POR LA LIBERTAD SEXUAL. [Medieval] Reaparece Escarrá para atacar los derechos LGTBI con argumentos arcaicos

En recientes declaraciones, Hermann Escarrá ratificó su rechazo al matrimonio igualitario, en el marco de la creación de un nuevo texto constitucional emanado de la fraudulenta Asamblea Constituyente (autoproclamada) plenipotenciaria y supra parlamentaria, que fue puesta en marcha hace un año por la camarilla gobernante, de la manera más arbitraria para gobernar a su real antojo. Nada de extraño tiene que el nuevo texto constitucional, que cuenta con la participación del propio Escarrá, esté siendo construido a puerta cerrada y de espaldas al pueblo.

Los (pseudo) argumentos usados por el diputado a la ANC para negar lo que es un derecho elemental, tienen resonancias de lo más oscurantista y patriarcal de las épocas cavernarias o de la dinastía Ming en la China imperial, en esta oportunidad el constituyentista sostuvo que el matrimonio entre personas del mismo sexo le resulta un hecho que va “contra el orden natural y biológico” en el mejor estilo de las tecnologías disciplinarias del cuerpo puestas en marcha entre los siglos XIV y XVIII, no contento con ella esgrimió además: “He sostenido invariablemente que rechazo lo que llaman el matrimonio igualitario y defiendo la familia y la vida, y lo haré cualquiera que sea la consecuencia”, primitivismo sin filtros.

Como veremos a continuación, tanto el contenido de sus declaraciones como los mecanismos y fines antidemocráticos con que intentan seguir reprimiendo derechos fundamentales en el marco de la ANC plenipotenciaria y supraconstitucional, son una muestra más de la decadencia de un régimen ultra bonapartista en Estado de excepción permanente que se pierde de vista en su deriva reaccionaria.

Cualquier argumento es "válido" para justificar posiciones reaccionarias

Llevando a cuestas más de 20 años de una supuesta revolución que contando con cualquier cantidad de Leyes Habilitantes, períodos de mayoría parlamentaria y con uno inclusive de mayoría absoluta, los gobiernos de Chávez y Maduro jamás dieron su brazo a torcer en materia del matrimonio igualitario, así como en el tema del aborto legal, seguro y gratuito, ni en una completa separación de la Iglesia del Estado.

Venezuela es uno de tantos países donde el matrimonio igualitario no es reconocido por la ley, esto es así toda vez que la Asamblea Constituyente de 1999 (la que preparó la Constitución vigente), hizo prevalecer las mezquindades y los intereses de sectores abiertamente conservadores y homofóbicos capitaneados por las iglesias católica y evangélica.

Para Escarrá se trata de defender con uñas y dientes la sociedad heteropatriarcal en el país, y se apoya en un texto constitucional que él ayudó a construir, sale en defensa del artículo 77 que brinda protección únicamente al matrimonio y a la “unión estable” en su forma monogámica y heterosexual, lo mismo sucede con el artículo 118 de la Ley Orgánica de Registro Civil, y con el artículo 44 del Código Civil, pero esto parte por concebir a la familia como “la asociación natural de la sociedad” (CRBV, Art. 75).

Pero en primer lugar la Constitución vigente no fue la expresión de un verdadero “poder originario”, sino un proceso institucionalmente controlado y ultra-limitado desde el punto de vista democrático un proceso totalmente limitado, ya que antes del referéndum el papel del pueblo fue solo elevar una que otra propuesta, asistir a alguno que otro debate, pero lo fundamental nunca estuvo en discusión ni al alcance de poder ser modificado por algún poder originario del pueblo trabajador: se consideraban inmodificables los compromisos internacionales adquiridos por los gobiernos anteriores –muchos de los cuales afectan los intereses nacionales y nos atan a la dependencia ante el capital imperialista, como los tratados de no doble tributación, o al misma deuda externa–, intocables también los fundamentos de la sociedad burguesa, como la propiedad privada capitalista y el libre comercio –que están en la base de la explotación y dominación de la clase trabajadora–, y así mismo no entraban entre lo modificable los supuestos religiosos que se imponen desde siempre sobre el Estado venezolano y sus leyes de control social; para garantizar que eso fuera así, había acuerdo entre todos los sectores, tanto el chavismo como quienes estaban en la oposición, así como los “poder fácticos reales” (el capital transnacional, el empresariado nacional, las iglesias, los medios de comunicación), frente a los cuales no hubo “poder originario del pueblo”.

Mucho menos atinan Escarrá o la Constitución en cuestiones científicas, dado que contra toda evidencia histórica, sociológica o antropológica, naturalizan a la familia hétero monogámica, que tan solo pudo ser producto de las antiguas sociedades patriarcales, reforzadas en el capitalismo y su Estado burgués, y que nada tiene de “natural”.

Estas concepciones arcaicas devienen asunto de Estado en Occidente de la mano con tecnologías disciplinarias y confesionales introducidas en (y por) la medicina, la psiquiatría y la pedagogía de los siglos XIV al XVIII, de allí la autonomización del sexo como flanco de ataques por parte del Estado y los mayores límites al ejercicio de la sexualidad, vigilada severamente por la institucionalidad republicana y burguesa, finalmente es con la aparición en los últimos 150 años de intensas revoluciones y luchas sociales, así como nuevos dispositivos disciplinarios y fuerzas productivas, tales concepciones pierden terreno y razón de ser.

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Pero está claro que para la Conferencia Episcopal Venezolana, las diferentes congregaciones evangélicas, el conservadurismo psuvista y el propio Escarrá, nada de eso tiene la menor importancia, si no existe ningún argumento científico, ni jurídico para negar a la sociedad venezolana lo que es un derecho elemental para la comunidad sexodiversa, estos factores se forman en bloque para acogerse de un burdo fundamento judeocristiano, heteropatriarcal y retrógrado, pretendiendo emplear el poder del Estado para darle continuidad a los anti derechos.

