México es la entrada al patio trasero de los Estados Unidos. Durante la presidencia de Donald Trump esto se hizo más que evidente, así como los lazos de subordinación y dependencia. Como no podía ser de otra manera, eso está presente con Biden en la Casa Blanca.
Martes 20 de abril de 2021 20:56
La relación entre ambos gobiernos, a partir de la llegada del Joe Biden a la presidencia, está cruzada por la pandemia y la crisis económica, e involucra puntos claves de la agenda bilateral, desde la migración hasta el narcotráfico, pasando desde ya por el terreno energético y la vacunación.
La migración, un hierro caliente
Recientemente se conoció la salida de la ex embajadora Roberta Jacobson, como coordinadora para la frontera sur de la administración estadounidense. Aunque su renuncia se justificó en que su compromiso se limitaba a los primeros 100 días del actual gobierno, el trasfondo es el salto en la crisis migratoria y la entrada en escena de la vicepresidenta Kamala Harris.
El flujo migratorio hacia Estados Unidos ha aumentado en los últimos meses, impulsado por la crisis económica y sanitaria que recorre Centroamérica, potenciada además por los desastres provocados por los huracanes Eta e Iota. Así como por las expectativas generadas por las promesas hechas por el actual presidente, Joe Biden, en torno a que cambiaría las políticas migratorias características de la era Trump. Esto abrió una crisis, cuya punta más visible son los miles de niños migrantes que permanecen en centros de detención y dependencias del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras o del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. en condiciones absolutamente inhumanas. Para darse cuenta de la dimensión de esto, basta conocer que en las primeras tres semanas de marzo fueron más de 11,000 niños y niñas detenidos. Alojados en verdaderos centros de detención, se desmienten así las ilusiones que muchos en América Latina tenían en las políticas migratorias de Joe Biden.
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El presidente estadounidense destinó funcionarios de alta jerarquía, como el caso de Harris, al manejo de esta situación. Ésta se entrevistó con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y anunció un viaje a México. Esto obedece a que representa un tema muy sensible para su base electoral ‒en particular la comunidad migrante y latina‒ y le está suscitando críticas por derecha e izquierda.
Los republicanos le cuestionan que el cambio de política migratoria anunciado desde su asunción, estaría provocando un mayor flujo de migrantes a la frontera. Mientras tanto, el ala progresista del Partido Demócrata ha enseñado también sus desacuerdos. Ejemplo de ello es que, ante el anuncio de que no se cumplirían los compromisos para que ingresen 60 mil migrantes durante el 2021, se levantaron las críticas del llamado squad (escuadrón) demócrata, liderado por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Y es que este sector "progresista" del partido de gobierno debe responder a las expectativas de la comunidad migrante en los Estados Unidos.
El hecho es que, aunque el gobierno de Biden anunció cambios migratorios, estos están lejos de suponer una apertura fronteriza. A pesar de la nueva retórica de la Casa Blanca ‒especialmente si la comparamos con el discurso xenófobo y racista de Trump‒ la respuesta ante los migrantes que se hacinan en los estados mexicanos fronterizos es similar. Sólo en febrero, más de 100,000 migrantes que cruzaron la frontera fueron deportados a México. Como es sabido, quienes logran escapar de la deportación trabajan en la ilegalidad, en condiciones de ultraprecarización y con los salarios más bajos respecto al resto de los trabajadores estadounidenses.
Junto a esto, la promesa de que no se continuaría con la construcción del muro fronterizo, ya esta cuestionada por los propios funcionarios de la Casa Blanca. La gestión diplomática estadounidense logró que se incremente la militarización en los países latinoamericanos directamente involucrados: 10,000 efectivos mexicanos para el control migratorio, y una cifra similar en cada uno de los países del Triángulo norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador). La Guardia Nacional, cuerpo creado por López Obrador, es ahora la patrulla fronteriza al sur del Río Bravo, para frenar la afluencia de centroamericanos hacia Estados Unidos. Igual rol juegan los gobiernos centroamericanos, como se vio en Guatemala ante la caravana de migrantes hondureños.
