Se conoció que el periodista estaba en un programa de protección gubernamental. Periodistas y organizaciones solidarias exigieron un pronunciamiento de la Secretaría de Gobernación.
Jueves 24 de agosto de 2017 14:49
A dos días del asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, decenas de trabajadores de la comunicación, organizaciones de periodistas y solidarias se dieron cita este jueves en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, en la ciudad de México, para protestar por el que es el noveno ataque letal en contra de comunicadores en lo que va de 2017.
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Cándido Ríos Vázquez, figuraba en un programa de protección gubernamental, informó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), desde hacía tres años, luego de haber sido agredido y amenazado por las autoridades municipales en donde realizaba su actividad periodística.
Ríos Vázquez investigaba al gobierno de Acayucan por ser el principal sospechoso de la desaparición en 2010 de uno de sus regidores.
Con fotos y pancartas, los manifestantes exigieron un pronunciamiento por parte de la Secretaría, pues Cándido Ríos se encontraba bajo la salvaguarda del Mecanismo Federal de Atención y Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de este órgano, a pesar de lo cual este martes fue asesinado en Veracruz.
En un intento por minimizar los hechos, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, luego de asegurar que el Mecanismo funciona, dijo que Cándido se encontraba "en el lugar equivocado" y que el ataque no era para el reportero del Diario de Acayucan, que hasta el momento tiene también otros dos colaboradores desaparecidos.
En palabras del editor de Ríos, citadas por el diario Vanguardia, las declaraciones de Campa son "peores que las balas que mataron a Cándido".
El nombre de Cándido Ríos se suma a los de Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez y Salvador Adame, periodistas asesinados este año y cuyas muertes continúan impunes a pesar de los pronunciamiento de "repudio" de organismos de derechos humanos y la implementación de protocolos que nada han podido hacer para frenar la violencia de que son objeto trabajadores de la comunicación en nuestro país.
