El año 2018, el de la fiesta de la democracia con las “elecciones”, comienza con duros ataques del Estado a los diversos movimientos sociales en el país.
Sábado 27 de enero de 2018
Foto: Tlachinollan
Desde el movimiento indígena, a las organizaciones obreras, a los que defienden el territorio de los megaproyectos, a los que defienden los recursos naturales y a la juventud.
En diciembre el régimen mexicano aprobó la Nueva Ley de Seguridad Interior (LSI): un verdadero ataque a las libertades democráticas. La militarización del país ha generado una catástrofe social: más de 30 mil desaparecidos, un millón de desplazados y más de 200 mil asesinatos.
El gobierno antes de fin de año compró misiles Harpoon a Estados Unidos como muestra de la subordinación en materia de seguridad al gigante del norte.
En estos 30 días aumentó la violencia de estado de un modo alarmante. Estos 30 días recuerdan las pinturas de Otto Dix.
En Guerrero, el 7 de enero, una incursión de policías federales y municipales a un acto del CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota) desencadenó una represión terrible: el ejército ejecutó a 5 miembros de la organización.
El CECOP es una organización en rechazo a la privatización de los bienes naturales del estado. En la represión resultaron 7 personas muertas y hay 25 detenidos, de la Policía Comunitaria de Guerrero, en el penal de Las Cruces.
En el mismo estado, Guerrero, en la mina Media Luna la represión es asombrosa. Insólita para un país que se dice democrático. El sindicato minero ha impulsado un paro en defensa de mejores condiciones de vida. Hoy en día son: 3 muertos del sindicato y un civil que fue ejecutado para dar un narcomensaje.
Pero, en el caso de los mineros es asombroso el tipo de represión. Narcotráfico, grupos armados de la CTM, el ejército, la federal, municipales juntos en defensa de la patronal canadiense Torex Gold ocuparon la mina Media Luna el 26 de enero a 40 meses de la desaparición de los 43.
El asesinato de Quintín Salgado y la aparición de narcomensajes de amenaza a los líderes del movimiento y un aviso de la represión de hoy es un muestra del avance la violencia del estado. Llegaron con helicópteros y hoy han desalojado la mina Torex Gold.
En Chiapas paramilitares desplazaron a unas 5 mil personas. Tzotziles de Chenalhó y Chalchihuitán han vuelto a su hogar de origen pero: han perdido sus pertenencias.
Llegaron a sus casas y no hay nada de lo que había antes. En el mismo estado la población de las Abejas el 8 de enero 9 presos indígenas de quienes sufrieron la violencia paramilitar décadas antes fueron detenidos por el Estado. José Vázquez Entzín, líder de la AC que ha denunciado la violencia de aquella masacre de Acteal, fue detenido y liberado una semana después de movilizaciones.
Ayer, 26 de enero, en Oxchuc decenas de miles de indígenas tzetzales de Chiapas hicieron un funeral a sus compañeros Ovidio López Sántiz, Francisco Méndez López, y Víctor Sántiz Gómez ejecutados por paramilitares ocurrido el 25 de este mes: los responsables el Partido Verde.
En el magisterio las cosas no son mejores y Hernández Guadarrama de la Sección 7 de Chiapas está preso: es miembro del comité ejecutivo de la CNTE en el estado.
En Mexicali: durante las protestas contra la privatización del agua por la Constelations Brands una represión llevó a varios jóvenes a comparecencias: incluso el fotógrafo que cubrió las protestas.
En Michoacán. Feminicidio de Guadalupe Campanur de Cherán en Michoacán el 18 de enero. La organización indígena y popular es una muestra de construcción de autonomía. Los maestros de la CNTE han vivido una represión sin límite.
El gobierno desplegó una campaña de satanización a Alejandro Echevarría por sus actividades hace 18 años en el CGH, y además castigó con cárcel a una decena de maestros el justo reclamo de los maestros michoacanos, por adeudos de salarios.
Hoy en día en Calzotzin y otros lugares indígenas decenas de heridos son reportados por la presencia del ejército. Luego varios días de confinamiento los maestros están presos.
En Michoacán, también, un grupo paramilitar el 22 atacó la caravana de Marichuy, pre candidata del Congreso Nacional Indígena. Amedrentaron a periodistas que acompañaban el recorrido. La precandidata indígena del CNI fue reprimida por paramilitares.
En Oaxaca el 5 de enero atacaron las oficinas de Yesica Sanchez Maya, cuya organización Consorcio ha documentado la represión de 2006 durante la APPO. Un ataque armado que ha generado alarma en Amnistía Internacional.
Es urgente construir un movimiento nacional contra la militarización, democrático, que incluya organizaciones sindicales, organizaciones de derechos humanos, víctimas de la guerra, estudiantes, mujeres y movimientos indígenas para resistir la violencia de estado: no más militarización, abajo la ley de seguridad interior.