Presiones del clericalismo católico, evangélico y protestante

El matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los principales clamores de la comunidad sexodiversa en el país desde hace más de cuatro décadas, que gana popularidad en los 90’s en medio del auge de los movimientos sociales, y en los últimos 20 años producto de las conquistas del movimiento LGTBI en diferentes países y el crecimiento de las tecnologías de comunicación e información.

Dicha demanda y otras de los colectivos LGTBI, han sido llevadas a cabo casi en absoluta soledad, con la férrea oposición de la Iglesia católica y protestante, la represión y criminalización de las instituciones del Estado, especialmente la policíaca que la propicia y ejecuta, incluso con varias muertes homo-lesbo-trans a cuestas, los partidos tradicionales le han dado la espalda a sus demandas, y las alas conservadoras de los mismos no cesan de promover la hostilidad de la sociedad hacia la comunidad LGTBI.

La católica a pesar de sus recurrentes tensiones contra el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, siempre mantuvo sus dominios en materia moral, familiar y escolar, desde la llegada de Bergoglio al papado, mayor ha sido la búsqueda de acercamientos entre el gobierno nacional y el Vaticano, y mayores los compromisos adquiridos.

Repudiemos esas afirmaciones y actos oscurantistas y luchemos para conquistar los derechos por una verdadera libertad sexual

La gran mayoría de los sexodiversos siguen siendo discriminadxs en el trabajo, sin poder acceder a salud, a vivienda. Siguen siendo reprimidxs por la policía, discriminadxs y atacadxs por sectores reaccionarios. Es imprescindible la lucha por erradicar la discriminación y estigmatización hacia travestis, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, una pelea que debe ir acompañada por la lucha de todos los sectores oprimidos y explotados. Luchemos por la legalización de las uniones entre parejas del mismo sexo que así lo deseen.

El lugar de esta pelea, es en las calles y con independencia del Estado, los gobiernos de turno (como el actual de Maduro), los partidos patronales como los de la oposición de derecha y la Iglesia, que en alianza con los sectores más oprimidos y explotados y buscando la confluencia con la lucha de la clase trabajadora, encienda la chispa necesaria para conquistar los derechos de la comunidad LGBTI y abrir la pelea por la total liberación sexual en la lucha contra la alianza criminal entre el capitalismo y el patriarcado.

Las principales fuerzas que se disputan el control del país, en mayor o menor medida, se subordinan por completo a los intereses y lógicas opresoras y reaccionarias de las iglesias católicas y evangélicas. Infelizmente, aunque parezca un sinsentido, todavía existe quienes desde las filas del movimiento LGTBI en Venezuela defienden el texto constitucional vigente, alegando “conflicto de intereses” entre el mencionado artículo 77 y el artículo 21 que prohíbe todo tipo de discriminación, pretendiendo hacer del debate un mero asunto talmúdico y de la estrategia del movimiento un callejón sin salida.

Como decíamos, los plenos derechos para la diversidad sexual fueron excluidos del "proceso constituyente" del 99’, por lo que resulta realmente triste que en lugar de perseguir objetivos propios los sectores progresivos que se agrupaban bajo el liderazgo de Vaamonde fundando en el 2002 el llamado Movimiento Gay Revolucionario de Venezuela, se trazara como horizonte guindarle al movimiento LGTBI una dirección política orientada a servir de base de apoyo al gobierno.

Su estrategia basada únicamente en el “lobby parlamentario e institucional”, aspirando años más tarde a poder hacer directamente parlamentarismo, aunque sin lograrlo, precisamente porque el PSUV los engañó brutalmente al prometerles “cupos” en las fórmulas del partido, haciéndoles llevar a cabo incluso unas elecciones internas, para luego simple y llanamente negarles el cupo prometido. Esto solo sirvió para fortalecer las tendencias más conservadoras del chavismo, las mismas que más tarde exigirían su integración al PSUV, así fue como en el año 2008 fue creado el Bloque Socialista Unido de Liberación Homosexual, como una suerte de agencia política del colectivo LGBTI para dirigirse a las instancias gubernamentales, y para organizar Marchas del Orgullo identificadas con el gobierno.

Al ser el chavismo, como lo fuera antes el puntofijismo, incapaz de dar satisfacción a este derecho básico, no faltaron pequeños sectores –por lo general doblemente acosados– tentados a ver una salida a sus clamores en el discurso demagógico los partidos de la derecha aglutinados en la MUD.

A pesar de las batallas libradas por la comunidad LGTBI por sus derechos, y la mejor disposición a no dejarse doblegar por ninguna fracción política, en el escenario ultra polarizado de la política nacional hace años que para las Marchas del Orgullo LGTBI en el país la posibilidad de una única marcha viene perdiendo terreno frente al paralelismo y esto solo oxigena lo mejor posicionada que se encuentra bajo el actual estado de cosas el conservadurismo político y el poder de la Iglesia católica y evangélica.

Por lo que se hace ineludible la movilización contra este nuevo intento de limitar el derecho a decidir que ataca abiertamente a la comunidad LGTBI. La lucha por erradicar la discriminación y estigmatización hacia travestis, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales debe ir acompañada por la lucha de todos los sectores oprimidos y explotados. Por eso sostenemos que la unidad de las luchas de la comunidad sexo diversa, deben ir unidas al resto de las demandas democráticas de los trabajadores y el pueblo, con independencia frente a los límites que traten de imponer los partidos tradicionales el Estado y la Iglesia, haciéndola parte de la lucha por la edificación de un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.