FRONTERAS ABIERTAS. Migrantes deportados por el Título 42

El pasado 2 de febrero, con una orden ejecutiva, Joe Biden concluyó que debía abordar las causas de la migración, gestionarla en el territorio de EE. UU. y suministrar un proceso seguro y regulado de los solicitantes de asilo en la frontera, según su comunicado.

Simultáneamente, se mantienen el rechazo y las deportaciones para la mayoría de los migrantes atrapados en la frontera con México al amparo del Título 42 –que data de la administración trumpista, emitido en marzo de 2020– con el pretexto de buscar limitar la propagación de la pandemia, a partir de implementar sistemas de procesamiento de asilo supuestamente más “humanos”.

El Título 42 señala que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, pos sus siglas en inglés) tiene la capacidad para devolver –a través de la frontera e, incluso, por la fuerza– a migrantes que hayan ingresado de forma irregular, sin que se les permita solicitar protección o asilo.

Según estimaciones oficiales, hay 184 mil 423 mexicanos deportados tan sólo en 2020, de los cuales 15 mil personas, entre mexicanos y centroamericanos, fueron expatriados por el punto fronterizo de Chihuahua sin que se les hiciera una prueba por contagio de Covid-19; si tomamos en cuenta que en Ciudad Juárez hay 16 albergues con capacidad para mil personas, no debe extrañarnos que se encuentren sobresaturados manteniendo a las personas en condiciones infrahumanas, apenas con lo necesario para sobrevivir.

Durante la primera conversación telefónica entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, se reveló que el gobierno imperialista se comprometió a destinar 4 mil millones de dólares para impulsar el desarrollo en Honduras, El Salvador y Guatemala.

De esta manera, no sólo México es el país donde más se aplican las deportaciones y se instalan militares en sus fronteras, sino que esta política intervencionista en Centroamérica deslinda al gobierno estadounidense de su responsabilidad, ya que seguirán las deportaciones y se profundizará la subordinación de los países al imperialismo.

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Aunado al hostigamiento y persecución contra los migrantes de los países dependientes como México y Guatemala ante el ordenamiento de la era Trump, seguimos viendo un despliegue importante de fuerzas represivas del Estado en ambas fronteras, así como el padecimiento por pobreza y violencia en países con muchas carencias como Haití, Honduras, El Salvador.

Es el caso de México en la frontera sur y norte, mientras que Guatemala se convirtió en el llamado “tercer país seguro” gracias al acuerdo ACA (Acuerdo de Cooperación de Asilo, firmado en 2019 con el, entonces presidente, Jimmy Morales) mediante el que EE. UU. puede enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a ese país.

Precisó Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que “para ser claros, estas acciones no significan que la frontera de Estados Unidos esté abierta”, sino que buscarán las maneras “adecuadas” de trabajar con los demás países y gestionar la migración en toda la región. Por lo que las medidas prometidas y planes de ayuda a países de Centroamérica puede que tarden mucho más de lo pensado.

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Cabe destacar que las deportaciones han ignorado las medidas previas establecidas para proteger a los migrantes que llegan a la frontera con EE. UU., y que no existe registro de la presencia de personal médico o del sector salud ni de protección civil o de derechos humanos en las caravanas, mostrando que, en realidad, a los gobiernos no les preocupan los infectados. Lo que sí garantizan es la política antimigratoria bajo el Título 42, cuyo contenido sujeta a todas las personas migrantes a ser expulsadas de territorio norteamericano por agentes fronterizos sin previa notificación a los funcionarios mexicanos e impone sanciones a nuestro país en caso de rechazar la entrada de dichos migrantes.

La falta de un protocolo integral para evitar la propagación del virus, además de insumos insuficientes como cubrebocas y caretas, en realidad contribuye a que haya brotes en refugios para migrantes. Por lo que la migración plantea desafíos mayores y particulares que no son considerados ni priorizados en políticas públicas.

Al respecto, reivindicamos nuestra postura sobre la necesidad de crear un movimiento desde la clase obrera, tanto de Latinoamérica como de EE. UU., la juventud, el movimiento de mujeres, los campesinos e indígenas pobres, así como aquellas organizaciones de DDHH que se reivindiquen democráticas, junto a los millones de jóvenes y trabajadores que se movilizaron contra el racismo y la violencia policial para exigir libre tránsito y derechos plenos, como el acceso a la salud en el marco de la pandemia, a todos los migrantes.