La implementación de la Guardia Nacional, está generando insubordinación en la Policía Federal y abriendo una crisis al gobierno. Una disputa entre instituciones diseñadas para reprimir al pueblo trabajador.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Sábado 6 de julio de 2019 00:13
En un contexto de violencia creciente -alrededor de 2.000 personas asesinadas por mes desde enero a mayo-, la desaparición de la Policía Federal y el pase de los agentes a la Guardia Nacional dominada por los militares, hizo estallar el conflicto. Cientos de policías se negaron a ingresar al nuevo cuerpo represivo y exigen mantener su sueldo y bonos.
Bloqueos de vías importantes para la entrada y salida de la Ciudad de México y otras protestas marcaron la tónica de este jueves 4 de julio. El presidente mexicano López Obrador había sostenido el miércoles 3 que “no hay motivo, ninguna razón. No es una causa justa. No se despide a nadie, se están pasando a 10,000 elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Eso si pasan la prueba. Esta policía se creó hace 20 años y no se consolidó, se echó a perder". Y llegó a plantear que “hay mano negra en este asunto”.
El plan del gobierno es construir la Guardia Nacional con más de 100.000 efectivos, de los cuales el 75 % serán militares y el resto marinos y policías. Pero el peso no es sólo numérico: a cargo del Ejército quedan los cursos de capacitación y las pruebas de admisión para la nueva corporación.
Las negociaciones están abiertas entre agentes y el gobierno, mientras surgen divisiones entre los policías que protestan. De nueva cuenta se hizo evidente que la Guardia Nacional es la militarización con otro nombre, en la cual las Fuerzas Armadas son las aliadas del gobierno y fueron respaldadas por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Al mismo tiempo, este secretario afirmó en conferencia de prensa que varios de los voceros visibles en las protestas policiales están vinculados a grupos de interés. “No es casual que uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera su representante sindical”.
El ex presidente fue quien inauguró la militarización, arma central de la “guerra contra el narcotráfico” financiada por Washington, cuyo saldo terrible es de cientos de miles de personas ejecutadas, torturadas, víctimas de desaparición forzada y un alza creciente de la violencia contra las mujeres. Una estrategia de seguridad de la cual López Obrador es continuador y que ahora está orientada a impedir el paso a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, convirtiendo así a la nueva corporación en un apéndice de la Border Patrol al sur del Río Bravo.
Los cuestionamientos por el nombramiento de un militar en activo al frente de la nueva corporación salieron de nuevo a relucir las críticas de que el presidente pasó por encima del acuerdo al que llegaron todos los partidos del congreso cuando votaron mando civil para la Guardia Nacional. La respuesta de Durazo: “Díganme ustedes el nombre de un civil que tenga el reconocimiento y la capacidad para dirigir a 50.000 militares”.
Policía y represión
La institución policial que hoy protesta es la que reprimió en Nochixtlán, Oaxaca, durante la lucha magisterial contra la reforma educativa; en Atenco, Estado de México, en 2006, durante la lucha contra el aeropuerto en Texcoco; la misma que en 1999 ocupó Ciudad Universitaria y apresó a gran parte de los estudiantes del Consejo General de Huelga, para terminar con aquella lucha histórica del movimiento estudiantil.
La policía federal -que ahora está en transición hacia la Guardia Nacional- es un instrumento represivo del Estado, que se utiliza para sofocar la protesta social. No son trabajadores, son el brazo armado que defiende los intereses de los empresarios de negocios capitalistas legales y que también se asocia y se alía al crimen organizado. Los gobiernos pasan, pero la policía queda.
Por eso, consideramos que, sea cual sea el final de este conflicto entre López Obrador y la policía federal, el fortalecimiento de las fuerzas represivas del Estado (y por ende la defensa de "sus intereses" y "reivindicaciones") siempre es contrario a los intereses de la clase trabajadora.
Los socialistas del Movimiento de los Trabajadores Socialistas no defendemos las protestas policiales. Luchamos por la disolución de todas las fuerzas de seguridad, incluyendo la naciente Guardia Nacional desplegada contra los hermanos migrantes, al tiempo que defendemos y promovemos todas las formas de autodefensa obrera y popular que se dote el pueblo trabajador, enfrentando la violencia centralizada del Estado y sus bandas de hombres armados, con el objetivo de construir milicias obreras y populares y un Estado de los trabajadores.
