La minera Espejeras propiedad de Carlos Slim, hombre más rico del mundo, busca instalarse en Puebla atentando contra los pobladores y los ecosistemas de la región.
Viernes 20 de noviembre de 2015
El pasado jueves 12 de noviembre empleados de la minera Frisco, de la cual Carlos Slim Helú posee el 78% de las acciones, llegaron al municipio de Tetela de Ocampo en Puebla para dirigirse a la montaña donde se encuentran manantiales que abastecen a varias comunidades aledañas.
En la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT de 2013 se le otorga a la minera Espejeras, la cual pertenece a la minera Frisco, la manifestación de impacto ambiental para la exploración por un periodo de 2 años, con resolución desde septiembre de 2013, este trámite es sólo un “requisito para evaluar correctamente el proyecto”, según lo afirma la empresa.
No es la primera vez que se cuenta con su presencia en la región. En estos momentos, la minera Espejeras va por la tercera etapa de exploración, lo cual implica 27 perforaciones.
La concesión fue otorgada a la minera por el gobierno federal desde 2003 por un periodo de 50 años, es decir hasta el 2053.
Se busca la extracción de oro en la minera a través del procedimiento a cielo abierto, dicho procedimiento implica la inyección de agua y cianuro, esta práctica se da cuando los metales están en capas más profundas de la tierra, la cual tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente: gran consumo de agua, lo cual implica más agua para la empresa, menos para los pobladores de la región; contaminación de la tierra y el aire; destrucción de los ecosistemas y daños a la salud de las personas.
Tan sólo en la Sierra Norte de Puebla hay 98 concesiones para la extracción de minerales; además de megaproyectos relacionados con la minería, los hay en hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos.
En el caso de Tetela de Ocampo, y en muchos otros, la SEMARNAT juega como cómplice de las empresas ya que sólo se limita a elaborar trámites legales de no afectación al medio ambiente, aunque en la realidad las acciones llevadas a cabo por las empresas siempre son contaminantes, no sólo del medio ambiente, también afectan la salud de los pobladores y de sus trabajadores.
Esto también da cuenta de cómo el gobierno, a través de sus instituciones, favorece a los empresarios facilitándoles los medios legales para que instalarse y apropiarse de los recursos naturales.
En Tetela de Ocampo se encuentra la resistencia de los pobladores y las pobladoras, a quienes empleados de la minera les han hecho expresa la intención de la adquisición de territorio y ofrecido puestos de trabajo, ante los cuales se han negado, pues saben que de operar la minería a cielo abierto, las consecuencias medioambientales serán irreparables.
Se ha hablado de consultar a la población, la consulta se sustenta en lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual establece en el artículo 6 que se deberá “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Sin embargo, esta medida resultará obsoleta, pues estas medidas solamente sirven para aparentar una cara democrática- que aparenta integrar la opinión de los pueblos y comunidades- por parte del gobierno mientras acuerda con los empresarios su instalación en la zona, como lo expresa el hecho de que la concesión ya está hecha y ni el gobierno ni las empresas tomaron en cuenta los intereses de los pobladores y las pobladoras, lo cual era de esperarse, pues no van de acuerdo con sus intereses.
Las técnicas cada vez más complejas para la extracción de metales como la minería a cielo abierto o incluso la fractura hidráulica para la obtención de hidrocarburos son una forma más agresiva de extracción. Dichas técnicas se vuelven indispensables para los grandes capitalistas que buscan incrementar sus ganancias en detrimento del medio ambiente y la salud de la población. Estas manifestaciones son otra forma de acumulación de capital, y ante esta situación hay una clara complicidad entre el gobierno y sus instituciones con los empresarios.
Asimismo, el gobierno haciendo uso de la violencia legítima, acosa y ataca a los pobladores que quieran resistir ante el despojo que se sufre en sus comunidades. Puebla, sólo es un ejemplo de la voracidad con la que avanza el capital a través de los megaproyectos en todo el territorio mexicano.
