El domingo 12 de abril en la ciudad de Tunuyán, la policía local golpeó brutalmente a dos jóvenes, uno de ellos fue internado en hospital de la localidad, después de presentar signos neurológicos.
Miércoles 15 de abril de 2020 12:04
En el último comunicado de CORREPI, se relata que el hecho ocurrió este domingo 12 de abril. Un grupo de amigos que se encontraban fuera de un restaurante, se asustaron al ver que la policía se acercaba al lugar y huyeron. Uno de ellos, Kevin, que es menor de edad, lo hizo en su moto y fue perseguido por la policía, que cuando lo alcanzó comenzó a golpearlo. Él y su hermano Ezequiel fueron detenidos y llevados a la comisaría, donde Kevin comenzó a presentar signos neurológicos, por lo que lo trasladaron al hospital, donde le dieron de alta sin realizarle estudios.
Más tarde, Kevin comenzó a vomitar sangre y tuvo que ser llevado nuevamente al hospital. Allí, debió ser operado de urgencia, ya que presentaba graves lesiones en su hígado. El parte médico indica que el joven llegó con el hígado desprendido y con tres fisuras en el mismo.
Kevin se encuentra en observación, y según su evolución se decidirá si se debe realizar otra intervención quirúrgica, según informa Vanesa de CORREPI: “Kevin está mucho mejor, pero se está esperando que evolucione bien, sino deberán operarlo otra vez y sería la tercera, ya que presentaba un estado muy delicado cuando fue llevado al hospital.” Mientras que a su hermano Ezequiel lo liberaron el día lunes.
El Valle de Uco es una región con alta tasa de suicidios juveniles, donde lxs jóvenes no encuentran trabajo o son precarizadxs en trabajos rurales o del sector de servicios, una región en la que la oferta cultural y educativa es reducida y para acceder a ella se deben recorrer grandes distancias sin boleto gratuito ni recorridos y frecuencias de transporte público adecuadas. Frente a estas situaciones, el Estado está ausente o interviene para empeorar la situación: por ejemplo, intentando cerrar carreras en los Institutos de Educación Superior o aumentando el boleto y ocasionando que cientos de jóvenes abandonen sus estudios por ese motivo, exigiéndoles durante la pandemia que continúen estudiando de manera virtual aunque en la zona donde vivan no llegue la conexión a Internet o no tengan siquiera para comer porque el aislamiento obligatorio les impide salir a trabajar. La única respuesta del Estado a la juventud es la precarización laboral, el hambre y la represión.
Es imprescindible que toda esta situación se denuncie públicamente, y en el caso de Kevin, se señale tanto a los ejecutores policiales como a los responsables políticos.
Este caso se suma a cientos de todo el país: sin ir más lejos, la semana pasada también en Mendoza fue detenido violentamente un chico menor de edad que barría para poder comer.
La represión policial durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19 está atravesada por una cuestión de clase: hay que repudiar el brutal despliegue de las fuerzas represivas ya que mientras a algunxs jóvenes les piden por favor y los acompañan a sus casas, a otrxs de sectores populares lxs persiguen y golpean.
El gobierno intenta instalar en la opinión pública la idea de que los policías son los “héroes” de esta guerra, una guerra contra un enemigo invisible el “virus”. Pero lejos de esto, lo único que hacen las fuerzas represivas es maltratar a los sectores de la clase trabajadora que más están sintiendo esta crisis económica: largando balas de goma a trabajadores que reclaman por sus puestos de laburo como sucedió la semana pasada en el Frigorífico Penta o pegándole a lxs pibes hasta dejarlos internados.
