La cámara de senadores dio sanción definitiva al proyecto enviado por Cornejo
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Miércoles 24 de agosto de 2016 15:45
Es la octava iniciativa en materia de justicia y seguridad en la que el Poder Ejecutivo consigue el visto bueno de la legislatura provincial.
A las varias reformas sobre prisiones preventivas, la creación de la figura del defensor del policía y cambios a la ley orgánica policial, y hasta la autorización de un crédito de 90 millones de dólares para construir una cárcel, ahora se suma la reforma de 21 artículos del código procesal penal.
Vale recordar que esta reforma se aplicará solamente en la Primera y Tercera circunscripción judicial ya que en el Valle de Uco y el Sur provincial rige el viejo código por falta de presupuesto.
La aprobación que contó con el voto positivo de Cambiemos y el FPV y el rechazo del FIT implica la introducción de excepciones a la indelegabilidad de la acción penal atribuyendo mayores facultades a los ayudantes de fiscal.
Si bien estas facultades fueron limitadas en relación al texto original ya que implicaban otorgar funciones propias de funcionarios regulados por la constitución a los ayudantes, se deja en pie el concepto hacia el futuro.
Además se establece la oralidad del proceso como uno de los cambios más importantes, la participación de la víctima desde la etapa de investigación, y diferentes medidas para agilizar las causas como las notificaciones electrónicas.
Estuvo ausente del debate la realidad que viven los trabajadores judiciales con fiscalías y juzgados colapsados, falta de insumos, y personal. Esto genera mucha preocupación dado que sin la incorporación de nuevos trabajadores se aumentará aún más la carga laboral de los empleados. Desde el FIT plantearon la necesidad de discutir la situación laboral de los judiciales, que sufrieron el cierre de paritarias por decreto, como eslabón fundamental para mejorar el funcionamiento del poder judicial.
El senador Miguel Bondino, miembro informante de la UCR dijo “ “Este proyecto de ley corresponde a una iniciativa del Poder Ejecutivo, al igual que los anteriores siete proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad pública, todos han sido enviados por el Ejecutivo. Ninguno es autoría de ningún legislador de la provincia. El fin último y supremo es una mayor seguridad pública, como las otras leyes que el gobernador envió a la Legislatura…No hay duda que estamos asistiendo a un cambio cultural. Quiero agradecer a la oposición que en todos los temas que han tenido que ver con la seguridad pública han acompañado, esto es de suma importancia y los resultados se verán en el corto, mediano y largo plazo. Sin dudas va a dar sus frutos y buenos resultados”.
Para Noelia Barbeito (FIT), “se quiere ampliar la persecución por parte del Estado”. “Se delega la acción penal, algo que a nosotros no nos parece correcto. Si bien hay medidas que están bien, es un plan en conjunto del gobierno de demagogia punitiva”, detalló y además adelantó su voto negativo.
La legisladora de la izquierda también referenció que esta “agilización de la justicia no es para perseguir a los grandes organizadores del delito, sino veamos quienes pueblan las cárceles”
