El último 24 de marzo sintetizó varios elementos del escenario político. Por un lado, la ofensiva negacionista del gobierno: el retorno de un relato histórico que busca empalmar con el “plan motosierra”. Por otro, una enorme demostración de que hay fuerzas para enfrentarlo. Cientos de miles salieron a las calles de todo el país, entre ellos, muchísimos jóvenes. En el medio, las centrales sindicales, centros de estudiantes y conducciones políticas, centralmente del peronismo y el radicalismo, que apuestan a luchas aisladas o a la espera pasiva hasta las próximas elecciones.

El retorno del negacionismo

Como parte de su “batalla cultural” el gobierno lanzó el 24 de marzo, mediante las cuentas oficiales (en un acto bastante estatista, dicho sea de paso), un video en donde pretende argumentar la necesidad de una “memoria completa”. No se les ocurrió mejor idea que utilizar como relator del video al “Tata” Yofre (¿genios de la comunicación?), un periodista empleado por la última dictadura (también había trabajado en el Palacio San Martín durante el gobierno de Onganía), luego jefe de los servicios de inteligencia del menemismo, consultor del grupo Bunge y Born, y escritor de varios libros apologéticos del terrorismo de Estado: un tipo de la casta para defender a la casta militar que perpetró el genocidio.

Se podrían decir muchas cosas del video pero les dejo esta nota que lo analiza bien. Me gustaría rescatar dos ideas. La primera es su mención al “curro de los derechos humanos”. Yofre señala como ideólogos del mismo a Eduardo Luis Duhalde y a Rodolfo Ortega Peña, sin decir que este último fue asesinado en 1974 por la triple A, la política parapolicial del peronismo. ¿Memoria completa?

La segunda es la insistencia en desmentir y deslegitimar el número de 30 mil como bandera histórica de reclamo por los desaparecidos, asociada burdamente al kirchnerismo, como si no hubiese habido más de 20 años de lucha previa en la que esa consigna fue ganando fuerza en amplios sectores de la sociedad que exigieron Juicio y Castigo a los genocidas. Si hay un verdadero reclamo por una “memoria completa” es ese: exigir al Estado que abra todos los archivos civiles, militares y empresariales, que se sepa qué pasó con los desaparecidos y con los niños apropiados, que se desmantelen los servicios de inteligencia que ocultan la información. Si se quiere cuestionar el número, empecemos por ahí. Ningún gobierno desde el ‘83 lo hizo y Milei, en eso también, protege a “la casta”.

Pero ese negacionismo no es sólo una cuestión del pasado. Toda historia es historia contemporánea. El gobierno de Milei representa un nuevo intento histórico de las clases dominantes de nuestro país, ligadas por mil y un lazos al imperialismo, de volver a infringir una derrota a la clase obrera para reestructurar el país alrededor del capital financiero.

En ese sentido, la “memoria completa” de la que habla, obviamente exime de toda responsabilidad (como lo han hecho gobiernos anteriores) a la clase empresaria. Un ejemplo es el grupo Techint, de Paolo Rocca, uno de los principales aportantes de campaña para el triunfo de Milei (Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio SA, una constructora del grupo aportó 20 millones, estando entre los principales cinco “accionistas” de LLA). Como premio, el grupo se quedó con el manejo de YPF, donde pusieron a Horacio Marin, proveniente de Tecpetrol, la empresa del grupo en Vaca Muerta y colocaron a Julio Cordero, abogado de la empresa, nada menos que en la Secretaría de Trabajo (ex Ministerio de trabajo), desde donde se comandan los despidos en el sector público de los últimos días.

Los Rocca llegaron a armar un centro clandestino de detención en un predio de la empresa, en el club Villa Dálmine, en Campana. Siderca, Propulsora y el resto de las fábricas del grupo estuvieron entre los más golpeados por la represión, con por lo menos 75 desaparecidos. Por eso, el otro día en el enorme paro y movilización de los trabajadores de Siderca en reclamo a la virtual paralización de la planta, se escuchó: “Techint, basura, vos sos la dictadura”. El mismo canto que se oyó en varias dependencias del Estado el miércoles pasado, cuando se comenzaron a anunciar los despidos.

