La política de metas de inflación se propone un Banco Central desvinculado con la estrategia de desarrollo que le permitirían al gobierno realizar una política económica propia y sistémica.
Viernes 7 de octubre de 2016
Fotografía: wikimedia
Desde la década de los noventa, pleno auge mundial de las políticas neoliberales que tuvieron gran acogida en los países latinoamericanos, se monta un consenso dominante para la política monetaria a través de lo que la literatura llama ‘metas de inflación’. Las metas de inflación se basan en un acentuado programa de lucha contra la inflación, donde se asume el compromiso de la independencia del Banco Central a la dominancia fiscal y el uso generalizado de políticas monetarias y financieras indirectas. La tasa de interés cumple un rol fundamental, estableciendo una regla de comportamiento para la autoridad monetaria, conocida como Regla de Taylor. Aunque no hay una única versión para esta regla, podemos decir que se basa en incrementar la tasa de interés de referencia, provocando una contracción monetaria, para reducir la inflación. Luego la tasa de interés baja en la medida que la inflación vaya cediendo.
El problema es que éstos bancos centrales cuando se proponen reducir la inflación lo hacen aumentando las tasas de interés, causando recesiones o un lento crecimiento y generando desempleo. Cabe destacar que no es el único modelo de autoridad monetaria ni necesariamente el mejor. Autores como Epstein y Vernengo abogan por un Banco Central más apuntado al desarrollo. En palabras de estos autores, bancos como el de EEUU, la UE e Inglaterra han financiado gobiernos, manejado el tipo de cambio y apuntalado a sectores económicos, usando métodos directos de intervención, tasas subsidiadas, restricciones legales y crédito directo. En el actual catálogo de buenas prácticas se promueve la lucha contra la inflación dejando de lado otros objetivos de política, yendo así contra la historia misma de los bancos centrales. La historia muestra que en los países que se desarrollaron tardíamente los bancos centrales han sido parte del aparato gubernamental para la política industrial.
El abandono de instrumentos para la política económica
Las nuevas autoridades del BCRA dieron inicio formal a lo que, ya desde diciembre último, involucran un cambio institucional y de comportamiento para la entidad. Bajar la inflación se convierte en prioridad única y se desprecia la trascendencia de los otros objetivos contemplados en la Carta Orgánica modificada en 2012, sobre todo el empleo, el crecimiento y la equidad.
Así, con la política de metas de inflación se propone un Banco Central desvinculado con la estrategia de desarrollo que, en conjunto con las otras instituciones del Estado, le permitirían al gobierno realizar una política económica propia y sistémica. Además, la insistencia en la independencia fiscal de las políticas monetarias hace que el déficit público se vuelva más una meta de política que un instrumento.
Los cuestionados supuestos teóricos en las metas de inflación
La propuesta de las metas de inflación se basa en el supuesto, considerablemente discutible, de que la dinámica de largo plazo no es afectada por el desempeño en el corto plazo, porque existe una “tendencia natural” determinada por las condiciones de oferta. En el caso de Argentina no sólo que las consecuencias negativas se dan en el corto plazo en materia de equidad, empleo y actividad, sino también que, bajo el Principio kaleckiano de la Demanda Efectiva, aceptar un magro desempeño de la economía hoy es socavar el potencial económico a futuro.
Otro de los controvertidos supuestos que sostiene el diseño del Banco Central neoclásico es la neutralidad del dinero: el cual guarda relación con el desempeño económico antes mencionado, pero que también, y sobre todo, sitúa a la inflación como un fenómeno monocausal. Pero aunque no se reconozca otro canal que el monetario, la reducción de la inflación llega, en mayor medida, al menguar o debilitar el nivel de actividad. Como consecuencia de empeorar las condiciones de empleo, se mitigan las presiones salariales y se emite una señal contundente, junto con las presiones políticas de la administración gubernamental y la tibieza de la burocracia sindical, de redistribución a favor de los rentistas y la clase capitalista que opera en mercados oligopólicos. El nivel de éxito en contener la inflación dependerá de este mayor o menor disciplinamiento a la clase trabajadora.
Restricción monetaria para algunos
Es importante enfatizar que la instauración de las metas de inflación no significa una independencia de la autoridad monetaria a las presiones políticas de los sectores asociados con la coalición en el poder.
Por un lado, se pregona restringir el déficit del fisco, afectando generalmente las partidas del gasto público de alto impacto social. Mientras, se relaja cualquier barrera a la emisión de deuda de la autoridad monetaria, beneficiando así a quienes participan, porque tienen la capacidad de hacerlo, en el negocio financiero. Además, unas altas tasas de interés repercuten negativamente en quienes más necesitan financiarse para apuntalar sus actividades de consumo, la clase trabajadora sobre todo. Lo cual afecta también la producción que, en buena medida, es dinamizada por dicho consumo.
Por lo que es fundamental no perder de vista que, la restricción monetaria de esta política, afecta especialmente a los sectores y clases más vulnerables de la economía.
La necesidad del debate político ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Sacrificio para quienes?
La instauración de la política de metas de inflación tiene una intención distributiva clara que beneficia a rentistas, productores oligopólicos y sector financiero en detrimento de algunos sectores del capital productivo y la clase trabajadora en general.
Lo que considero de suma gravedad es que estos cambios se produzcan sin el debido debate político y totalmente público. Como sociedad, no hemos hecho posible la discusión acerca de que una institución alejada de los objetivos de crecimiento económico, desarrollo con equidad y trabajo, sea utilizada para el único objetivo de reducir la inflación desde un 25% en diciembre último, pasando por un 45% actual, para llegar a un 5% en tres años, con los costos económicos y sociales que ello conlleva. Y más aún, ponderar, deliberar y hacer visibles los efectos en materia distributiva, propios del desempeño de una entidad poco democrática y con valiosísima capacidad de distribuir (o no) el poder que entraña el dinero en una economía.
