El PAMI, luego de quitar a la gran mayoría de los afiliados el acceso gratuito a los medicamentos, hoy deja al 10% de los jubilados sin atención por la finalización de convenios con tres clínicas privadas.
Viernes 9 de junio de 2017 13:15
Durante esta semana se dio a conocer la noticia de que 25.000, de un total de 225.000, jubilados dejarían de tener atención médica, a fines de junio, debido a una medida que tomaron desde el PAMI: finalizar los convenios con tres importantes clínicas de la provincia.
Se trata del Hospital Santa Isabel de Hungría, ubicada en Guaymallén y donde se verán afectados unos 4000 afiliados; la Sociedad Española de Socorros Mutuos, con unos 21.000 jubilados, y la clínica oftalmológica Ojos Caimarí, ambas de Ciudad.
Según Carlos Valcarcel, titular de la obra social en la provincia, señaló que la clínica Santa Isabel decidió no continuar prestando servicio porque no les convenía económicamente; en cuanto a la suspensión del convenio de la Sociedad Española, fue por decisión de la obra social ya que “no está capacitada ni asistencialmente, ni administrativamente, ni ediliciamente”; y por la clínica oftalmológica, declaró que “estaban dando un poquito más de prestaciones de las que el estándar permitía”.
Valcarcel informó que la mitad de los jubilados que recibían atención en la Sociedad Española serán reubicados en la clínica Santa Clara; aunque para el resto aún no hay información certera, la cual deberá determinar el PAMI a fines de este mes.
Pero esta es sólo una, de tono más grave, de tantas malas noticias que vienen recibiendo los jubilados mendocinos, ya que el PAMI quitó la cobertura del 100% en los remedios a 76 mil asociados locales y, además, viene atrasado en la entrega de sillas de ruedas, colchones antiescaras y material ortopédico.
Se trata de un verdadero ajuste que está golpeando al bolsillo de los jubilados y que lo pagan ellos junto a las trabajadoras y los trabajadores, con un gobierno que ajusta mediante los presupuestos austeros y las paritarias de miseria; pero que aumenta las dietas de sus legisladores y jueces en más de 15 veces el salario del trabajador promedio, y que reprime y criminaliza a quienes reclaman por sus derechos.