Pese a que Martín Menem no lo pueda entender, la memoria histórica reaparece en los momentos de lucha. Desde ya, como toda memoria, sufrió olvidos, omisiones y distorsiones que deben ser discutidos. Pero existen ciertas tradiciones latentes, que son reanimadas ante los intentos de perpetuar una amnesia sobre el pasado. Por eso, aunque “no lo vivieron”, jóvenes de 20 años, e incluso menos, se movilizaron por decenas de miles el último 24 de marzo. De ese modo, se vio en las calles una fuerza social con la potencialidad de disputar el sentido de la flecha en la situación actual.

Las deudas de la democracia

Fueron muchos los sectores que se pronunciaron en contra de los discursos negacionistas del gobierno. Sin embargo, en varios casos, esta crítica, fundada y correcta, se entremezcló con un embellecimiento del periodo democrático. Esto ya había ocurrido en diciembre del año pasado, cuando se cumplieron 40 años desde el fin de la dictadura, y sobre lo que escribimos acá, acá y acá. Como hemos señalado, no se trata sólo de una cuestión histórica. La crítica profunda a la “democracia de la derrota” surgida en el 83 es la única forma de entender dónde estamos parados actualmente y poder encarar lo que se viene.

En su carta abierta de marzo de 1977, Rodolfo Walsh denunciaba la “miseria planificada” que estaba gestándose en el gobierno militar. Los 40 años de “democracia” trajeron bajo el brazo una pobreza que alcanzó al 41,7% de las personas y al 31,8% de los hogares en el segundo semestre de 2023. La indigencia alcanzó al 11,9%, es decir, unas 5,5 millones de personas. Walsh señalaba que aquel año la deuda externa alcanzaba una proporción de 600 dólares por habitante. Al finalizar 2023 la cifra de la deuda total en dólares es de 392.000 millones de dólares, lo cual representa unos 8604 dólares por persona.

La dictadura sentó las bases para profundizar un coloniaje que hoy tiene su máxima expresión en el régimen del FMI: un modelo basado en la idea de que gran parte de los dólares que genera el país (vía extractivismo, ajustes y saqueo de los bienes naturales) serán enviados al pago de la ilegítima e ilegal deuda externa. Parte del sustento jurídico para esta realidad hunde sus raíces en la continuidad del marco legal impuesto por los militares: de las 4.449 leyes que integran actualmente el andamiaje jurídico, casi mil fueron promulgadas bajo regímenes dictatoriales. 417 vieron la luz durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, entre ellas, la “Ley de entidades financieras”, al servicio de banqueros y buitres que desregularizó la actividad bancaria, descentralizando los depósitos y liberando las tasas de interés, favoreciendo de este modo los negocios especulativos.

El ajuste de Milei, Caputo y Sturzenegger pretende cristalizar esta situación como una realidad estable de la estructura política argentina. Y para eso se apoya en las condiciones de precarización y fragmentación de parte de la clase trabajadora que se asentaron con las leyes flexibilizadoras durante el menemismo (con complicidad de la burocracia sindical) y que luego ningún gobierno revirtió. Por eso, hoy pretenden despedir trabajadores estatales con hasta 20 años de antigüedad que son contratados año a año para facilitar su despido sin indemnización. La ofensiva sobre Aerolíneas Argentinas comienza entre los tercerizados de GPS. Lo mismo sucede en las universidades públicas, en el sistema de salud, donde los presupuestos de miseria dejaron al borde del abismo todo el funcionamiento del sistema. Empiezan por los eslabones débiles que dejaron estos años, que son muchos.

