Macri, Gerardo Morales y la defensa de una política represiva. El kirchnerismo, la oposición peronista y una mirada puesta en las elecciones de 2017.
Eduardo Castilla X: @castillaeduardo
Martes 6 de diciembre de 2016
Milagro Sala está detenida porque “a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una gran cantidad de delitos”. Quien habla es Mauricio Macri. Presidente de la nación con un margen de menos del 3 % de los votos. En balotaje. Quien, además -según las últimas mediciones- sigue escalando en imagen negativa.
El presidente se inviste a sí mismo como medición de la opinión general. Habla, pomposamente como “la mayoría”. Si los limitantes políticos antes señalados no alcanzaran, agreguemos los sociales. Macri tiene una declaración jurada que lo presenta como poseedor de bienes por más de $ 100 millones. Lejos está de ser parte de la mayoría. Muy lejos. Es una genuina expresión de la minoría capitalista que gobierna el país al servicio de sus propios intereses de clase.
La definición de Macri no hace más que ilustrar lo endeble de los argumentos que permiten la continuidad de la detención de Milagro Sala.
Visitas no gratas
Aprovechando la invitación del Gobierno nacional, el Grupo de Trabajo contra la detención arbitraria de la ONU anunció que vendrá al país, posiblemente en mayo de 2017. Ese anuncio fue acompañado por la declaración de su vocero, de que la visita no implica dejar de lado el reclamo por la “liberación inmediata” de Milagro Sala.
El precedente histórico de la CIDH, visitando el país durante la última dictadura, saltó a la memoria de manera inmediata. Las situaciones no son comparables, aclaremos. Pero pone en evidencia que la detención de la dirigente de la Tupac se convirtió ya en un problema político para el Gobierno de Macri.
Lo que aparece cuestionado es el discurso republicano y de “respeto a las instituciones” del propio macrismo. Ayer el Gobierno retrucó a la CIDH que no hubiera pronunciamientos sobre la detención en Venezuela de Leopoldo López. El argumento no le resulta favorable. Ubica a Cambiemos en el mismo lugar de la “dictadura” que acusa existe en ese país.
El pedido de estas instituciones internacionales se acopla sobre la exigencia que vienen haciendo, desde el inicio mismo de la detención, organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones sociales, el kirchnerismo y el Frente de Izquierda, entre otras fuerzas a nivel nacional. El domingo mismo, Myriam Bregman, diputada nacional (MC) del PTS-Frente de Izquierda, criticó que “aparentemente, Macri ha realizado una consulta popular que reemplaza las garantías constitucionales que le son negadas a Sala. Con nuestras diferencias políticas con Milagro Sala, hemos apoyado la causa por su libertad inmediata”.
Los cuestionamientos internacionales hicieron que hasta el Frente Renovador se sumara a las críticas al Gobierno. Lo hizo, como no podía ser de otra manera, sosteniendo que Sala debe continuar detenida.
Más información: Milagro Sala: el Frente Renovador apoya la política represiva de Cambiemos
Jujuy: capital nacional de la represión
La detención de Milagro Sala es imposible de explicar por fuera de la persecución política. Los hechos indican –claramente- que fue encarcelada por la protesta que se realizaba en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. La detención ocurrió a modo de represalia, por ser parte de la oposición al naciente Gobierno de Gerardo Morales y su vice del Frente Renovador, Carlos Haquim.
Como se vería inmediatamente después, esta política represiva se extendió a diversos ámbitos de la provincia. Un informe de diputados nacionales, legisladores de provincias y organismos de derechos humanos, puso en evidencia que definir a Jujuy como “capital nacional de la represión y la impunidad” no constituía exageración alguna.
Desorden en Cambiemos
Este domingo, el periodista Joaquín Morales Solá afirmó que el Gobierno nacional pediría a la Justicia de Jujuy la inmediata libertad de Sala. La versión suena difícil de creer, dado que el día anterior Macri volvió a justificar la detención.
Sin embargo, si esa intención existiere, tiene frente a sí la política desplegada por el régimen jujeño. Este fin de semana se conocieron dos nuevos fallos de parte del Supremo Tribunal de Justicia. Ambos rechazan pedidos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de Milagro Sala. Para despejar cualquier atisbo de duda, este lunes fue el mismo ministro de Justicia de la provincia el que ratificó la política represiva.
Para el Gobierno de Morales, que ha desplegado una copiosa campaña para justificar la detención, retroceder no podría aparecer más que como una derrota abierta. Por lo pronto, el gobernador despliega -a través de las redes sociales- una retórica de diálogo e inclusión que no se corresponde con la realidad ni por asomo.
Dialogamos con las comunidades aborígenes para ratificar la política de un Estado Multicultural. https://t.co/jl4HSD5ymy pic.twitter.com/pzftEBkKeV
— Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) 3 de diciembre de 2016
Una apuesta kirchnerista
También este domingo, pero desde Página/12, fue Edgardo Mocca quien señaló que “la prisión de Milagro Sala se ha ido convirtiendo en un caso testigo. Un caso, además, que podría ir mutando de bandera de un amplio frente social a la condición de un punto clave del reagrupamiento político en el país”. En lo que podría aparecer como adhesión a la opinión del columnista, la expresidenta Cristina Fernández difundió esa nota por las redes sociales.
Apenas ocurrida, la detención de Milagro Sala fue tomada como una bandera por parte del kirchnerismo y los llamados movimientos sociales. Estos, por aquellos meses, todavía se ubicaban dentro del "proyecto nacional y popular". Luego vendrían los recurrentes pedidos de "autocrítica".
El encarcelamiento de la dirigente de la Tupac disparó movilizaciones importantes y acampes en Plaza de Mayo y otros lugares del país. En pocos meses, la demanda de la detención paso a ser más bien declamativa y reducida a algunas fracciones de esa coalición política. Un dato no menor es que la “nueva” conducción del FpV-PJ, con Gioja y Scioli a la cabeza, se constituyó haciendo un silencio de radio sobre el encarcelamiento.
Ahora, el kirchnerismo parece proponerse utilizar el costo político que paga el Gobierno para articular la oposición peronista. Se trata del mismo discurso que CFK desplegó por primera vez en los tribunales de Comodoro Py, en el ya lejano mes de abril, cuando incluso pidió la indulgencia para los “traidores” como Diego Bossio. Se trata, en esencia, de apostar a "construir" la oposición peronista, en el camino del 2017 electoral.
Esa intención tiene un techo marcado por las tirantes negociaciones que -en diversos niveles y con intereses diferenciados- sostienen fracciones del peronismo con el oficialismo nacional. Gobernadores y legisladores que apuestan al toma y daca, en función de los recursos necesarios; dirigentes sindicales burocráticos que garantizan la paz social a costa de fondos millonarios; los llamados movimientos sociales que también ingresaron en el terreno de la tregua mientras negocian la Emergencia Social.
Más información: Racismo de clase, “retiro espiritual” y una tregua de verano
Allí radican las ventajas que le garantizan a Macri un fin de año con cierta calma, más allá de las "amenazas en Facebook" que preocupen a cierta ministra de apellido oligárquico.
La inacción de las conducciones sindicales y la moderación en las calles de las organizaciones sociales y el kirchnerismo permiten explicar, en parte, que Macri pueda sostener la arbitraria detención de Milagro Sala desde hace más de 10 meses.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.
