La dirigencia sindical se reúne con el Gobierno para negociar condiciones laborales mientras se sostienen duras peleas como la de AGR-Clarín contra 400 despidos.
Mirta Pacheco @mirtapacheco1
Sábado 21 de enero de 2017
A los casi 400 despidos entre los trabajadores gráficos de AGR-Clarín se suma, desde hace días, la amenaza de más de 500 despidos en Banghó, el fabricante de artículos de computación, que tiene su principal plante en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires. Mientras tanto continúan los despidos en el sector privado, que se suman a los más de 150.000 despidos del año pasado.
Mientras esto sucede, los dirigentes de la CGT reclaman porque las patronales no cumplen el acuerdo firmado en diciembre que, formalmente, les impedía despedir. Además, Juan Carlos Schmid -uno de los integrantes del triunvirato de la CGT-, denuncia el intento de flexibilizar el trabajo que impulsa el Gobierno y las patronales. La denuncia, así como los despidos, no trae aparejada ninguna medida de lucha.
El Gobierno continúa avanzando en su intento de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo. Primero fue el convenio de petroleros, ahora le tocó el turno al del gremio de Capitanes de ultramar y oficiales de la Marina Mercante. Acuerdos por empresa y reducción de francos compensatorios son la nave insignia de esa flexibilización firmada por el sindicato. Ya hablan, además, de avanzar en la rama metalúrgica.
Estas son las “pruebas pilotos” que encara el Gobierno nacional para reducir el costo salarial y beneficiar a las patronales, bajo el argumento de lograr inversiones.
Lejos de insinuar alguna tibia medida de fuerza siquiera, la cúpula de la CGT se reúne con el gobierno para discutir el proyecto Primer Empleo y el sistema de pasantías que de ahí podría desprenderse.
Los dirigentes hablan en nombre de los jóvenes. Así, Schmid crítica que el proyecto del Gobierno ataca principalmente a los jóvenes, mientras Caló (UOM) denuncia que los 650 despidos con los que amenaza la patronal de Banghó tienen entre 25 y 30 años.
Pura alharaca, porque ante esta situación que sufren los trabajadores, la burocracia sindical continúa sin llamar a ninguna medida de fuerza que ponga un freno al avance del macrismo.
La contracara de este rol de los dirigentes son los trabajadores en lucha, como los de AGR-Clarín, los que toman medidas en defensa de sus puestos de trabajo. Pero la CGT continúa en una tregua con el Gobierno. Tregua que, desde el punto de vista del sustento de las familias trabajadoras y de las condiciones de trabajo de las mismas, ya resulta criminal.
Al mismo tiempo, no rechazan de plano estos ataques sino que se proponen negociarlos. Así, por ejemplo, en relación al Empleo Joven -proyecto mediante el cual el gobierno busca restituir las pasantías- hoy los sindicatos plantean que se incorpore en los convenios un “régimen especial” para los jóvenes que obtengan su primer empleo. Se trata de una formalidad. No llamarlos pasantías, pero legitimar la baja salarial para la juventud. Esa sería la consigna de la burocracia sindical.
Mientras el triunvirato trata de negociar que este avance flexibilizador sea más gradual, y hacen tibias declaraciones a los medios denunciando la política del Gobierno, continúan evitando por todos los medios el llamado a un paro general que ponga en la escena nacional el poder de fuego que tienen los trabajadores paralizando la producción, cortando la circulación del transporte y de las mercancías, o las transacciones comerciales.
Medidas así podrían poner un freno al intento del Gobierno y las patronales de avanzar en la liquidación de conquistas laborales y evitar que miles de familias queden en la calle, haciendo por ejemplo que luchas como la de los trabajadores de AGR-Clarín triunfen.
