El mismo día que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se ufana por la Guardia Nacional y reprocha que el gobierno de López Obrador recibió el país con una crisis de inseguridad crónica, resuena el desafío del crimen organizado. Pero más uniformados no son la salida, al contrario de lo que exige la derecha.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 15 de octubre de 2019
El escenario: el municipio de Aguililla. Trece policías locales asesinados y tres heridos -escoltaban a dos mujeres que iban a Morelia a hacer un trámite- es el saldo tras una emboscada protagonizada por civiles armados, según el informe oficial. Patrullas policiales en llamas, carteles de cartulina con amenazas firmadas por un cártel.
La tierra michoacana es el botín que busca controlar el Cartel Jalisco Nueva Generación, cuya firma aparecía en las cartulinas. Se lo considera la “puerta de entrada de la ruta del Pacífico”, el lugar por donde entra la droga que proviene de Centro y Sudamérica.
Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán y perredista fanático de operativos represivos, señaló que el ataque fue “cobarde” y que los narcomensajes son “maniobras para confundir”.
Durazo y la secretaría que dirige repudiaron la emboscada y se pusieron a disposición de las autoridades locales para esclarecer el hecho. En la mañana del mismo lunes, junto al presidente había presentado un informe optimista sobre la política de seguridad, en el cual consignaba que los homicidios habían crecido 0.4 % menos que en el mismo período de 2018.
Pero en Michoacán, las cifras siguen al alza: entre enero y agosto hubo 17.43 % más homicidios que en los primeros ocho meses de 2018.
La emboscada de este lunes es de momento la última expresión de la violencia en la entidad donde la producción de aguacate, que se comercializa en México y en el exterior, es una de las actividades más dinámicas.
Las fuerzas represivas revelan ahí, en un negativo de una fotografía, su carácter. Son frecuentes los ataques del crimen organizado contra los uniformados y son frecuentes los operativos represivos contra las protestas de normalistas, maestros y cualquier sector popular que cuestione al gobierno de Aureoles.
La disolución en Chiapas el fin de semana pasado de una caravana de migrantes provenientes de África y Centroamérica, que huyen de la miseria y la violencia de sus países de origen, fue una “hazaña” de la Guardia Nacional. Pero mientras reprime con saña a los migrantes, el crimen organizado florece en todo el país.
Evidentemente su función prioritaria es detener el flujo migratorio, lo que ordenó Trump. Imposible que combata al crimen organizado, si la mayoría de los uniformados arrastran consigo a la nueva corporación sus vínculos con el narcotráfico y redes de trata.
La intrínseca asociación entre el crimen organizado y las fuerzas represivas
“En Michoacán la violencia se ha complicado porque la mayor parte de las estructuras policíacas de la entidad, tienen vínculos con alguno de los grupos criminales, hay autoridades municipales también vinculadas, y obviamente estatal totalmente rebasado el Gobierno del Estado para poder garantizar la seguridad”, señaló Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de seguridad, en entrevista con SinEmbargo.
En febrero de este año, durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se dieron a conocer vínculos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ravelo entonces denunció que el gobierno no investigara los casos. Evidenció así las patas cortas de la lucha contra la corrupción.
La continuidad de la militarización, aunque López Obrador reniegue de la denominación de origen, sólo agudiza la violencia. Hasta 2018, el saldo nefasto del despliegue de las fuerzas represivas en las calles era de 250 mil personas asesinadas, decenas de miles de desaparecidas, familias desplazadas y el auge de feminicidios y violencia contra las mujeres.
El reclamo de la derecha -alicaída, por cierto, tras el triunfo del Morena en las elecciones de 2018- es más seguridad, más armas, más uniformados. Pues no. Las fuerzas represivas armadas hasta los dientes en todo el territorio sólo sirven para mantener amedrentada a la población.
Son las y los trabajadores, los pueblos originarios, y el conjunto de los sectores populares, los únicos que pueden garantizar la seguridad y la paz para la mayoría de la población ante la podredumbre capitalista. Organizados desde las bases, por colonia, por centro de trabajo o estudio, que decidan cuáles son las medidas para terminar con el flagelo del crimen organizado y las fuerzas represivas coludidas con él.
