En la Sierra-Costa de Michoacán habitantes de diferentes municipios se suman a las múltiples movilizaciones que a lo largo del país han expresado su repudio a la Ley de Seguridad Interior.
Jueves 21 de diciembre de 2017
Los cinco municipios que exigen a Enrique Peña Nieto vetar esta ley –recién aprobada– han sido testigos de lo que en la práctica hacen las fuerzas armadas; el 19 de julio de 2015 el ejército irrumpió en su comunidad cobrándose la vida de un niño y hasta la fecha ningún militar ha sido consignado por el gobierno mexicano.
“El Ejército mexicano violó los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María Ostula, arrestando a su comandante Cemeí Verdía; en el operativo se hirieron a más 10 comuneros y un soldado asesinó de un tiro al niño, Edilberto Reyes García, quien se encontraba dentro de un restaurante.”
El Consejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa de Michoacán, conformado por habitantes de los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Tepalcatepec, denunciaron mediante un comunicado que con esta ley el Congreso de la Unión le dio “facultades desmedidas” a las fuerzas armadas y al presidente de la nación, para actuar en contra de la población y continuar con la militarización del país.
En el mismo comunicado, el Consejo Ciudadano dice que desde su conformación en 2013-2014, primero como autodefensas y posteriormente como guardias comunales, los únicos que han cometido delitos al interior de sus municipios han sido los militares.
Aseguran también que los pueblos que conforman el Consejo han encontrado en su propia forma de organización, la manera en garantizar su seguridad.
De la Ley de Seguridad Interior opinan también busca una seguridad de represión y totalitarismo que lo que pretende es “hacer permanente el estado de excepción y entregarle al presidente de la República la única facultad para regirlo a su discreción”.