Por lo tanto, la oposición a Milei, para ir hasta el final, tiene que ser también una crítica a esta herencia. La idea según la cual para enfrentar a Milei podemos o tenemos que comer cualquier sapo tiene patas cortas. Baste en este caso con una memoria de corto plazo: Scioli (el que iba a enfrentar a la derecha de Macri) terminó dentro del gobierno de Milei; Massa (el que iba a cuidar los derechos) terminó trabajando en un fondo Buitre; y Alberto Fernandez, bueno, terminó con el triunfo de Milei. La perspectiva no puede ser volver para atrás. Enfrentar a un gobierno pro-genocidio con la carta de la “defensa de la democracia” heredada, es un arma impotente para reunir a una mayoría capaz de derrotarlo. Sobre todo si tenemos en cuenta que parte de la base de apoyo de Milei está entre quienes salieron perdiendo en estas últimas décadas.

Por eso, hizo ruido que en uno de los actos del 24 de marzo en Plaza de Mayo, que reunió a los organismos históricos de Derechos Humanos, se haya evitado mencionar la responsabilidad de la burocracia sindical en haber dejado pasar los ataques de los últimos años (con una inflación galopante) y los que sucedieron desde el 10 de diciembre con miles de despidos, reducciones salariales y quitas de derechos, etc. Desde el propio público se escuchó el reclamo de “paro general”, evidenciando este malestar. También hizo ruido cierta victimización de los gobernadores, cuando se habló de que el gobierno nacional los quería “extorsionar” con el Pacto de Mayo, cuando se sabe que son los aplicadores del ajuste en sus provincias.

En las redes sociales, en esa misma sintonía, sectores del peronismo destacaron que Martín Lousteau haya encabezado la columna de la UCR y que hayan mostrado una nutrida delegación en la marcha. Un representante de la Juventud Radical dijo que la columna fue “histórica” y que no se veía esa actividad del radicalismo en las últimas tres décadas, reafirmando sus “valores democráticos”. Pero esa mística no resistió el primer interrogante. En Radio Con Vos, Alejandro Bercovich le preguntó “¿Y porqué no se movilizaron así en los últimos 30 años?”. Tampoco aguantó la segunda: “¿A Luis Petri, cuestionado por la Juventud Radical, no lo banca el gobernador de Mendoza, también radical y del que no se dice nada?”.

Está claro que para enfrentar a este gobierno es necesario realizar la más amplia movilización en las calles, lo cual incluye confluir entre quienes tenemos opiniones políticas distintas. Eso intentamos sostener desde El Encuentro Memoria Verdad y Justicia y desde la izquierda, planteando la necesidad de que haya una sola marcha con dos documentos. El motivo tenía que ver con expresar una postura de Independencia política, en donde justamente se pueda dar cuenta de la lucha de todos estos años por los derechos humanos gobierne quien gobierne, hablar de Julio López, de los desaparecidos y muertos en democracia, pero también de la necesidad de medidas de lucha efectivas, de una exigencia a la CGT y a la CTA de un paro general para frenar a este gobierno. La propuesta fue rechazada, y la postura intransigente, nuevamente, tuvo que ver con evitar cuestionar a la burocracia sindical, a los gobernadores y a la “herencia” recibida.

Desde ya, cuestionar a los gobernadores y a los gobiernos que llevaron adelante el ajuste en estos años no es para nada funcional a la estrategia de “espera pasiva” que propone el peronismo. “Que le vaya mal a Milei y luego volvamos nosotros”, parecen decir por lo bajo algunos dirigentes pejotistas, los centros de estudiantes dirigidos por el kirchnerismo, una parte importante de los movimientos sociales, y la burocracia sindical. ¿Pero en el medio qué? ¿Volverán a gobernar sobre tierra arrasada? ¿Sobre un 80% de pobreza? Por eso el descontento, la bronca y el legítimo odio a este gobierno hambreador no puede quedar en eso. Es necesario transformar la enorme movilización del otro día, la muestra de repudio al gobierno, en una verdadera fuerza social capaz de derrotarlo.

