Tras la polémica desatada entre Alejandra Krauss (Trabajo) y Rodrigo Valdés (Hacienda), este lunes se ratificó que el aporte adicional no sería administrado por las cuestionadas empresas privadas, sino por un “ente estatal”. ¿Es esta la solución?
Miércoles 29 de marzo de 2017
Este 27 de marzo, se reunieron los ministros del Trabajo (Krauss) y Hacienda (Valdés) en la Mesa de pensiones, para discutir sobre el proyecto del Gobierno en esta materia y determinar qué sucederá con el 5% de cotización adicional que se propone desde el Ejecutivo.
La discusión se enfocó en la administración de estos recursos; debate que generó la polémica entre Krauss y Valdés, debido a que la Ministra, días atrás, aseguró que “parte del ahorro del 5% de los más ricos que trabajan irá a mejorar el ahorro de los más pobres que trabajan. Todo esto será en cuentas personales administradas por un ente público porque, estamos claros, ni un peso más a las AFP. Quiero ser categórica, ni un peso más a las AFP”.
Lo anterior provocó la molestia de Valdés, quien salió a calificar los dichos como “imprudentes” y que atentan contra la “confianza” entre el Gobierno y los empresarios que lideran las AFP. Sin embargo, las autoridades terminaron por confirmar que efectivamente sería un “ente estatal” el encargado de administrar el 5% de cotización extra y no las AFP.
Antes de esta ratificación, se barajaba la opción de que esta administración pudiera licitarse, utilizando un modelo similar al Seguro de Cesantía, no obstante, esto quedaría descartado.
Por su parte, el ministro Valdés enfatizó en que ese 5% de cotización extra no sea destinado exclusivamente al ahorro en cuentas individuales, sino que al menos una parte tenga como propósito “mejorar las actuales pensiones”. Desde el Gobierno afirman como posibilidad que un 70% esté enfocado en las jubilaciones futuras y un 30% (a cargo de un fondo transitorio intergeneracional) en “mejorar” las pensiones actuales.
Con esto, los montos que reciben cientos de miles de personas aumentarían alrededor de $50 mil, es decir, el 90% de los pensionados ya no recibiría los míseros $155.000 mil, sino que cifras igual de nefastas que no superarían ni siquiera el sueldo mínimo actual. ¿Acaso no se comprende que la población exige pensiones dignas, acorde al costo de la vida y las necesidades básicas?
Por otra parte, en la Mesa de pensiones se baraja la idea de aplazar la edad de jubilación, fortalecer el “carácter solidario” del sistema, incorporar a un representante de los trabajadores en las administradoras de fondo, entre otros aspectos que en nada responden a la demanda por No + AFP y por pensiones realmente dignas.
Por un sistema de reparto solidario, tripartito y administrado por trabajadores, jubilados y profesionales
La propuesta del Gobierno no responde en ningún momento a la demanda de No + AFP exigida por cientos de miles de personas en las calles. Primero, porque no pone fin a las empresas privadas que durante más de tres décadas se han enriquecido a costa del trabajo y esfuerzo del pueblo trabajador. Es decir, no cuestiona absolutamente en nada a un tipo de sistema que precariza la vida de miles y que sólo beneficia a la clase empresarial y a las autoridades que se ven involucradas.
Por otra parte, el 5% de cotización adicional que propone el Gobierno no cambiará estructuralmente las pensiones de hambre que recibe más del 90% de la población. Es más, las autoridades ya han esbozado que sería una “mejora” de unos $50.000, o sea, los jubilados y jubiladas seguirán recibiendo montos que no superarían el mísero sueldo mínimo, cuando lo que exigen cientos de miles en las calles son pensiones dignas, acorde a los costos de la vida, no migajas como ofrecen las autoridades.
Finalmente, ¿se puede confiar en que un “ente estatal” administrará correctamente los recursos de las pensiones, en pos del bienestar de las y los jubilados? Definitivamente, no se puede creer ni en las AFP y sus empresarios, ni tampoco en políticos corruptos de los partidos del régimen que a vista de toda la población roban, aceptan dineros de empresarios y votan leyes para beneficiar a los poderosos y no al pueblo trabajador.
Tal como se ha expresado en las calles y movilizaciones, se debe luchar por un nuevo sistema de reparto solidario, tripartito, público, pero que esté bajo la administración de trabajadores (sus organismos sindicales y representantes), jubilados y profesionales adecuados para la materia. Esta discusión- la de quién administra- resulta ser fundamental en la lucha contra las AFP, pues esta demanda legítima puede terminar siendo desviada por las autoridades y controlada por los mismos que durante años han robado y perjudicado. ¿Por qué los fondos de pensiones deberían seguir estando bajo el alero de corruptos y poderosos?
