LA PESADA HERENCIA. Milani (o la imposibilidad de reconciliarse con los genocidas)

La detención, inesperada para muchos, el último viernes en La Rioja del general retirado César Milani se convirtió en arena de disputas políticas, con muchos elementos de balance sobre lo sucedido en los últimos años y no pocos oportunismos de por medio.

El tópico central de la discusión está marcado por el sostenimiento del militar, y su encumbramiento al cargo más alto en el Ejército, por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner durante años, pese a las múltiples denuncias que se sucedían sobre el pasado represor de Milani en el marco del genocidio perpetrado en Argentina entre 1976 y 1983.

Obviamente, que funcionarios, intelectuales y voceros del actual Poder Ejecutivo hagan declaraciones de aval a la detención de Milani resulta patético. Máxime cuando desde las mismas usinas oficialistas se viene batallando por imponer una revisión histórica sobre los hechos ocurridos durante la dictadura cívico-militar, al punto de negar que fue un genocidio y que los desaparecidos no fueron los que fueron, tanto numérica como sociológica y políticamente.

Pero el debate no se reduce, por cierto (y por suerte), a lo que puedan decir o dejar de decir los miembros de ambos gobiernos. Lo más importante de la discusión pasa por otro lado. Precisamente por el lado que ni macristas ni kirchneristas están interesados en debatir.

¿Qué significó, histórica y políticamente, el empecinamiento del Frente para la Victoria en bancar hasta donde se pudo al genocida César Milani?

La respuesta puede admitir varias aristas, pero lo seguro es que el sostenimiento de Milani por parte de funcionarios, voceros y aliados del kirchnerismo buscaba demostrar que “otras fuerzas armadas” eran posibles y que era ya tiempo de reconciliarlas con la población.

Un militar que durante la dictadura era “un mero y joven subteniente”, que no tenía (al menos eso dijeron) denuncias en su contra de parte de víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado y que, encima, abrazaba “la causa” de los derechos humanos al punto que se sentaba a tomar mates con Hebe de Bonafini, era cuanto menos un aliado óptimo para el proyecto “nacional y popular”.

Y así se escribió, se dijo y se firmó. Incluso desde organismos de derechos humanos históricos y desde oficinas que se decían comprometidas con la memoria, la verdad y la justicia. Y así se lo sostuvo por más de dos años al frente del Ejército, aplaudiéndole los discursos en las cenas de camaradería del Ejército, rodeado de otros generales tan “inocentes” y “comprometidos” como él.

Eso sí, nunca jamás se demostró desde el Gobierno kirchnerista siquiera la existencia de atisbos de inocencia de Milani. No se demostró que Milani no secuestró a nadie. No se certificó que Milani no era parte del manejo operacional del centro clandestino de detención ubicado en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141 de La Rioja. No se descubrió cuál fue el destino real del soldado Alberto Ledo ni quiénes fueron sus desaparecedores. Y mucho menos se desclasificaron los archivos que tiene en poder el Estado para demostrar que Milani no cumplió ninguna función concreta durante la ejecución del plan sistemático de exterminio de obreros, estudiantes, intelectuales, profesionales y hasta conscriptos díscolos encarado por las juntas militares, las cúpulas empresarias y la jerarquía eclesiástica.

Por otro lado, no se pudo desmentir que Milani figuraba en el listado de personal civil del Batallón 601 del Ejército. Y mucho menos que cumplió órdenes de los temibles Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, este último capo del III Cuerpo del Ejército y quien más condenas ha cosechado en juicios a genocidas.

Lo que sí hubo, más allá de los discursos de ocasión, fue la exigencia a las propias víctimas y familiares para que demuestren con pruebas contundentes (y si es posible con la documentación precisa) que Milani secuestró, detuvo y torturó física y psicológicamente a personas que eran perseguidas por la maquinaria genocida. Y eso llegaron a exigirlo algunos que durante años se habían ubicado del lado de las víctimas. Ni más ni menos.

Mientras todo eso sucedía, el área de inteligencia del Ejército (comandada por Milani) recibía presupuestos cada vez más abultados para contrarrestar las operaciones de la cueva de Jaime Stiuso. A su vez desde la Casa Rosada se fomentaba la idea de “recuperar” un supuesto Ejército sanmartiniano. Y, claro, se combatía la perorata clarinista blandiendo la acusación (muy cierta) de la complicidad de Noble y Magnetto con Videla y Massera.

Pero también, mientras Milani gozaba de los más caros favores oficiales, los juicios por delitos de lesa humanidad seguían avanzando por pura perseverancia de ex detenidos desaparecidos, de familiares y de organismos de derechos humanos, aportando los testimonios contundentes que llevaron a la cárcel a centenares de genocidas. Una perseverancia que tuvo también sus costos, como la desaparición de Jorge Julio López, a cuyos captores el mismo Estado que bancaba a Milani encubre hasta el día de hoy.