Memoria para reincidentes

La dictadura realizó un genocidio de clase que intentó terminar definitivamente con el ciclo de ascenso obrero y popular comenzado en 1969 con el Cordobazo. El plan económico neoliberal, para el cual sentaron las bases, lo terminaron de implementar los gobiernos “democráticos”, particularmente el menemismo. En otro artículo, repasando el libro de Juan Carlos Torre, El Gigante Invertebrado, señalamos que cuando Menem llega al gobierno y emprende las reformas neoliberales, lo hace con la complicidad de las direcciones sindicales. Estas reformas reestructuraron el mundo del trabajo, destruyendo en gran escala los puestos de trabajo, ampliando vastamente el universo del trabajo informal, provocando la caída del salario y el incremento de la desocupación: tendencias que profundizaron la fragmentación de la clase trabajadora. Con ello, además, se intentaba borrar sus tradiciones, quitarle la memoria del enorme poder de fuego desplegado en el período 1969-1976, con picos de combatividad y creatividad, como las jornadas de junio y julio de 1975 contra el Plan Rodrigo. Éstas, conllevaron la puesta en pie de coordinadoras interfabriles de trabajadores, verdaderos embriones de poder obrero, como nos cuenta en esta entrevista para Armas de la Crítica a Facundo Aguirre.

Una vez hecho el “trabajo sucio”, esa misma burocracia sindical, pero también las conducciones políticas, los centros de estudiantes dirigidos por el radicalismo y el peronismo, y los movimientos sociales cooptados por el aparato estatal, se encargaron de sostener aquella división: entre trabajadores formales, los “grises” de la precarización y los no registrados, entre ocupados y desocupados, o apelando a la desigualdad de género y racial. También a la división entre obreros y estudiantes, borrando la tradición histórica de los “azos”, como el tucumanazo, el rosariazo o el propio cordobazo, en donde la vanguardia obrera se fusionó con una juventud radicalizada.
Esa división, uno de los grandes “logros” de la dictadura y de los 40 años de “democracia”, permite que los ataques pasen, al tiempo que bloquea la articulación de una poderosa fuerza social que puede derrotar los planes de ajuste.

Por eso, hoy toda lucha aislada está condenada al fracaso si la pensamos desde el punto de vista de derrotar el plan de Milei. Las acciones rutinarias, los paros testimoniales o por sector, son parte de perpetuar esa división, mientras por arriba los empresarios cierran filas. Lo mismo vale decir, una vez más, de la ilusión de que se puede esperar a las próximas elecciones para expresar el descontento y el rechazo a este gobierno. El ataque es ahora y la respuesta tiene que ser ahora. Dividir las luchas es restar fuerza: ¿Por qué muchos estudiantes universitarios que también son empleados estatales deberían pelear por separado contra el ajuste en la universidad y contra los despidos en el sector público? ¿Por qué los tercerizados de Aerolíneas Argentinas despedidos deberían realizar acciones separados cuando hay un ataque a todas las empresas públicas? ¿Por qué las asambleas barriales que se movilizaron contra la ley ómnibus y contra el DNU deberían hacer acciones distintas de los trabajadores de Télam o del INCAA cuando los ataques están garantizados en aquellas leyes? ¿Por qué los docentes deberían pelear cada uno en su provincia cuando hay un ataque a la educación pública en todo el país?

No hay razones para que sea así, más que una explícita vocación de división por parte de las conducciones actuales. A lo cual, se suman años de desmovilización promovidos por las mismas conducciones, bajo la perspectiva de que los cambios no venían “desde abajo” sino desde el Estado. Nuevamente haciendo memoria, se vienen los recuerdos de 2017, cuando las conducciones peronistas planteaban que nos teníamos que ir de la calle porque “había 2019”: hubo y fue Alberto Fernández. Hoy, el ajuste a los jubilados está otra vez sobre la mesa. Está claro que ninguna conquista puede ser duradera si no es acompañada de la movilización y la organización.

