Medio millón de personas se encuentran actualmente en una situación límite al dejar de percibir la prestación de desempleo y con un gobierno que no da solución.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Lunes 31 de agosto de 2020 23:05
EFE/EPA/Inma Mesa
La pandemia golpeó a millones de trabajadores y trabajadores en el Estado español que por decisión del Gobierno, patronal y burocracias sindicales fueron enviados a sus casas sin fecha clara de retorno y cobrando solo el 70% de su sueldo durante los primeros 6 meses y el 50% a partir del séptimo. Y a otros directamente quedaron desempleados y sin ningún tipo de ayuda.
Estas decisiones del gobierno “progresista” del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos han supuesto un duro impacto para miles de familias que se encuentran ante el imposible de hacer frente al alquiler o las facturas básicas. Además las prioridades del Ejecutivo y las negociaciones entre patronal y burocracias sindicales han terminado por dejar en la lona a otro sector, quienes estaban desempleados antes del Covid y que durante la pandemia dejaron de percibir el seguro de desempleo.
La avalancha de solicitudes de prestaciones desde finales de marzo, producto de los ERTEs, (suspensiones temporales) se sumaba a los 3,2 millones de desempleados que ya tenía el Estado español. De estos 3,2 millones de personas, el 34%, unos 550.000 se han quedado en estos últimos 5 meses sin ningún tipo de prestación o ayuda.
El Ejecutivo, junto a la patronal y burocracias sindicales pactó rápidamente la concesión de los ERTEs como método de salvaguardar lo máximo posible los intereses de los empresarios. Pero por contra no prestó atención a los millones de que no lograban conseguir un empleo y especialmente a los que iban a quedar en una situación dramática, esos 550.000.
Desde hace meses se negocia una ayuda para este medio millón de personas, pero más que una ayuda parece un mal chiste: 430 euros.
Pongamos de ejemplo el precio medio del alquiler en el Estado español, que a finales del 2019 rondaba los 819 euros ¿Puede ser considerado una ayuda una prestación de 430 cuando apenas alcanza el 50% del alquiler? Y esto eso sin tener en cuenta el pago de servicios y la canasta de alimentos.
Una lentitud inadmisible frente a la situación de crisis terrible de miles de familias que se encuentran actualmente sin ningún tipo de ingreso y que además de sufrir la precariedad salarial y la temporalidad del mercado laboral español, ahora se encuentran sin prestación y con la desidia del Ejecutivo central.
La lentitud en las acciones sociales y económicas del Gobierno no se circunscribe a la situación de estas 550.000 personas. El tan anunciado “Ingreso Mínimo Vital” que se aprobó en mayo es otro claro ejemplo de como el Ejecutivo desprecia a quienes menos tienen. La Seguridad Social sólo ha reconocido 6.000 prestaciones de este ingreso de las 750.000 solicitudes.
No es producto de la cantidad de volumen en las oficinas, de demora en las negociaciones o cualquier otro tipo de excusa que buscan dar diariamente Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos). Es producto de la prioridad política que el Ejecutivo ha tenido durante toda la pandemia: salvaguardar los intereses de la patronal.
Lo vemos en las prestaciones y ayudas, lo vemos en la Sanidad, donde ante el aumento de los casos siguen habiendo miles de camas de la sanidad privada sin tocarse, sucede con la Educación, donde ha falta de días reina la improvisación y la inseguridad para los estudiantes, profesores y trabajadores educativos.
La situación actual tiene razones políticas, por ello es urgente pelear por un programa de emergencia para las mayorías, que no priorice el beneficio de los capitalistas por encima de las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares.