Y encima muchos de esos ex detenidos desaparecidos, de esos familiares y de esos organismos de derechos humanos debían soportar la acusación de “hacerle el juego a la derecha” por denunciar el doble discurso y las maniobras reconciliadoras del kirchnerismo.

Otra vez: ¿qué significó, histórica y políticamente, el empecinamiento del Frente para la Victoria en bancar hasta donde se pudo al genocida César Milani?

Aunque a más de uno le desagrade leerlo, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no “bancó” solamente a Milani. Porque el militar ahora detenido es parte de un plantel de miles de uniformados que participaron del genocidio y siguieron en funciones durante décadas, hasta hoy. Se trata de más de 3.000 miembros del Ejército, de unos 1.200 miembros de la Armada y de unos 2.300 miembros de la Fuerza Aérea. Y a esos números hay que sumar los miles de policías federales y provinciales, gendarmes, prefectos y miembros de los servicios penitenciarios heredados del nefasto Proceso de Reorganización Nacional.

Varios de esos sexagenarios uniformados posaron en las fotos de las cenas de camaradería y actos protocolares que encabezaron tanto Cristina como sus respectivos ministros de Defensa Nilda Garré y Agustín Rossi.

Si el gobierno de Mauricio Macri, sus voceros en la materia como Juan José Gómez Centurión y Darío Lopérfido y sus aliados comunicacionales como el diario La Nación y los revisionistas de Intratables hoy pueden darse el lujo de poner en duda que fueron 30 mil los desaparecidos, o decir que Argentina vivió una “guerra sucia” luego de estar al borde de la desintegración por el accionar de la “subversión armada”, o asegurar que en el derrotero de la historia hoy se cuentan víctimas de “ambos lados”; no se trata de una casualidad indeseada.

Se trata de que a lo largo de los años quienes manejaron el Estado se preocuparon mucho más por recomponer y represtigiar a las fuerzas armadas, ejecutoras del genocidio, que por encarar un profundo proceso de verdad y justicia en el que todos los culpables fueran presos y se supiera qué pasó con todas las víctimas, incluyendo los 400 jóvenes que llevan cuatro décadas apropiados.

Se trata de que pactaron con esas mismas fuerzas el encarcelamiento de un puñado de viejos escrachados a cambio de la preservación de estructuras, privilegios y funciones. Y nadie preserva aquello que no pretende volver a utilizar.

Como se dijo muchas veces en este sitio, el kirchnerismo fue una experiencia compleja, llena de matices, pero con un objetivo claro: garantizar los negocios de las clases dominantes nacionales y multinacionales, desviando para ello la enorme energía popular cuestionadora surgida de las entrañas de diciembre de 2001. Para eso, claro, debía revestirse de un ropaje distinto al de sus predecesores. Y la “defensa de los derechos humanos” le cayó a la perfección.

Pero una cosa era el ropaje y otra muy distinta la necesidad estratégica de mantener las instituciones estatales garantes, en última instancia, de la dominación por parte de una minoría sobre las mayorías trabajadoras. Y eso, el peronismo kirchnerista nunca lo perdió de vista.

¿Hay una relación entre el “aguante” kirchnerista a Milani de ayer y el negacionismo macrista del genocidio de hoy? Indudablemente sí. La usurpación desde el Estado de banderas históricas para tapar con ellas los negocios de la misma clase que propició el genocidio no podía menos que dejar un tendal de medias verdades. Las mismas que terminarían siendo fácilmente desechadas por los nuevos inquilinos de la Casa Rosada. Sostener a Milani, a pesar de las denuncias en su contra, ayudó a despejar el camino para el surgimiento del negacionismo que hoy enarbola la derecha y parte del gobierno de Cambiemos.

Hoy Milani está detenido en La Rioja por la perseverancia de las víctimas, de los familiares y de los organismos de derechos humanos. No por investigaciones a fondo ni compromisos consecuentes con la verdad y la justicia de parte de las corporaciones judiciales. Mucho menos por las acciones de un Gobierno negacionista.

Sacando su socio Guillermo Moreno, al genocida “nac&pop” ya casi nadie lo defiende. Pero bien valió la pena, pensarán algunos, haberlo bancado durante años. Y con él, a miles de uniformados prestos a seguir defendiendo los intereses de los que mandan.

Cuando se acerca un nuevo aniversario del golpe genocida, el debate sobre lo que significó el “aguante” kirchnerista a Milani abre otros debates en los organismos de derechos humanos y en la izquierda. Sobre todo, cuando se trata de salir a las calles por Memoria, Verdad y Justicia, exigiendo el juicio y castigo a todos, absolutamente todos, los genocidas y por nuestros 30 mil compañeros detenidos desaparecidos.