Junto a esto, la administración estadounidense impulsa un plan de “ayuda” a los países centroamericanos de 4,000 millones de dólares. La iniciativa de Biden, a realizarse en cuatro años, está condicionada al compromiso de combate a la “corrupción”. Evidentemente supondrá un reforzamiento de la subordinación de los gobiernos del istmo centroamericano a Washington, a la par que se constituye como una política preventiva frente a los efectos de la pandemia. Esto, mientras la dominación yanqui y los planes imperialistas han sido los responsables de la situación económica y social que golpea duramente a las mayorías obreras y populares de esos países.
López Obrador, absolutamente subordinado a la Casa Blanca, ha apoyado este plan para contener la afluencia migrante, en tanto que propuso que se les de un "permiso especial" a quienes crucen la frontera, sin que esto suponga una regularización y condiciones dignas de trabajo. Ambos gobiernos coinciden en la política para enfrentar la presente crisis, y también en la percepción de que la misma puede afectar su popularidad y el panorama político interno, convirtiéndose en un problema de carácter nacional, como fue en el 2018 con la caravana migrante.
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Vacunación, reforma energética y “capitalismo verde”
Más de 2,7 millones de vacunas de Astra Zeneca fueron enviadas por el gobierno de EE. UU. a México, en el último mes. Ante la prensa que rápidamente lo vinculó al acuerdo migratorio, López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard insistieron que no eran parte de esa negociación. El hecho es que se trata del primer envío de biológicos que Washington realiza a un país extranjero. La estrategia de vacunación de AMLO ‒que podría incidir de manera destacada en el resultado de las elecciones próximas‒ depende en un grado importante de la colaboración de la Casa Blanca.
Pero estos envíos no obedecen a razones humanitarias. Ambos países comparten 3000 kilómetros de una porosa frontera. El tránsito constante de mercancías y personas alimenta la integración económica propiciada por el Tratado de Libre Comercio (T-MEC, en su versión actual). Para Washington, ésta no debe interrumpirse, ya que México debe alimentar una de las cadenas de valor más importantes a nivel internacional, la cual es clave para la recuperación de la economía estadounidense.
Estas son las razones que alientan a sectores del establishment de EE.UU. a proponerle a Biden un rol más activo en la crisis sanitaria mexicana. Además, la colaboración imperialista sin duda fortalecerá la imposición de otros puntos claves de la agenda, como la política antimigrante por parte del gobierno mexicano.
Pero no todos son acuerdos entre ambos gobiernos. Uno de los temas conflictivos de la agenda bilateral se refiere a la cuestión energética. La reforma enviada por el gobierno de López Obrador al Congreso de la Unión, que limita el accionar de las empresas privadas y fortalece la rectoría estatal, no suscitó entusiasmo en la administración estadounidense. La Cámara de Comercio de Estados Unidos lanzó una advertencia: la legislación “podrían crear un monopolio y violar los compromisos de México en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá”, ya que entraría en controversia con dos capítulos del Tratado, referidos a la inversión y la participación de empresas estatales.
Además, mientras uno de los principales argumentos de los opositores a la reforma es que privilegiaría combustibles fósiles por sobre las energías renovables, es sabida la inclinación de la nueva administración estadounidense hacia estas últimas, como un posible foco de nueva acumulación capitalista. Detrás de este “ecologismo”, está el injerencismo de las transnacionales estadounidenses y europeas en las paraestatales mexicanas.
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Sin embargo, en la última reunión AMLO-Biden, la declaración final sostiene que ambos mandatarios “reconocieron los beneficios de reducir los contaminantes climáticos de corta duración”, y evidentemente no refleja nada en torno a este aspecto controversial.
A Estados Unidos, evidentemente le interesa que se le ponga un límite a las iniciales intenciones del presidente mexicano, que buscaban una mayor rectoría del estado en áreas estratégicas ‒sin que esto implique cuestionar los principios de la apertura al capital privado‒ y obtener mayores recursos para las arcas gubernamentales.
Pero todo parece indicar que la Casa Blanca optó por esperar a que los tribunales mexicanos sepulten la iniciativa, o cuando menos le limen los aspectos más problemáticos para el empresariado y las trasnacionales. Si este tema no ha alimentado una discusión abierta entre ambos presidentes, es porque a nadie le conviene una complicación en el Tratado. Menos aún a López Obrador, quien apuesta al mismo para reactivar la producción orientada a la exportación y el comercio exterior, y ha declarado que la reforma propuesta no pone en peligro las inversiones ni los acuerdos con Washington.
