Fiscal regional de Los Lagos decide judicializar el caso de Lissete Villa, menor de edad que murió al interior de un centro de la institución estatal; habría sido asfixiada por dos funcionarias bajo el argumento de que la estaban conteniendo de un “ataque de ira”.
Lunes 19 de diciembre de 2016
En noviembre de este año, se leía en toda la prensa que la menor de edad Lissette Villa habría fallecido producto de una “arritmia asociada al uso de fármacos”. “Los medicamentos Sertralina y Carbonato de Litio, encontrados en el examen toxicológicos en dosis terapéuticas, se encuentran en el grupo que pueden producir síndrome de QT largo adquirido”, o sea, una alteración en el sistema de conducción del corazón, según el análisis firmado por el médico legista, René López Pérez.
Recordemos que Lissette vivía en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, ubicado en Estación Central, desde fines de 2014. En abril de este año, falleció al interior de dicho recinto, supuestamente, debido al “uso excesivo de fármacos y los malos tratos de sus cuidadoras”.
Sin embargo, el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, decidió judicializar el caso de la menor, por lo que ingresó un escrito donde solicita una audiencia con el propósito de formalizar a los imputados e imputar los cargos de apremios ilegítimos y tormentos con resultado de muerte.
¿Por qué zanjó tomar esta medida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago? Según información entregada por el Servicio Médico Legal (SML), Lissette habría muerto por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”, realizada por sus cuidadoras, Conne Fritz Castillo y Thiare Oyarce García. De acuerdo a La Tercera, las funcionarias intentaron “contener” un supuesto ataque de ira de la menor; con almohadas la habrían asfixiado.
El informe realizado por el SML explica que las funcionarias “actuaron con pleno desconocimiento del protocolo que se debería usar, y sin conocimiento de primeros auxilios”, y que tras haberla inmovilizado, se subieron arriba de su espalda, lo que impidió que pudiese respirar por varios minutos.
Esta denuncia pone nuevamente al Sename en el ojo del huracán, tanto por las últimas muertes, las irregularidades en la información entregada por la institución, las pésimas condiciones de vida en la que habitan niños y jóvenes, como por las precarias condiciones laborales y de infraestructura al interior, entre otras cuestiones. Lo cierto es que ni el Estado ni ninguno de los gobiernos de turno se ha hecho cargo de la brutal situación que viven menores pobres y vulnerables; al fin y al cabo, hijos del pueblo trabajador, niños y niñas que no hayan futuro en una institución estructuralmente represiva como es el Sename.
¿Cuántas otras “Lissett” tienen que morir o ser maltratadas para que las autoridades se dignen a hacer algo? Además de que el Sename es una institución totalmente represiva, no cuenta con infraestructura adecuada, ni tampoco con profesionales que den abasto para realizar sus funciones; son conocidos los casos de abusos sexuales y violaciones, maltrato y violencia, mientras que pasan los gobiernos de turno y la situación, incluso, es aún peor.
A todo lo anterior se suma que según un informe realizado por el Observatorio de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Central, el 34,4 % de los niños, niñas y adolescentes del país sufren “algún tipo de carencia”, mientras que el 18,2 % viven bajo el umbral de la pobreza. De acuerdo al estudio, Chile no estaría garantizando los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad, sobre todo a aquellos que viven en regiones o zonas rurales o aisladas.
Esta situación es aún más crítica cuando se trata de los menores que habitan La Araucanía, donde el 34,3% vive en extrema pobreza; seguida de El Maule con un 27 %; y de BioBío con un 26 %.
Es urgente que la institución Sename deje de existir como tal y que el Estado se haga cargo de asegurar hogares de acogida, estatales, y con todos los requerimientos necesarios en cuanto a infraestructura y presupuesto, para todos los menores que lo requieran; y que estos sean gestionados por trabajadores, profesionales y funcionarios calificados, sumado a familiares que estén en directa relación con los niños, niñas y jóvenes.
