier empresa se aseguren de que no sea una empresa fantasma que busca lavar dinero.
Por supuesto, tampoco se refirió al reciente escándalo que lo involucra a él, al actual presidente Peña Nieto y al Secretario de Hacienda Luis Videgaray, en un desvío de recursos públicos federales para financiar campañas del PRI a nivel estatal. ¿Cómo asegurar que el dinero no proviene del crimen organizado cuando la empresa con la que se negocia es el Gobierno?
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La Ley de Seguridad Interior permite que el ejército y la marina patrullen libremente las calles y hagan uso de su fuerza para realizar funciones de investigación y detención relacionados con delitos dle fuero común. También les permite acceder a la información personal de la ciudadanía sin importar el método, legalizando el espionaje y dejando a criterio de los militares y marinos cuándo reprimir una movilización.
A menos de 7 meses de las elecciones presidenciales, las declaraciones de Meade a nombre del PRI confirman que el Gobierno Federal y los partidos del régimen buscan legalizar la militarización como elemento disuasivo ante el descontento sordo que se acumula contra el gobierno y los partidos del régimen por la falta de ayuda ante la catástrofe que provocaron los sismos de septiembre, los escándalos de corrupción y los planes aprobados este sexenio, como las reformas estructurales.
Sólo la movilización independiente del gobierno y en la calles, encabezada por las grandes organizaciones obreras como las centrales sindicales democráticas y de oposición, acompañadas del movimiento social, organizaciónes de derechos humanos, la juventud y las mujeres, pueden echar atrás las medidas reaccionarias del gobierno y los partidos que lo secundan.
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