Defensores ambientalistas. México: crece violencia contra ambientalistas, van 14 asesinatos en 2021

México se encuentra en una escalada alarmante de violencia contra activistas y líderes indígenas, que se ha cobrado al menos 28 víctimas este año. De estos, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que al menos 14 asesinatos de defensores y ambientalistas se han dado en los primeros seis meses.

La situación del país es preocupante, pues durante los últimos años, prevalece una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el patrimonio natural, la tierra y el territorio, oponiéndose a la penetración de las transnacionales extractivistas. Y es que al servicio de éstos últimos se ciernen las condiciones de impunidad en la que suceden los hechos de violencia, pues en el 99% de los casos no se da con los responsables, esto según los informes del CEMDA.

La Secretaría de Gobernación confirmó este lunes que han sido asesinados al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una constante desde gobiernos panistas y priistas que parece tener continuidad bajo su gobierno.

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Indígenas, los más vulnerables

La organización Indigenous Peoples Rights International aseguró que durante este año ha documentado los casos de 14 líderes indígenas asesinados como represalia a su lucha por la defensa de sus derechos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

En un comunicado denunciando el asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, la organización señaló la inacción del Estado mexicano en sus diferentes niveles de Gobierno e hizo un llamado a investigar los asesinatos, otorgar justicia, verdad y medidas de no repetición hacia las y los sobrevivientes, sus familiares y la comunidad.

Al mismo tiempo recordó los casos de los yaquis Tomás Rojo y Luis Urbano, asesinados por la defensa del agua y de la comunidad oaxaqueña Paso de la Reyna, donde en lo que va del año 5 indígenas defensores han perdido la vida por su labor de defensa del territorio.

Según la Red Indígena de Turismo de México A. C. (RITA), el 50 % del territorio mexicano es territorio de los pueblos indígenas. Al mismo tiempo la mayoría de las minas, bancos de materiales, cuerpos de agua y biodiversidad del país es parte de su patrimonio, situación que favorece conflictos con la iniciativa privada, el Estado y la delincuencia organizada, en un México dependiente de la división internacional del trabajo, que le ha orillado a la manufactura maquiladora en la frontera, para beneficio de las empresas estadounidenses y las transnacionales extractivistas.

Por ello las comunidades se han visto más vulnerables ante la falta de acceso a la justicia, y por lo tanto en su mayoría sus representantes y activistas constituyen el grueso de las muertes vinculadas a la defensa del territorio en contra del control territorial que el crimen organizado y contra del avance de megaproyectos y empresas extractivistas como las mineras canadienses.

Negación de ataques a los pueblos y prioridad a las empresas: sello de la 4T

Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes como “propaganda” un reporte del diario Reforma sobre 56 activistas asesinados en lo que va de su gobierno, y agregó que no está fallando el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y comentó que el medio, es un “boletín del conservadurismo” que se dedica a atacarlo.

No es la primera vez que se ha negado la escalada de violencia contra ambientalistas y defensores del territorio, días antes del asesinato de Samir Flores Soberanes en 2019, el mismo López Obrador llamo "conservadores y opositores" a las comunidades que rechazaban la imposición de la termoeléctrica en Huexca. Otro caso a recordar fue durante su segundo informe de gobierno, donde se refirió como "pseudoecologistas" a los activistas opositores de megaproyectos.

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Si bien, la actual administración no ha sido la peor en términos de violencia contra defensores -el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido el más violento hasta ahora-, sí se ha continuado con el modelo extractivista de anteriores sexenios. Al mismo tiempo el gobierno de AMLO ha priorizado una serie de megaproyectos, como salida a la crisis económica producto de la pandemia, mismos que han sido rechazados incontablemente por activistas y comunidades indígenas.

Al mismo tiempo, domina la impunidad y la colusión de autoridades con el crimen organizado. A pesar de las ratificaciones de acuerdos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, la situación para las y los defensores de la Tierra y el territorio sigue siendo adversa.