En lo que será el plan para renovar la flota de vehículos policiales, este miércoles el gobierno hizo entrega de 200 nuevos vehículos a Carabineros, de un total de 700 que seran entregados en lo que finalice el año, una demostración de cuáles son las prioridades del gobierno considerando las enormes carencias que miles de familias están sufriendo producto de la mala situación económica que cruza el país.
Jueves 10 de noviembre de 2022
Con bombos y platillos Boric en la Escuela de Oficiales de Carabineros anunció [ver abajo] la entrega de 236 vehículos nuevos a Carabineros, con el objetivo de reponer parte de la flota que se encuentra fuera de servicio, además de asegurar la entrega de otros 500 a fin de año.
Como la misma Ministra del Interior Tohá lo señaló durante un punto de prensa en el Congreso, y antes en la ciudad de Osorno, los vehículos entregados corresponden al primer grupo ya que esperan que al próximo año, dentro del presupuesto se sumen otros 1000 nuevos carros para las policías, con un costo de $27 mil millones [1]. Dentro de este primer stock de carros se encuentran 146 radiopatrullas y 90 camionetas 4x4.
Según señaló el mismo Boric en la ceremonia, el objetivo de esta compra es fortalecer la presencia policial en los lugares públicos y así combatir la sensación de inseguridad.
Pero esta agenda de fortalecimiento a las policías es la agenda que la derecha le viene imponiendo al gobierno y que este lo ha tomado con toda sus energías. Recordemos que esto comenzó con el Estado de excepción que a estas alturas dejó de serlo, luego con los constantes “respaldos” frente a la acción represiva de la policía durante varias manifestaciones, ahora el gobierno de Boric se transforma en el primer mandato, en décadas, que se la jugó por renovar todo el parque vehicular de las policías, incluyendo carros blindados para la represión al pueblo mapuche.
Mientras las familias trabajadoras sufren los estragos de la inflación y el alza en los precios de productos de primera necesidad, el gobierno viene siguiendo la agenda de los empresarios de descargar la crisis sobre la clase trabajadora, negando o restringiendo las ayudas sociales mientras los hogares siguen endeudándose para comer.
Pero la reducción del gasto de los hogares se contrapone a los millones que el Estado desembolsará en reforzar a la institución que violó los derechos humanos, o a la que defraudó al mismo Estado por más de 25 mil millones de pesos que no han sido devueltos luego del Pacogate, recursos que podrían ser utilizado en ayudas sociales, en combatir el déficit habitacional que existe en el país o cubrir las necesidades estructurales en educación o salud.
