La indagatoria que Isidoro Cruz iba a tomarle a la referente de la Tupac Amaru fue postergada a raíz de una recusación y otro pedido que presentó la defensa.
Lunes 23 de abril de 2018 13:43
La indagatoria que el juez de control jujeño Isidoro Cruz tenía previsto tomar hoy a la detenida Milagro Sala fue postergada. El abogado de la referente de la Tupac Amaru recusó al juez por considerar que "integra una asociación civil que recibe subsidios" del Gobierno de la provincia de Jujuy y reclamó acceso "a una prueba reservada que está en caja fuerte" para poder ejercer la defensa de la imputada.
“Era imposible que pudiera ejercer su derecho de defensa en forma correcta y el juez ha decidido suspender el acto porque Milagro le requirió que le muestre la prueba reservada”, declaró Luis Paz.
El juez Cruz rechazó la recusación. Además aseguró que la Cámara de Apelaciones deberá resolver la cuestión, “pero eso no impide que sigamos con la investigación”.
Sala recusó al juez Cruz y, como parte de su fundamento, presentó un artículo publicado en un diario local en febrero de 2017 que asegura que el magistrado “es promotor de una asociación civil cuya personería jurídica fue otorgada por el Gobierno de la provincia a poco de haber iniciado esta causa”. Además aseguró que el magistrado “recibe fondos de Freddy Morales (actual Secretario General de la Gobernación, hermano del gobernador Gerardo Morales) y con eso lo oxigena”.
“Para Sala, el juez no tiene la capacidad para enjuiciarla o investigarla porque es beneficiario con plata del gobierno. Entiende que no hay igualdad de parte”, explicó el abogado defensor.
Recordemos que Sala fue detenida a poco de iniciarse el gobierno de Cambiemos en la provincia, tras un acampe frente a Casa de Gobierno. Además es investigada por el Poder Judicial en otras causas. En la que debía declarar hoy, el juez Cruz investiga la supuesta vinculación de los ex funcionarios con las operatorias por las cuales se destinaban fondos a las cooperativas de trabajo de la Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales, de las cuales el gobierno jujeño denunció un desvío de recursos.
