El ex funcionario del BCRA fue una figura clave para legalizar la estatización de la deuda privada contraída durante la dictadura por las grandes empresas, entre ellas las de la familia Macri.
Martes 22 de diciembre de 2015
Fotografia: www.bigbangnews.org.jpg
En el día de ayer se oficializó el nuevo directorio del Banco de la Nación Argentina (BNA). Carlos Melconian (presidente) será acompañado por Jorge Lawson, ex ministro de Industria, Comercio, y Minería de De la Sota, y quien había sido vetado por Hugo Moyano para hacerse cargo del Ministerio de Trabajo. El cordobés se ha desempeñado como asesor de numerosas cámaras empresarias y grandes empresas como Celulosa SA, Arcor, o el Grupo Osde, entre muchas otras.
El director general de la entidad, que además cumple la función de vicepresidente del BNA, será Enrique Szewah, economista jefe del “think tank” neoliberal Fundación de Investigaciones Económicas (FIEL) durante los 80 y 90.
Quien se desempeñará como presidente de la entidad, el economista Carlos Melconian, ocupó el centro de la escena durante gran parte de la campaña electoral de Macri, hasta que bajó su perfil para evitar que su prontuario saliera a la luz en plena campaña electoral.
En 1986 Melconian ocupaba el cargo de Jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. Allí, firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, donde se pedía anular la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a principios de los ochenta.
De esta manera, el actual presidente del BNA, se convirtió en uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, ideó Domingo Cavallo como presidente del BCRA durante la dictadura.
Según un informe de Maximiliano Montenegro para Página/12, “el equipo de auditores del Central había detectado autopréstamos, créditos ficticios y otras maniobras dolosas por 6000 millones de dólares. Sin embargo, esas operaciones cuestionadas fueron registradas como legítimas y cargadas a la deuda pública argentina”.
Entre los principales beneficiarios de dicha maniobra se encontraban las mayores compañías del país, entre ellas el grupo Socma, de la familia Macri.