Este jueves se realizó en Washington una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en ella el Estado argentino presentó una oposición a la modificación del Comité Provincial de Prevención de la Tortura
Jueves 23 de julio de 2020 16:35
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura controla espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad: cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. Además observa, registra y entrevista atento a las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Dicho organismo puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial a fin de prevenir y erradicar la tortura.
El Presidente de la UCR y ex Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo es el autor de dicha reforma, este proyecto de ley se realizó el año pasado, pero ahora se impulsó nuevamente a través del Ministerio de Seguridad de la provincia y busca ser aprobado por el oficialismo en la legislatura provincial, se trata de la modificación de la ley 8284, que contempla el funcionamiento de esta Comisión.
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La presentación solicitó “que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dirija en forma directa a las autoridades legislativas de la Provincia de Mendoza a los efectos de que se abstengan de dar sanción legislativa al proyecto de ley que modifica el Comité Provincial de Prevención de la Tortura por resultar incompatible con el derecho internacional, como al incumplimiento del acuerdo de solución amistosa”.
Este organismo ha denunciado tratos crueles y degradantes en cárceles provinciales como Boulogne Sur Mer y San Felipe. Además esta reforma tiende a generar mayor vulneración de derechos a personas que se encuentran privadas de libertad.
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De la audiencia participaron como representante del Estado argentino, doctor Javier Salgado; y los abogados peticionantes Dr. Pablo Salinas y Dr. Diego Lavado.
En diálogo con el abogado Salinas referentes de Derechos Humanos en Mendoza, docente universitario y miembro de Xumek nos cuenta que “quieren destruir el Comité, quieren eliminar todo tipo de control sobre las cárceles, geriátricos, o cualquier persona que esté en algún tipo de encierro”.
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Además Ana Sosino, Trabajadora Social y miembro del Comité nos explica que “entre otras reformas regresivas en materia de derechos humanos, reduce la participación de la sociedad civil de doce personas a solamente una. De esta manera, la proyectada ley garantiza la invisibilidad de la tortura y los malos tratos en lugares de encierro, como cárceles y comisarías.
Por otro lado, la reforma, busca que los procuradores sean 4 personas designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, eliminando el concurso público de antecedentes, de este modo se pone en riesgo la idoneidad, la transparencia e independencia del Procurador, ya que su nombramiento dependerá de la cercanía política con el poder de turno, es decir quienes quieren estar en este espacio son justamente los que deben ser controlados” agrega.