La mejor demostración de que esas divisiones no son “naturales” es que en pequeño, y pese a esas mismas conducciones, esas luchas comienzan a mostrar una perspectiva diferente. Así fue en las asambleas estudiantiles de la semana pasada, donde estuvieron presentes los trabajadores de Télam, de INCAA, de GPS y de CONICET. Así fue también en la puerta del aeroparque el pasado miércoles, donde se reunieron distintos sectores en lucha, entre ellos representantes de varias asambleas barriales, con la consigna de “Aerolíneas no se vende”.

En las universidades comienza a expresarse el descontento con paros y jornadas de clases públicas, pero es necesario empezar a coordinar entre docentes, no docentes, becarixs y estudiantes de las distintas facultades, en una gran asamblea del sector que defina un plan de lucha para que nadie se quede afuera. Que ese plan incluya un paro activo y una gran movilización universitaria de todos los sectores. Las federaciones universitarias y los centros de estudiantes sacan declaraciones de defensa de la educación pública, pero no llaman a medidas de lucha que estén a la altura de lo que el ataque amerita: ni unificando fuerzas con estudiantes de todas las universidades, ni buscando coordinar con otros sectores en lucha. En algunos casos, hasta acompañan las medidas de “auto ajuste” de las gestiones, que recortan derechos bajo el argumento de la supervivencia. En el caso de la UBA, las conducciones se sostienen desde hace dos años con mandatos prorrogados por no haber llamado a elecciones. Están totalmente descolgadas de los estudiantes. Hay que llevar el espíritu de las asambleas barriales del AMBA, ejemplo de organización democrática desde abajo, a las universidades.

Un camino es generalizar aquellos iniciales símbolos que van en otra dirección: unir, coordinar, juntar fuerzas, mostrar una mayoría contundente que rechace el plan motosierra. Decidir y deliberar un plan de lucha serio, desde las bases. En las universidades, en los lugares de trabajo, en las asambleas, en los grupos de coordinación de despedidos, tiene que surgir esta tarea junto a la exigencia a las conducciones: que la CGT y la CTA convoquen a un paro general con movilización y plan de lucha hasta derrotar el ajuste de Milei.

Hay un 44% que no votó a Milei. La jornada del último 24 expresó una parte de ese sector, evidenciando la capacidad de movilización. Pero no se trata sólo de resistir. Esas fuerzas, coordinadas, organizadas y decidiendo colectivamente un plan de lucha para enfrentar a este gobierno, pueden cambiar el signo de la situación política. No está dicho que el experimento derechista de Milei vaya a triunfar. De hecho, el propio gobierno está envuelto en permanentes contradicciones, debilidades y crisis internas (con los gobernadores, en el propio partido de gobierno, en el congreso). No es un “monstruo invencible” como se vio en las jornadas contra la Ley Ómnibus. Esa fuerza organizada puede darle un golpe decisivo en su otro punto débil: las calles. Y desde ahí torcer el curso derechista de la situación para plantear cambios estructurales en el sentido de una salida donde la crisis la paguen los capitalistas, para lo cual es necesario unir al pueblo trabajador, la juventud y las mujeres contra Milei y el poder económico saqueador, como proponemos desde la izquierda.

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Siempre me gustó el título de un documental sobre los 70 que aprovecho para recomendar: “Memoria para reincidentes”. Porque la palabra reincidente remite a quien intenta de nuevo, a quien no se queda quieto tras la derrota. Y la memoria refiere a no intentarlo de nuevo cometiendo los mismos errores, sino aprendiendo de ellos. Algo así como “el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón”. Además, implica escribir otra historia, distinta a aquellas que quieren quitarle el contenido revolucionario a la etapa. Estamos ante una lucha difícil, de largo aliento y que recién comienza. Volver sobre el pasado no pretende tener ni un aire melancólico de las luchas que fueron, ni un recuerdo trágico de lo que se vivió, sino que se encara como una búsqueda para reincidir mejor.