La diputada del Parlasur está presa desde enero como parte de una avanzada del gobierno provincial de Jujuy para criminalizar la protesta y continuar con el ajuste.
Miércoles 3 de agosto de 2016 13:32
Se cumplieron 200 días desde la detención escandalosa de Milagro Sala en enero, dirigente de la agrupación Tupac Amaru, y diputada del Parlasur. El reclamo por su libertad se convirtió en tendencia en la red de Twitter, con el hashtag #200días.
La causa inicial por la que se la imputó se quiso pasar como un caso más de corrupción, pero la realidad es que fue a raíz de una acción de protesta, el acampe en Plaza Belgrano ante la negativa de diálogo del gobernador Gerardo Morales. Hecho que sentaba un precedente muy peligroso de criminalización de la protesta social. Dada la ilegalidad de la acusación, tuvo que ser desestimada, por lo que se inició una seguidilla de causas para avanzar en la decisión política de mantenerla presa.
Su detención generó un gran repudio y la solidaridad de organismos como Amnisty Internacional o el mismo Papa, junto con las acciones callejeras exigiendo su liberación. La diputada nacional Myriam Bregman, del PTS/Frente de Izquierda había acusado: "La detención de Sala tiene como objetivo aterrorizar a los trabajadores que salen a luchar contra los miles de despidos que hay en todo el país y a quienes van a luchar para recuperar el salario perdido por la devaluación y la inflación. Por eso hay que luchar por su libertad más allá de que no tengamos nada que ver con su orientación política".
Inmediatamente después de que se cayó la imputación de “instigación a cometer delito y al tumulto” la acusaron de “administración fraudulenta y asociación ilícita”. La secuela continuó con la promoción de acusaciones viejas, como una causa por amenazas a un senador y daños a la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ocurridos en 2009. También, el Poder Judicial avanzó en una nueva imputación por “encubrimiento agravado por favorecimiento personal”en el marco de una causa de 2007. La última, es la levantada por el fiscal Gustavo Araya, que data de octubre de 2014, que se basa en supuestas amenazas que Sala habría efectuado a dos policíasde la Seccional 56 del barrio Alto Comedero.
Jujuy hoy es territorio no solo de presos políticos, sino de una avanzada de la derecha en toda regla. La situación de la diputada del Parlasur se inscribe dentro de una política de este gobierno de la UCR y el Frente Renovador del gobernador decidido a terminar con cualquier reclamo obrero o popular. Como fue el despido de la Secretaría de Agricultura Familiar, Natalia Morales, delegada de los trabajadores de esa dependencia y una de las principales referentes del Frente de Izquierda en la provincia, que tras un mes de lucha se logró su reincorporación. A su vez, rige un nuevo Código Contravencional y que habilita que en los barrios populares la policía tenga rienda suelta para racias y detenciones de la juventud precarizada y olvidada.
Mientras Morales, el poder judicial y el aparato policial se unen para arremeter con despidos, ataques y persecuciones en una provincia que es un laboratorio del ajuste y la criminalización de la protesta, continúa siendo necesaria una gran campaña de denuncia en todo el país y la concreción de medidas de lucha para frenarles la mano.