La seguridad y el narcotráfico, temas sensibles en la agenda
El otro aspecto sensible de la relación bilateral gira en torno a la seguridad y el narcotráfico. Congresistas demócratas, entre los que destacan varios de origen latino, y el mismo New York Times, insistieron en el clima de “inseguridad” y "mayor violencia" que vive México. Los representantes demócratas han instado a su gobierno a que presione a AMLO, para que retire parte de la presencia militar de las calles. Estas recomendaciones fueron formuladas a pesar de que la Guardia Nacional justamente pretende garantizar el control migratorio reclamado por Biden.
Posteriormente, un informe de la Casa Blanca destacó también los ataques a los periodistas, el cual fue respondido abiertamente por el presidente mexicano en una de sus conferencias "mañaneras".
Recientemente, Washington vinculó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al atentado contra el secretario de Seguridad Publica de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y al asesinato de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, ambos hechos de alto impacto.
Los reportes de la Agencia antidrogas de EEUU ‒la cual actúa en territorio nacional bajo administraciones neoliberales o “progresistas”‒ alertan sobre el crecimiento del control territorial y de la producción y comercialización de estupefacientes por parte del CJNG en México, y de su creciente influencia en Estados Unidos.
Estas alertas e informes de la administración estadounidense respecto a este cártel se suman al encarcelamiento, hace algunos meses, del general Salvador Cienfuegos, quien finalmente fue liberado por la presión del gobierno mexicano. Y de conjunto evidencian un mayor activismo de la Casa Blanca en la pretendida “guerra contra el narco”.
Sin duda, bajo el gobierno de AMLO se han mantenido e incrementado tanto la militarización como los ataques contra el periodismo ‒y en particular al periodismo independiente‒, como han denunciado organizaciones de izquierda, obreras, populares y de derechos humanos en México. En el caso de las declaraciones formuladas por la administración estadounidense, estamos ante una acción claramente injerencista. A diferencia del pasado gobierno republicano, esta vez lo hace bajo una retórica de moderación y de “respeto por la democracia”. El interés que persigue es presionar para que se establezca un mayor control sobre el narcotráfico, particularmente respecto a los carteles capaces de generar mayor inestabilidad en México y colarse a través de la frontera. Ésta parece ser la preocupación creciente de la Casa Blanca.
En términos generales, estos temas claves son de gran importancia para la administración Biden. Tanto porque los mismos tienen ya un real impacto en la política doméstica -es el caso de la cuestión migratoria- como en cuanto a establecer un mayor control sobre su inmediato patio trasero, donde el accionar del gobierno mexicano desempeña un papel central. Hay que considerar que esto se inscribe en una política más activa hacia América Latina, la cual pretende fortalecer la hegemonía de la potencia imperialista, en un panorama signado por la crisis económica y sanitaria internacional y por las disputas con otras potencias, en particular con China.
Hasta ahora, el gobierno mexicano ha combinado su colaboración en áreas fundamentales, con mantener una retórica orientada a destacar el carácter "soberano" de sus decisiones políticas, aún cuando estas coincidan con las pretensiones de la Casa Blanca. En tanto que marcó distancia, particularmente cuando se tratan de críticas directas a los resultados de su gestión. Sin embargo, más allá de los discursos, la dependencia económica y la subordinación en distintos terrenos ‒desde el migratorio hasta en términos de seguridad y combate al narcotráfico‒ se mantiene.
Ante eso, es crucial desplegar a ambos lados de la frontera una perspectiva antiimperialista e internacionalista, encabezada por las y los trabajadores, e independiente de los distintos gobiernos.
En ese sentido, los socialistas revolucionarios planteamos que son la poderosa clase obrera multiétnica estadounidense -como los maestros, los trabajadores de Amazon, de la salud y los jóvenes protagonistas de protestas durante la pandemia tanto por cuestiones laborales, como de repudio a la violencia racial-, junto a la clase trabajadora mexicana y los demás sectores populares, quienes pueden encabezar la defensa de los derechos de los migrantes empezando por el libre tránsito y plenos derechos para todas y todos, la renacionalización sin pago de todo el sector energético entregado a las transnacionales y el no pago de la deuda externa y el fin de la militarización mandatada por el imperialismo.
Pablo Oprinari
Sociólogo y latinoamericanista (UNAM), coordinador de México en Llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución y coautor de Juventud en las calles. Coordinador de Ideas de Izquierda México, columnista en La Izquierda Diario Mx e integrante del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas.
