Los diputados Orsini y Jackson presentarán un proyecto de ley para regular a las empresas ilegales detrás de aplicaciones como Glovo o UberEats. El proyecto vendría a mejorar algunas condiciones de trabajo, pero de reducirse al terreno parlamentario podría traer consecuencias perjudiciales para quienes trabajan en estos empleos precarios. Difundimos acá una colaboración anónima de un joven trabajador que expresa su opinión sobre este tema.
Martes 12 de marzo de 2019
La iniciativa de Jackson y Orsini, militantes de Revolución Democrática (RD), y secundado por la diputada de Izquierda Libertaria (IL), Gael Yeomans, está motivada, según sus impulsores, por la necesidad de mejorar el trato con quienes trabajan en estos empleos precarios, de mejorar las condiciones laborales y de seguridad, así como reglamentar los despidos.
Como base para ésta iniciativa se tomó una encuesta realizada por equipos de RD a más de 900 trabajadores y trabajadoras de UberEats, Cornershop, Cabify, Glovo, Pedidos Ya, entre otros.
De ser aprobada esta iniciativa se podría exigir a las empresas entregar cosas tan mínimas como seguros en caso de accidentes a sus trabajadores, prohibir jornadas laborales de más de 12 horas, que los tiempos de conexión en la app sin que existan pedidos por hacer sean también remunerados y que los trabajadores tengan la posibilidad de escoger horarios y cantidad de trabajo, sin que las empresas puedan arbitrariamente llegar y cambiar los horarios de trabajo, como pueden hacer actualmente en la ilegalidad. Además podrían tener derecho a sindicalización.
Algunas de las personas que trabajan en estas aplicaciones (la mayoría estudiantes precarizados e inmigrantes) llegan a recibir menos del sueldo mínimo por hora. Algunos trabajadores de Uber Eats, han protestado por sus condiciones laborales en sus bicicletas y motos en Santiago. En Argentina se han visto situaciones similares y que llegan al punto de que las aplicaciones bloquean a sus trabajadores y trabajadoras como si nada. Bajo el discurso de que los trabajadores y trabajadoras no son eso, sino que “colaboradores”, llegado el punto en que creen no necesitarles tan solo les despiden. ¿Pero cómo si no son empresas legales? Pues bloqueándoles en las aplicaciones mismas. Te dicen que eres tu propio jefe y luego te desechan sin más, de un momento a otro.
Por otra parte la iniciativa incluye un punto que exigiría que los despidos sean notificados con al menos 30 días de anticipación y se indemnicen. Este es uno de los puntos más conflictivos. Si bien implicaría un avance, en tanto hoy las empresas pueden bloquearte de un momento a otro, el punto más peligroso es aquí el peligro de naturalizar los despidos. Hoy las empresas se avalan del artículo 161 para poder despedir cuando consideran que “hay necesidades de la empresa”. La experiencia a demostrado que en decenas de casos esto sirve para realizar despidos antisindicales o simplemente para echar sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras los golpes económicos que recibe una empresa. ¿Por qué como trabajadores y trabajadoras debemos naturalizar que nos despidan? No hay razón alguna para ello.
La iniciativa, con todos los beneficios que puede traer, significaría a su vez financiamiento al Estado por medio de impuestos. Esto es un nuevo gasto para las empresas, pero estas no están dispuestas a ofrecer los caudales que acumulan con nuestro trabajo.
Si este proyecto de ley avanza en el Congreso pero esto no se condice con una creciente organización y movilización de las y los trabajadores de aplicaciones lo más probable es que se traduzca en despidos masivos y en reducción de los salarios de algunas personas trabajando para la aplicación, sin significar mayormente pérdidas significativas para las empresas explotadoras de trabajadores y trabajadoras precarizadas.
Junto a la regulación de estas empresas hay que asegurar que no exista ningún despido, ningún bloqueo, ninguna reducción de salario y que el impacto económico lo paguen efectivamente los jefes que se esconden detrás de las aplicaciones, no quienes día a día le producen sus riquezas. Y es precisamente porque podemos decir también #MiJefeEsUnaApp, que de desviarse esta pelea meramente al terreno parlamentario sin estar acompañado de movilización el impacto lo terminaremos pagando prácticamente por completo.
Revolución Democrática y el Frente Amplio deberían no solo llevar adelante este proyecto de ley, sino que movilizar a las y los miles de jóvenes que pueden en las Universidades y llamar a movilizar abiertamente desde sus tribunas parlamentarias. De lo contrario, el mejorar futuras condiciones laborales tendrá un costo inmediato irreparable para quienes trabajan en estas apps.
