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Red Internacional
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Derechos humanos. Mendoza: el terrorismo de Estado y la violencia hacia las mujeres

A 45 años del golpe genocida, retomamos la discusión sobre la incorporación de la figura de violencia sexual como delito de lesa humanidad con la intención de mostrar cómo el plan de exterminio tuvo su especificidad con las mujeres

Martes 23 de marzo de 2021 11:59

Durante los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad en Mendoza, en la Megacausa IV se escucharon testimonios, alegatos de la querella, pruebas, imágenes, archivos, donde los acusados no son solo los militares con responsabilidades directas y con diversos niveles de decisión, sino que se juzgó a jueces y fiscales que fueron parte esencial de este plan sistemático de exterminio que fue la última dictadura. Mendoza aún busca a más de 250 desaparecidos.

Este plan de exterminio necesariamente tenía que terminar con lo que, según los preceptos ideológicos y morales de sus impulsores y defensores, eran la avanzada de la transgresión a la moral y el lugar que se les había otorgado en la sociedad. Esas eran las mujeres. Las que dejaban de lado sus “obligaciones domésticas” para salir de sus casas a tomar el cielo por asalto. Las transgresoras merecían, según los genocidas, ese profundo odio que tenía sus consecuencias materiales en humillaciones y vejámenes, en una brutal violencia contra las mujeres impulsada por una misoginia atroz.

En esta causa la abogada del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de Mendoza, Viviana Beigel argumentó sobre la incorporación de la figura de violencia sexual como delito de lesa humanidad. La denuncia pretende demostrar cómo el plan de exterminio tuvo su especificidad con las mujeres. Años antes del golpe genocida, se multiplicaban las campañas donde se instaba a las mujeres a retomar “su lugar en la sociedad”. En la prensa de la época, tenían lugar las opiniones de la Liga de Madres de Familia, la Iglesia Católica y demás organizaciones religiosas. Los medios apelaban a una restauración en los roles tradicionales de género haciéndoles saber a las mujeres que quien se atreviera a salirse de eso sería castigada.

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Luego, bajo la jefatura del Vicecomodoro Julio Cesar Santuccione se modifica el Código de Faltas y se pone en marcha el Comando Pío XII que se ocupaba de atacar a las mujeres en situación de prostitución con detenciones, torturas y hasta la muerte en nombre de “resguardar la moral”. Todas ellas tachadas de enemigas de esa moral que esgrimían y defendían los genocidas. Estas son algunas muestras de cómo actuaba la represión en años previos al golpe, pero que marcaría sus principios ideológicos.

Los genocidas actuaron ensañados contra las mujeres. Por ser mujeres militantes políticas y sociales, el trato era particularmente brutal, incluso participando en las crueldades a hijas e hijos en los casos de las que ya eran madres. Es que ellas rompían con los prototipos del costumbrismo de la época difundido por los principales medios masivos de comunicación.

Las militantes eran concebidas por los genocidas como mujeres crueles, capaces de abandonar a sus hijos o ponerlos en peligro. Con este marco, se acusó a Alicia Cora Raboy, compañera del poeta Paco Urondo, en el titular que anoticiaba de su detención. El titular del diario era contundente con su mensaje, “Abatieron en Mendoza a un delincuente subversivo. Usan como escudo a un niño”.

Ante tanto horror la justicia fue cómplice. Los fiscales y jueces que hoy son juzgados han sido acusados directamente por las víctimas y sus familiares, quienes en la búsqueda desesperadas de sus seres queridos recurrieron a estos con respuestas terribles donde incluso el denunciante de una situación de desaparición terminaba siendo tratado como un criminal. Casos que respaldan esta afirmación hay suficientes como para que hoy, esos jueces y fiscales estén en el banquillo de los acusados.

Mujeres militantes, enemigas de los valores establecidos

Ana María Moral, le escribió a su madre que la revolución era un acto de amor y una guerra contra la injusticia y el hambre. Gisela Tenembaum, a los 21 años era una avanzada estudiante y una eximia nadadora. Mercedes Vega de Espeche, brillante médica y militante del PRT. Susana Bermejillo, quien a los 25 años ya era profesora de Literatura y estaba a punto de recibirse en Filosofía, cuando fue secuestrada y asesinada. Moral, Tenembaum y Vega siguen desaparecidas.

Las denunciantes que pudieron contar la violencia que sufrieron en los años de detención, relataron que fueron llevadas junto a sus hijos e hijas y que tras permanecer algunos días en centros clandestinos, fueron entregados a otros familiares. Algunas de ellas fueron Ana María Bacovic, Anabel Tortajada, Elena Sevilla, Silvia Ontiveros, Stella Maris Ferrón, Alicia Morales y María Luisa Sánchez Sarmiento, entre otras. Malas madres, malas hijas, malas esposas, así eran tachaba las militantes y las mujeres que fueran solidarias con ellas, también.

En su último alegato Viviana Beigel remarcaba cómo la represión actuó contra el entorno solidario con los perseguidos, y que aun así esa solidaridad se profundizó aún más, no pudieron mitigarla ni callarla.

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Causas emblemáticas

La abogada, Viviana Beigel repasó 10 expedientes de mujeres desaparecidas y/o detenidas en los que la Justicia Federal les dio tratamiento similar, con la sucesiva declaración de competencia, el sobreseimiento y especialmente el rechazo sistemático de los Habeas Corpus a pesar de que en todos se incorporaban pruebas que obligaban a que hubiese investigaciones.

María Silvia Campos, Zulma Pura Zingaretti, María Leonor Mércuri, Ángeles Gutiérrez de Moyano y Elvira Orfila Benítez, todas desaparecidas, podrían haber corrido otra suerte si la Justicia Federal hubiese hecho lo que correspondía. También podrían haber estado menos tiempo detenidas o haberse salvado de torturas Olga Salvucci, Violete Anahí Becerra, María Elena Castro, Margarita González Loyarte e Inés Dorila Atencio. En los expedientes de ellas tuvieron participación, como fiscales, jueces o defensores, Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Petra.

La violencia contra las mujeres fue parte del plan sistemático de exterminio que impulsó la dictadura. En la Megacausa IX- Mendoza se revitaliza la solicitud de incorporación de las violencia contra las mujeres como un delito de Lesa Humanidad a pedido de la querella, oyendo las voces de las cientos de mujeres que sufrieron vejámenes, torturas y los tratos más crueles solo por eso, por ser mujeres.